01/04/2021

La evolución de la pobreza, el retrato de un régimen que hambrea al pueblo

A propósito de las últimas cifras del Indec.

Ante las nuevas cifras del Indec, que señalan un índice de pobreza del 42%, el gobierno buscó desligarse de su responsabilidad en el asunto atribuyendo la causa del problema a los empresarios intransigentes, a la pandemia y a la crisis heredada del macrismo. Todo eso es cierto pero, además, es innegable que las políticas oficiales contribuyen al aumento de pobreza. En definitiva, se trata de un régimen social en su conjunto, al cual tributan los sucesivos gobiernos, que empobrece cada vez más a la población. Esto no fue solo la política de la dictadura militar, esta orientación persistió a través de los distintos gobiernos constitucionales hasta la actualidad. El hilo conductor ha sido la clase social al mando del poder político en el transcurso de nuestra historia: la clase capitalista, que ha buscado descargar su propia crisis sobre las espaldas del pueblo.

Dictadura militar de 1976

La dictadura del 76 logró imponer a sangre y fuego un retroceso en las conquistas que había alcanzado la clase trabajadora a través de sus luchas: los convenios colectivos de trabajo fueron disueltos, se suprimió el derecho a huelga y los sindicatos fueron intervenidos.

Los empresarios salieron ampliamente beneficiados de este genocidio, teniendo en cuenta que se desvalorizaron abruptamente los salarios (el poder adquisitivo de los trabajadores cayó en un 40%), proliferaron los negociados con el Estado y, por otra parte, se contrajo un endeudamiento monstruoso que septuplicó la deuda que existía hasta el momento. Como corolario, se estatizaron los préstamos que asumieron privados, convirtiendo a la deuda externa argentina en una hipoteca impagable que implica hasta el día de hoy un ancla para el desarrollo nacional y una fuente de permanentes saqueos, crisis y empobrecimiento. Vale aclarar, que ningún gobierno posterior se dignó a desconocer estos montos siderales, a sabiendas de su oscura procedencia.

El índice de pobreza durante la dictadura trepó 20 puntos, alcanzando el 25%. Hasta el momento, ninguna gestión presidencial logró bajar de ese piso.

Gobierno de Alfonsín

Raúl Alfonsín asumió la voluntad de pago del total de la deuda externa fraudulenta (que abarcaba el 70% del PBI), premiando así a los empresarios que la habían contraído. Su agenda en materia económica fracasó rotundamente. No logró renegociar la deuda impagable, naufragaron los planes de «estabilización» -tanto el Austral como el Primavera- y, de esta forma, se desató una hiperinflación del 3.079% en un año, pulverizando los ingresos de los trabajadores.

La crisis escaló a tal punto, que tuvo que entregar antes de tiempo el mando presidencial, dejando un saldo de pobreza del 38%, socavando su frase iniciática de que con la «democracia se come, se cura y se educa».

Las presidencias de Menem

En 1989 asumió Carlos Menem, quien fue protagonista de un compendio de reformas y ataques a fondo hacia los trabajadores. Si bien la pobreza en los primeros años descendió al 26% a causa de un repunte económico, terminó su gestión con un 38,8% de pobres nuevamente.

Con la anuencia de las burocracias sindicales, privatizó los ferrocarriles, telefónicas, YPF, Aerolíneas Argentinas, las empresas de servicios públicos y canales de televisión, lo que dio lugar a un reguero de despidos. Además, hundió a los jubilados privatizando también los fondos previsionales.

Menem estableció la convertibilidad del peso al dólar y procedió a endeudarse con el FMI, como medio de repago de la deuda externa, lo que llevó a que la misma aumentara en un 50%. Todas estas medidas antiobreras produjeron que la desocupación pasara de un 7% a un 15%, lo que significó más de dos millones de personas sin trabajo, muchas de las cuales comenzarían a organizarse en el naciente movimiento piquetero.

De la Rúa y Duhalde: más ajuste y represión

Aquí se produjo un enorme salto en los niveles de pobreza. Fernando De la Rúa no modificó un ápice los ejes económicos de su predecesor, provocando que en el año 2001 se produjera un estallido social conocido como el Argentinazo. La postura del gobierno fue reprimir la rebelión popular de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, asesinando a 39 luchadores.  Los acontecimientos llevaron a que De la Rúa huyera en helicóptero, con la responsabilidad a cuestas de que el 46% de los argentinos estuviera inmerso en la pobreza para aquel entonces.

Eduardo Duhalde, por su parte, a fin de contener el ascenso popular en curso, otorgó dos millones de planes sociales; y como con esto no logró frenar al movimiento piquetero independiente, organizó la «Masacre de Avellaneda» donde la Policía Bonaerense mató a Kosteki y Santillán en el medio de una represión brutal contra el piquete de Puente Pueyrredón. Luego de este episodio, Duhalde tuvo que adelantar las elecciones; para ese entonces, la pobreza había escalado al 62%, en un escenario sacudido por la megadevaluación.

La década kirchnerista y el macrismo

Néstor Kirchner asumió con dos objetivos estratégicos, por un lado, reconstruir a la burguesía nacional asediada por una ola de quiebras producto de la enorme crisis; y, por otro, canalizar la rebelión popular. Esta tarea fue acompañada por un contexto internacional favorable, donde los precios de las materias primas estaban en alza; lo que junto a la utilización de un mayor porcentaje de la capacidad instalada de la industria -la cual había mermado como resultado de la recesión-  dio lugar a un reverdecer económico, viéndose reducidas las cifras de pobreza al 26%.

Sin embargo, este rebrote económico no fue utilizado como un puntal para universalizar condiciones laborales bajo convenio y con todas las prestaciones sociales. Por el contrario, primaban los salarios desvalorizados fruto de la devaluación, se mantuvo un 50% de la fuerza laboral realizando tareas en negro y proliferaron los trabajos precarios, de modo que las grandes beneficiadas de este período fueron las patronales. Nuevamente, la burocracia sindical fue cómplice de estos atropellos y, en muchos casos, los sindicalistas usufructuaban con el fraude laboral siendo ellos mismos los dueños de empresas que tercerizaban mano de obra. Esta alianza entre el gobierno, los empresarios y los burócratas de los gremios condujo al crimen del compañero Mariano Ferreyra, a manos de una patota de la Unión Ferroviaria, mientras luchaba por el pase a planta de los trabajadores del ferrocarril.

El rescate de la deuda externa usuraria y fraudulenta fue uno de los pilares de los gobiernos kirchneristas. Tal es así, que bajo las gestiones de Néstor y Cristina se pagaron 200.000 millones de dólares al capital financiero, con dinero proveniente de fondos públicos, vaciando de esta forma, las cajas de la Anses y del Banco Central. No obstante, el carácter impagable de la deuda quedó reflejado en que luego de 12 años de gobierno y del pago «serial», la hipoteca del país se incrementó.

Finalmente, la sangría de recursos que significó el pago de la deuda trajo aparejado que los dólares que ingresaban al país a partir del «ciclo internacional favorable» no fuesen dirigidos a una industrialización nacional, ni a darle una solución de fondo a la crisis habitacional, educativa y sanitaria. Al punto, que una vez que esta tendencia internacional se revirtió, retrocedieron las condiciones de vida de las mayorías, el gobierno procedió a un ajuste por medio de devaluar y aplicar tarifazos, generando que la pobreza aumentara al 30%.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, las cifras de pobreza alcanzaron el 35%,  fruto de devaluaciones, despidos y liberación de tarifas. Por otro lado, el endeudamiento nacional se incrementó en $100 mil millones. Este cuadro dramático deja en claro la impostura de la promesa de campaña macrista en torno a la «pobreza cero».

El capitalismo, una fábrica de pobres

Como hemos visto, no se ha logrado bajar de un piso de pobreza del 26% desde la dictadura a esta parte, acentuándose en las sucesivas crisis, intrínsecas al capitalismo, de las cuales la burguesía busca salir airosa aumentando los ritmos de explotación hacia las mayorías laboriosas; es decir, licuando salarios, despidiendo y flexibilizando. Como las crisis tienden a ser cada vez mayores, el capital sume en la miseria a cada vez más trabajadores.

En Argentina, un país capitalista oprimido por el imperialismo, se ha puesto de manifiesto la incapacidad de la burguesía nacional de sacarlo de su atraso y dar respuesta a las necesidades populares. Las inversiones no se vuelcan a una industrialización del país y la magnitud de la deuda externa usuraria -rescatada por quienes nos gobiernan- impide cualquier desarrollo, agudizando la crisis social.

El arco político patronal, los síndicos del ajuste

El peronismo se ha mostrado incapaz de revertir la estructura social del país. Su discurso en torno a «redistribuir la riqueza» choca de frente con sus ataduras al imperialismo, a partir del pago de la deuda ilegítima y las concesiones permanentes al gran capital, en detrimento de los trabajadores, quienes padecen despidos y bajos salarios mientras escala la inflación. Esta orientación lleva al oficialismo a estar supeditado a las directivas del FMI y descargar un ajuste contra el pueblo. Por otro lado, su prioridad radica en recolectar divisas para rescatar al capital financiero, lo que lo lleva a gobernar para los sectores exportadores como la soja y el fracking, primarizando cada vez más la economía y destruyendo el ambiente. Su horizonte está lejos de bregar por la industrialización del país y, de ese modo, generar empleo. El único medio que tiene el gobierno para evitar un estallido social es incurrir en la asistencia social, que es necesaria para que menos gente muera de hambre, pero insuficiente para revertir el cuadro estrepitoso de pobreza.

Por su parte, los sectores derechistas, integrados por la oposición de Juntos por el Cambio y los «libertarios», sostienen la falacia de que un retroceso en materia de derechos para los trabajadores devendría en una mejora para las patronales y, por lo tanto, apuntalaría la economía en su conjunto. Evidentemente, nada más alejado de la realidad, la precarización laboral, la flexibilización, es decir, la reducción del «costo laboral» que primaron desde la dictadura a nuestros días produjeron exactamente lo contrario. El planteo forma parte de otro discurso de la clase capitalista en función de aumentar sus ganancias a costa de empobrecer a la población.

Más allá de la alternancia entre unos y otros en el gobierno, la clase social beneficiada por las medidas que toman es una sola: la burguesía, perjudicando al grueso de la población.

Una salida de los trabajadores

Frente a un régimen que empobrece y hambrea a las masas década tras década, los trabajadores necesitamos imponer nuestro propio programa, planteando una salida a la crisis a partir de una reorganización social que priorice las necesidades sociales, y no las ganancias de los empresarios y saqueadores.

Estamos hablando de exigir un seguro al desocupado de $58.000; un salario mínimo igual al costo de vida; paritarias libres actualizadas por la inflación; un control de precios a partir de la apertura de los libros de la cadena comercial; la prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; el 82% móvil para los jubilados; la abolición del impuesto al salario; acceso a la vivienda para todos; triplicación del presupuesto de salud y de educación.

A su vez, planteamos la necesidad de romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria, para que el ahorro nacional esté al servicio de las mayorías. Esto implica una nacionalización bajo control obrero de las palancas de la economía como son la banca, el comercio exterior y la industria energética. Es la transformación de fondo que requiere poner fin a la pobreza en Argentina.

Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que nos gobernaron en las últimas décadas.

 

                           

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