A propósito de las elecciones provinciales del próximo 7 de mayo, fuimos encontrando los requisitos que se piden para ser candidatxs municipales. En el municipio de San Pedro, donde ya habíamos presentado listas anteriormente, se incorporó un nuevo requisito: ser contribuyente municipal. Esto se repite en otros 7 municipios (Puerto Rico, Iguazú, El Soberbio, Montecarlo, San Vicente, San Ignacio y 25 de Mayo). Además, hay dos municipios que exigen la finalización de los estudios obligatorios (Dos de Mayo y San Javier).

Para ser contado como contribuyente, se debe pagar patente, pagar ABL (ser propietarix de una casa frentista), carnet de salubridad, habilitación municipal. Esto es una discriminación patrimonial: para poder ser candidatx, debés ser comerciante o propietario, un requisito claramente inconstitucional, ya que no condice con ninguno de los requisitos para ser candidato nacional, expresado en la Constitución Nacional, o sea que cualquiera de las y los compañeros que pueden ser rechazados para la lista pueden ser candidatos diputado nacional, senador e incluso presidente, pero no podrían ser candidatos a concejales, intendente o vice del municipio en el que viven. La Carta Orgánica está pidiendo cosas por fuera de lo que pide la Constitución. Tampoco condice con lo requerido por la constitución provincial o la ley orgánica de municipalidades de nuestra provincia.

Esto, en una vorágine de creaciones o de modificaciones de cartas orgánicas desde el 2018, que limitan quién puede ser candidato por habilidad o por titularización, que intenta imitar las cartas orgánicas antidemocráticas de la época del menemismo y el puertismo de los 90 (Iguazú, El Soberbio, Puerto Rico y Montecarlo). Podría compararse con el voto calificado del siglo XIX, previo a la presidencia de Yrigoyen pero aplicado a las candidaturas. Hay que dejar en claro que esto se hace con el aval “democrático” de votar convencionales en las elecciones pero que luego no consultan a la población lo votado.

Denunciamos que estas son medidas antidemocráticas, ya que impiden el ejercicio de la totalidad de los derechos políticos: el derecho a elegir y ser elegido, derechos que supuestamente son la base de esta democracia. Lo que está haciendo es proscribir en los hechos a la gran mayoría de la población, que no tiene garantizadas las condiciones básicas de subsistencia. Con la finalización de los estudios pasa lo mismo: el gobierno no garantiza que los trabajadores puedan asistir a la escuela, no garantiza las condiciones de infraestructura, paga salarios de miseria a las y los docentes y después exige que terminen los estudios. Estas condiciones de subsistencia son negadas por el mismo Estado, que luego les impone límites a quienes luchan contra esas condiciones para presentarse en las elecciones y priva a la población trabajadora de elegir a quienes representan sus intereses.

Rechazamos y llamamos a los habitantes de los municipios a rechazar estas medidas antidemocráticas. También llamamos a prestar atención a los habitantes de Campo Viera, Garupá y Andresito, municipios en los que este año se votarán constituyentes.

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