El jueves declaró ante la justicia Gianfranco Macri, hermano del presidente, en la causa que investiga el pago de sobornos entre los concesionarios de los peajes. Negó los cargos y con respecto a las mismas sospechas que pesan sobre su padre, Franco, se excusó: "pregúntenle a él".  Franco Macri aún no declaró y su familia alega que no se encuentra en condiciones de salud para hacerlo. El siguiente artículo fue publicado en nuestro sitio al momento de conocerse las citaciones.

 

La causa de los “cuadernos” del puntilloso chofer Oscar Centeno, involucra cada día más a funcionarios y empresarios vinculados tanto a los K como al actual gobierno, incluido el grupo empresario de la familia del presidente Macri.

En las últimas horas se conoció que, junto a varios funcionarios kirchneristas y al detenido titular de Electroingenieria, Gerardo Ferreyra, imputado por el presunto pago de sobornos en relación al corredor Vial número 3, serán llamados a indagatoria por el juez Claudio Bonadio, el padre y el hermano del presidente –Franco y Gianfranco Macri– dada su vinculación con la causa donde se investiga el pago de sobornos entre los concesionarios de los peajes.

A los parientes del presidente, puntualmente se les imputa el pago de coimas por el acceso Oeste y por los casos del Acceso Norte y la firma Autopistas del Sol S.A en el caso de “los montos ilegales recaudados por el entonces titular del Occovi y aportados por los titulares de las concesiones viales” (Clarín, 10/12).

Junto con ellos será convocado Eduardo Eurnekian, otro de los grandes popes del empresariado local, quien “deberá responder ante la Justicia por al corredor Vial número 4, a cargo de Corporación América S.A, y por la ruta 8 tramo Pilar a Pergamino y su concesionario corredor Americano S.A (ídem).

Operación Despegar

Mientras esto sucede, simultáneamente se desarrolla un operativo político-judicial para tratar de “despegar” a los grandes empresarios involucrados en el entramado, colocándolos como “víctimas” y no como partícipes de un sistema corrupto de pago de sobornos para conseguir la adjudicación de obras públicas o para aplicar sobreprecios –es decir organizadores y beneficiarios de la cartelización de la obra pública.

La Sala I de la Cámara Federal, “a la que ahora se la señala por ser una Sala oficialista” (La Nación, 10/12) definirá en los próximos días si los empresarios imputados en las distintas causas de corrupción y pagos de coimas, serán considerados partícipes o no de una “asociación ilícita” junto a los funcionarios que recibían los “aportes”. Según La Nación, la Sala consideraría “a gran parte de los empresarios fuera de ese armado delictivo y entonces quedarán procesados por cohecho activo o dádivas” (ídem), un delito menor.

El periodista destaca, al respecto, que los camaristas “cambiarían las calificaciones de algunos delitos y dispondrían libertades de empresarios detenidos”. Todo esto antes de fines de año para evitar “un perjuicio mayor a los imputados”, algo que la Justicia dista de realizar o de preocuparse cuando se trata de luchadores obreros y populares.

Esto se encuentra en sintonía con las operaciones del gobierno para “encapsular” las responsabilidades de los directivos y garantizar la continuidad de sus empresas, las cuales actualmente prosiguen con las obras ya licitadas y de los PPP. Sin embargo, esos empresarios se enriquecieron y sus empresas se capitalizaron mediante el mecanismo descripto en los cuadernos. Lo que corresponde es la expropiación de ese patrimonio para resarcir al erario público por el desfalco de la corrupción.  

La cuestión involucra a los popes de la burguesía “nacional”. La patronal de La Nación aboga por su resguardo cada vez que tiene oportunidad. Mientras sus periodistas desnudan las maniobras de la Justicia, por su parte los Mitre dedicaron un editorial a defender a Paolo Rocca, el principal accionista de Techint, reflotando el argumento de la empresa de que pagó coimas solo para garantizar la vida de los empleados que tenía trabajando en su filial de Venezuela, nacionalizada por el gobierno de Hugo Chávez. Obvia que la intervención del gobierno de Cristina Kirchner le permitió a Techint cobrar una indemnización por su filial venezolana nacionalizada por un valor que superaba lejos el real de la compañía, que se encontraba quebrada. Fue el mayor monto pagado por Venezuela por una expropiación a título oneroso.

Cuadernos K y M

Como en una caja de sorpresas, cada tapa que se abre muestra más involucrados y pruebas de la extensión de la red de corrupción que involucra a lo más alto de la burguesía “nacional” en los cuadernos K y M.

Recientemente se dio a conocer que una causa donde se indaga eventuales delitos cometidos por la financiera CBI de Córdoba –cuyo primer juicio comenzó hace unas semanas–, en la cual se devela uno de los caminos a través de los cuales se blanqueaba parte de la plata de los sobornos y les pone nombre y apellido a los que los pagaban.

Esta investigación “amenaza con expandir sus efectos a partir de la declaración de un ´arrepentido´, que describió el mecanismo que usaba el kirchnerismo para blanquear dinero en la provincia proveniente de supuestas coimas en la obra pública” (La Nación, 9/12). La Justici dio por acreditado que por la financiera CBI pasaron un total de 40.769 cheques, entre los cuales hay librados, entre muchas otras, por las empresas Electroingeniería y Iecsa, entonces en manos del primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

Hay más: “el fiscal federal Enrique Senestrari decidió abrir una causa paralela en función de ese listado de cheques: imputó a Armando Cavalieri y a una decena de integrantes de la burocracia de la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac) por supuesta defraudación por administración fraudulenta” (ídem). Añade que “Osecac ingresó –según consta en el listado– 84 cheques; el más grande por $2,5 millones; en total suma $53,7 millones” (ídem).

Las tapas de la caja de sorpresas se abren y la preocupación cunde entre la burguesía y el gobierno. A causa de los cuadernos, auspiciada por los yanquis, apunta a desbancar a la ´patria contratista´ del negocio de la obra pública, una réplica de lo ocurrido en Brasil con el “caso Odebrecht”.

El tembladeral alcanza a los K y a los M y no les resulta fácil pararlo.