Es innegable que la reciente campaña electoral del Partido Obrero en la Capital ha constituido una formidable victoria política de nuestro partido contra el gobierno mane­ota y contra el propio Estado. Proscripto por una decisión de fuerza de la Junta Elec­toral desde casi el comienzo de la campaña, el partido logró sin embargo intervenir en ella en los mismos términos formales que los demás partidos, ocupando incluso los espacios de radio y de televisión que en un inicio nos habían sido retirados por una re­solución del ministerio del Interior. Se dio así el caso de que un partido proscripto apare­cía ante la opinión pública ejerciendo con plenitud sus derechos constitucionales, al mismo tiempo que denunciaba, mediante el ejercicio de esos derechos, la proscripción de que era objeto por parte de la dique oficial. Desde cualquier punto de vista, la campaña del Partido Obrero apareció como una “anomalía” jurídica, que reflejaba la capacidad de nuestro partido para enfren­tarse al poder del Estado, como un poder independiente.

De todos los partidos, el PO fue el único que tocó las cuerdas vitales de la política del momento, en especial al presentar a la refor­ma previsional como una candente cuestión de Estado. Dimos en el nervio de la crisis cuando Menem tuvo que pedir la cadena de radio y televisión para declarar el estado de sitio contra el congreso, en una acción de chantaje para que le sacaran la ley de la “jubilación privada”. Varios partidos se vieron luego obligados a bailar al compás de la música que estaba tocando el PO, claro que mellando su filo revolucionario y antica­pitalista.

La fuerza de la campaña del PO puede medirse por la resolución de último momen­to que se vio obligada a sacar la Corte Suprema, en la que ratifica el retiro de la personería electoral del PO en el distrito. El fallo no tenía ningún alcance en relación a nuestro derecho a participar de las elecciones, garantizado por una sentencia firme de fines de mayo, que la convierte en derecho adquirido, y por nuestra personería en el orden nacional. Pero que la Corte se hu­biera vista obligada a sacar de apuro un fallo que pretendía guardar por largo tiempo en la gaveta, cuando solo faltaban pocas horas para iniciar el comicios y ya habían pasado 24 horas del cierre de la campaña, reflejaba su temor de que las elecciones hubieran podi­do ser impugnadas en un tribunal o en los cuartos de votación. Dentro de un marco todavía reducido, la cuestión de la proscrip­ción del PO se llegó a transformar en una crisis política.

Esta crisis explica la mediocridad del fallo de la Corte, que se parece más a un expediente administrativo. Solo el juez Petracchi procura organizar una defensa más amplia de la anulación de la personería del PO, pero solo logra contribuir a poner en duda la constitucionalidad del artículo que exige el 2% de los votos para conservar la personería electoral. La endeblez y la incon­sistencia de los fundamentos de Petracchi se transforman en verdadera debacle cuan­do pretende que la Convención Interamericana de Derechos Humanos autoriza esa medida, para lo cual mutila simplemente el artículo 23 del mencionado tratado. El PO ha puesto en aprietos a la Corte y ha herido de muerte a la ley de partidos, que obligato­riamente deberá pasar a mejor vida

Las perspectivas políticas post-electo­rales se perfilan dentro de los grandes con­tornos pronosticados por el PO: crisis del plan Cavallo y del gobierno, movilización popular. El radicalismo y el Frente del Sur no han esperado el cierre de las urnas para pro­clamar su intención de salvar al gobierno y de hundir las movilizaciones a través de una solución “consensuada” al tema educa­cional y la provisional. No ha demorado lo que canta un gallo para que se hayan ago­tado como alternativas populares; el PO se perfila como la única organización con una conciencia clara y una política de conjunto frente a la nueva situación.