Scioli envió un proyecto de ley para modificar el sistema previsional bonaerense. Según El Día (16/8), “el superávit del IPS (Instituto de Previsión Social), que viene siendo utilizado como financiamiento de la administración central provincial, será asumido en ese caso como una deuda del Ejecutivo con el organismo, a través de la emisión de bonos en su favor, con plazos y tasas de interés determinados”.

Scioli se propone “legalizar” el saqueo metiendo mano en los fondos del IPS (cerca de 700.000 aportantes activos). Este robo ha sido moneda corriente de todos los gobiernos de la provincia. Ahora Scioli promete “transparentar” esta confiscación, pero esto es puro cuento porque la provincia tiene un rojo de 5.000 millones de pesos que la inhabilita para responder por los recursos que sustraiga del IPS. Bajo estas condiciones, los títulos que emita el gobierno, por más que tengan de garantía los futuros ingresos por la coparticipación, son bonos basura.

Si a esto agregamos el hecho de que la tasa de interés va estar por debajo de la inflación -como ya viene ocurriendo con los fondos excedentes de la Anses-, vamos a una licuación de los recursos que pertenecen a los jubilados. Si el IPS necesitara hacerse de fondos, deberá desprenderse de esos bonos, con grandes quitas, dando pie a nuevos negociados para delicia de los especuladores.

Además, de acuerdo con la nueva ley, el IPS tendrá que hacerse cargo de la Caja de los trabajadores del Banco Provincia y de la policía, que hasta ahora funcionan en forma independiente pero deficitaria; ahora se pretende financiar el rojo de ambas con el superávit del IPS.

Esta medida de Scioli forma parte de un paquete más amplio que se prepara, y que incluye la llamada “armonización” del sistema previsional provincial con el nacional. Actualmente, los docentes de Buenos Aires se jubilan con 50 años de edad y 25 de servicio y acceden al 70% del básico conformado (básico más antigüedad y bonificaciones remunerativas). “Armonización” mediante, la edad de jubilación subiría a 57 y se perdería la movilidad, que sería reemplazada por el nuevo régimen de movilidad trucha que el gobierno nacional ha girado para su tratamiento al Congreso.

La Coalición Cívica adelantó su rechazo a los cambios que propone el gobierno provincial. Pero nada dice de la amenaza que pende sobre la movilidad de los docentes y el alargue de la edad jubilatoria, que son parte sustancial del paquetazo en ciernes. Las conducciones de Suteba y ATE tampoco han convocado a una movilización provincial.