Transcurridas 24 horas de la difusión de la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las condiciones de detención de Milagro Sala, el gobierno de Gerardo Morales “avaló” la resolución, cuyo cumplimiento, recordó, “es de carácter obligatorio”.

 

La resolución indica que el Estado argentino debe adoptar “medidas alternativas a la detención preventiva”, como concederle la detención domiciliaria o la libertad vigilada por medios electrónicos. La resolución se apoya también en lo actuado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que anteriormente había visitado Jujuy y fallado favorablemente a la excarcelación de Sala.

 

Milagro Sala lleva detenida más de un año y medio sin sentencia firme. Hasta ahora, el gobierno provincial había tensado la cuerda hasta el extremo para justificar su detención arbitraria.

 

La CIDH ofreció una salida “decorosa” al gobierno de Morales para aliviar la creciente presión internacional de la dirigente de la Tupac Amaru, toda vez que el organismo no se pronuncia sobre el carácter de la detención sino sobre el “riesgo de vida” que corre dentro de prisión. “El hostigamiento por exceso de vigilancia, procesos disciplinarios, multitud de procesos judiciales, le han ido creando un cuadro de agobio que atañe su integridad psíquica, moral, y eso le genera un cuadro peligroso para su vida y su integridad”, reza la resolución. De ello se vale el gobierno jujeño para afirmar que la CIDH “convalida la actuación de la justicia provincial con relación a la prisión preventiva”. En el mismo sentido, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, subrayó que así como la resolución de la CIDH es vinculante, la decisión corresponde al poder judicial de la provincia y, aclaró, “no es un cese de detención, sino analizar alternativas de detención” (El Destape, 28/07).

 

Régimen de excepción

 

El gobierno de Morales ha basado su gobierno sobre la base de intentar aplicar una fuerte regimentación de los trabajadores y de sus organizaciones. Se ha valido, para ello, de la detención de Sala a raíz de un acampe contra el recorte planes sociales y fondos administrados por su organización apenas asumió, acusándola de “instigación al tumulto”.

 

En un fallo aberrante, la justicia jujeño otorgó a Sala la excarcelación por esas primeras imputaciones, pero prolongó su detención por otras causas, iniciadas con posterioridad, por desvío de fondos públicos. La detención de Sala está viciada de origen.

 

Sin embargo, las causas sobre el desfalco de los fondos asignados para la realización de obras están paralizadas desde principios de año. Ocurre que involucran a buena parte del staff político y empresario de la provincia, que fue cómplice de los enjuagues de Sala. Como ocurrió recientemente con el intento de expulsión de De Vido de la Cámara de Diputados, el gobierno se vale de los extremos más desprestigiados y corrompidos de los K para avanzar en un régimen de excepción apuntado contra el movimiento obrero y los luchadores.

 

Desde el Partido Obrero denunciamos desde un inicio la detención de Milagro Sala como un intento de regimentar la protesta de todos los trabajadores, en un cuadro de ajuste brutal. Es necesario reforzar la campaña política en la provincia en defensa de las organizaciones sindicales y sociales en la lucha contra el ajuste, por la derogación del código contravencional, usado para atacar a los trabajadores, contra las persecuciones políticas y sindicales, como la están recibiendo los obreros de los ingenios azucareros de Ledesma y La Esperanza en estos momentos.