A pocos días de que se ponga en práctica el operativo “Aprender 2016”, que va en la línea de las políticas aplicadas en Chile, Ecuador y México, los titulares de los diarios dieron cuenta de que 14 millones de argentinos están por debajo de la línea de pobreza. Entre ellos, una parte sustancial de la clase obrera ocupada y casi la mitad de los docentes de este país. El cuadro se completa con el hecho de que la mitad de los niños y adolescentes de la Argentina son pobres

 

El gobierno nacional anunció el plan de evaluación “Aprender 2016” para el 18 y 19 de octubre, en todo el país, destinado a estudiantes. La línea del gobierno es  establecer dispositivos estandarizados que arrojen calificaciones de escuelas, estudiantes y docentes, desligados por completo de las condiciones sociales de los alumnos y el cuadro de destrucción de las escuelas.  

Los Macri-Bullrich y los Kichner-Sileoni que han agredido las condiciones económico-sociales de los trabajadores y sus familias y han derruido la educación  pública en los últimos 20 años, pretenden poner en el banquillo de los acusados a estudiantes, padres y docentes, y responsabilizarlos del derrumbe educativo.

 

 

En junio de 2016, el Ministerio de Educación Nacional, a través de un detalladísimo trabajo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, dejó sentado negro sobre blanco en qué consiste la “calidad educativa”. El informe se titula “Demanda de capacidades 2020, Análisis de la demanda de capacidades laborales en la Argentina”, y pretende ser la piedra basal para elaborar “la oferta educativa de la Argentina en el próximo quinquenio” (Informe INET).  

 

Se trata de un minucioso relevamiento entre las principales 700 empresas del país, acerca de cuáles son las demandas capitalistas en conocimientos y habilidades técnicas para su mano de obra. El desafío sería “mejorar la disponibilidad y calidad del capital humano para alcanzar el salto de productividad que requieren las empresas para ser competitivas”. Mayor disponibilidad de mano de obra que el capitalista utilizará, o no, cuando lo considere necesario. No más empleo.

 

El objetivo es degradar a la escuela para convertirla en centros de formación laboral, que dicten trayectos profesionalizantes, lo que descarta la necesidad de docentes de “calidad”. Como declaró la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, “tenemos el desafío de desarrollar en nuestros alumnos habilidades, aptitudes, para lo cual estamos pensando en un modelo de formación docente basado en aptitudes” (Clarín, 10/9). 

 

 

Este operativo también busca instaurar un ranking de escuelas, que percibirán recursos de acuerdo a los resultados evaluativos de los alumnos, además del salario por mérito para los maestros y profesores. 

 

El Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, se inspira en la reforma educativa del presidente “nac&pop” de Ecuador, Rafael Correa, que estableció, además, el examen de ingreso y de permanencia para la docencia, es decir, la eliminación del estatuto del docente. 

 

La burocracia sindical docente, especialmente la de Ctera, está a favor de la evaluación antieducativa, uno de los ejes estratégicos de la Ley de Educación Nacional kirchnerista. Solo critica la prueba actual porque no es parte de su aplicación. Ella misma es parte del problema, porque tiene centenares de centros de formación profesional que funcionan financiados por el gobierno nacional y los gobernadores provinciales. 

 

Bullrich dijo que “los gremios no fijan políticas educativas” (El Día, 1/10), no por la oposición  de la burocracia sindical, sino por el rechazo de la base docente de todo el país a este operativo. Todos los gobernadores del Frente para la Victoria, mentores de la burocracia docente de la Celeste, han suscripto a los objetivos “neoliberales” en educación del macrismo, en la llamada “Declaración de Purmamarca” a comienzos de este año.

 

 

Macri-Bullrich van por el camino del mexicano Peña Nieto, asesino de estudiantes y de docentes, que enfrenta una intensa lucha contra la reforma antieducativa de ese país.

Los Sutebas Multicolores, Amsafe-Rosario, Ademys, Adosac,  y el conjunto de los sectores antiburocráticos de la docencia, han salido a una multitudinaria campaña por el rechazo a este operativo antieducativo. Exigen a Ctera la convocatoria a un paro para el 18 y 19 de octubre. En forma masiva, escuelas enteras se están sumando al boicot de este operativo. También se van sumando muchos Centros de Estudiantes secundarios. 

 

Llamamos al conjunto de la docencia, a los trabajadores y estudiantes secundarios y universitarios, al conjunto de la población y sus organizaciones, a quebrar esta nueva reforma anti educativa.