La «excepción» siempre es regla

En una ciudad y un régimen político que no admite ‘excepciones’ para desalojados, deudores de cuotas de viviendas populares o de servicios públicos, una verdadera ‘movilización’ de solicitadas pagas se ha desatado a favor de una: se trata de la que reclama el empresario Eduardo Constantini para la instalación de un museo de arte latinoamericano en la zona de Palermo Chico. Como el museo supera la altura permitida por el código urbano en esa área, es necesaria una ley especial que ‘exceptúe’ al museo.

Ese proyecto de ley ‘duerme’ en la Legislatura desde hace un año. Pero mientras tanto, Constantini no ha perdido el tiempo: el Gobierno de la Ciudad, en sigilo, ha dictado ordenanzas que han permitido el inicio de las obras. La Legislatura, entonces, discutirá la ‘excepción’ con los hechos consumados, es decir, con el edificio a medio construir. La Nación sugiere «que el hecho de que su pedido surja ahora, cuando los trabajos están tan avanzados, puede ser interpretado como una indebida presión» (editorial del 16/9). La diplomacia del diario para calificar esta extorsión se debe, naturalmente, a que el promotor del museo es «gente como uno»: Eduardo Constantini integra la oligarquía financiera del Consejo Empresario Argentino y perteneció al directorio del Banco Francés, antes de su venta al capital extranjero. Pero este es el proceso conspirativo que caracteriza a todas las «excepciones» inmobiliarias que, en la Ciudad, han favorecido al gran capital. Para que la obra del museo comenzara, comprometiendo recursos y préstamos bancarios, debían existir poderosas «seguridades jurídicas» por parte de la Ciudad, en el sentido de que la «excepción» sería otorgada. Como ocurre con el Senado en el orden nacional, las instituciones representativas son vaciadas de todo contenido bajo el peso de los ‘lobbies’ del gran capital.

El museo y la «cultura»

Pero en este caso, ¿cuál es el interés empresario, si se trata en definitiva de «una obra de interés cultural»? La construcción del museo no implica, naturalmente, la cesión de sus obras al patrimonio público, ni menos la del predio en construcción. Será un museo privado, y seguramente arancelado. Constantini tramita también la constitución de una «fundación del museo»: es decir, el marco jurídico para recibir «donaciones» del capital privado. Semejante proyecto no es ajeno a la «ley de mecenazgo cultural» actualmente en discusión, donde se coloca a la creación y difusión cultural bajo padrinazgo capitalista y, principalmente, se crean las condiciones para fabulosas desgravaciones impositivas cuando las empresas apliquen ganancias al sostenimiento de «fundaciones culturales».

La «excepción» ruidosamente reclamada por Constantini no es en aras de la cultura, sino de lo que Ibarra, en su discurso de asunción como Jefe de Gobierno, llamó la «industria de la cultura». Es decir, el usufructo de los artistas y sus obras a favor de los negociados ‘privados’.