La Legislatura de Santa Cruz aprobó, por amplia mayoría, la expropiación de la planta de la pesquera Barillari, radicada en Caleta Olivia. Hace casi un año, la patronal de Barillari se declaró en convocatoria de acreedores y dejó de pagar los salarios a sus trabajadores. Junto a unos cuarenta efectivos, la planta cuenta con unos 400 compañeros fileteros, peones y envasadoras, encuadrados en dos “cooperativas” que armó Barilari para violar las leyes laborales.

Durante más de una década, el gobierno toleró el fraude laboral de Barillari, aportante puntual de todas las campañas electorales K. Si el kirchnerismo ha “descubierto” ahora las maniobras de esta empresa, es con el único efecto de entregarle el negocio a un nuevo patrón.

La ley aprobada deja en manos del Poder Ejecutivo todos los aspectos prácticos del pago de la expropiación y de la ulterior actividad de la empresa expropiada. Tampoco dice a quién le sería entregada la planta para su gestión, en caso de ser expropiada. La ley no prevé ningún recurso económico para la reactivación de la planta o para sostener una gestión obrera.

En esas condiciones, las trabajadores quedarían librados a la suerte de un nuevo “tercerizador”, algo que, por otra parte, ya viene ocurriendo durante este último año. En efecto: las cooperativas están procesando pescado a cuenta de la “flota amarilla”. Así se denominan a las flotas relativamente pequeñas que salen a pescar y regresan en el día. En su mayor parte, esa producción llega al mercado con la intermediación de un empresario -Jones- que está ligado al gobierno K. Se trata de un clásico tercerizador, que funda sus beneficios en la total precarización de los obreros del pescado.

El FUT-Partido Obrero fue el primero en plantear la expropiación de Barilari, en diciembre del año pasado. Recientemente, presentamos un proyecto de estatización de la planta bajo gestión obrera, asegurando una relación laboral con convenio para todos sus trabajadores. Planteamos también que la empresa bajo gestión obrera fuera considerada compradora privilegiada de materia prima de la flota amarilla, para asegurar su funcionamiento a plena capacidad y ocupación. Junto a ello, el proyecto planteaba la investigación del patrimonio del grupo Barillari, la incautación de bienes y recursos equivalente a los fraudes laborales e impositivos cometidos en los últimos veinte años para, sobre esta base, constituir un fondo que asegure la inmediata reactivación de la planta.

El proyecto del FUT-PO tuvo una amplia difusión en los medios de la provincia. Incluso fue citado en el debate parlamentario: un proyecto presentado a último momento por Encuentro Ciudadano tomó parcialmente alguna de sus medidas, como el pago de las deudas salariales y la gestión obrera de la empresa estatizada.

En la etapa que se abre ahora en la ex Barillari, el proyecto presentado por nuestro partido se constituye en un verdadero pliego de reivindicaciones para los compañeros de la planta, para que su expropiación no sea un filón de nuevos tercerizadores y negreros.