La pelea abierta por el Consejo de la Magistratura involucra a todos los sectores del aparato del Estado. El golpe de la Corte Suprema contra el gobierno, copando el Consejo, es un nuevo salto en la guerra por el control del aparato judicial. Del lado del kirchnerismo, la posibilidad de operar sobre el organismo fue colocada al servicio de evitar condenas por corrupción y condicionar a la Justicia para lograr la impunidad.

Del lado de la Corte no hay ningún interés en una “Justicia independiente” ni republicana, y menos popular. Horacio Rosatti, que presidirá el nuevo Consejo de la Magistratura, fue designado en su puesto por decreto por Macri. Si existiera el derecho elemental a la revocatoria, Rosatti habría debido ser depuesto por fallar en favor del 2×1 en beneficio de los genocidas de la última dictadura, con Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkratz. El alineamiento que pretende la Corte fortalece la presencia de los colegios de abogados y del propio Poder Judicial. Es un intento de reforzar el rol de arbitraje de la corporación judicial, en medio de una crisis política y de poder de fondo.

El kirchnerismo había modificado la composición con una ley en 2006, para darle mayor peso al Poder Ejecutivo y a los bloques mayoritarios del Senado, licuando la representación de jueces y abogados. Redujo de 20 a 13 miembros el Consejo, y le quitó a la Corte Suprema la presidencia. El máximo tribunal, a fin de 2021 (o sea, 15 años después), declaró inconstitucional la reforma de 2006 y dio al Congreso 120 días (hasta el 15 de abril) para sancionar una nueva ley. El gobierno envió un proyecto que elevaba a 17 miembros la composición y evitaba la presidencia de la Corte, el cual fue votado en el Senado pero se frenó ante la falta de mayoría oficialista propia en la Cámara de Diputados. Es una expresión de la impasse del gobierno y afecta especialmente al kirchnerismo, que impulsó el nuevo proyecto. Así las cosas, se comenzaron a votar nuevos miembros del Consejo para volver a llevar a 20 su número, y Horacio Rosatti se prepara para asumir también la presidencia del Consejo de la Magistratura.

El Congreso, en tanto, a falta de una nueva ley, debe elegir nuevos representantes por la minoría de la Cámara de Diputados y el Senado. Pero un juez federal de Entre Ríos, a pedido de un diputado del oficialismo, dictó una medida que impide designarlos y plantea que el Congreso debe avanzar antes en la sanción de una ley. Por lo tanto, estando designados los nuevos miembros de las universidades y los abogados, la composición del cuerpo no podrá completarse por falta de los miembros de minoría del Congreso de la Nación.

La composición del Consejo es antidemocrática en cualquiera de sus variantes. En la variante original, que ahora la Corte rescata, destaca la presencia de abogados y jueces y la presidencia de la Corte; o sea de la casta judicial en su conjunto. El representante de las universidades es votado solamente por los profesores titulares, que son una camarilla minoritaria. En la versión votada en 2006 aumentó la influencia de las fuerzas electas, o sea de las mayorías parlamentarias y el Poder Ejecutivo. En cualquier caso los jueces son vitalicios y sus fallos están por fuera de cualquier control de la ciudadanía. Este blindaje judicial apunta a que la Justicia sea un garante de fondo de los intereses de clase de la burguesía.

Tras 15 años de vigencia de la ley kirchnerista sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura el balance es lapidario. Tenemos hoy la misma Justicia donde duermen las causas contra las reformas previsionales, que son pagadas a cuentagotas por el Estado. La que persigue y condena a los luchadores populares, como viene de ocurrir con César Arakaki y Daniel Ruiz, condenados por el juez Ríos de Comodoro Py. Una Justicia con enorme peso de los lobbys eclesiásticos, y gran responsable de la impunidad de la violencia contra la mujer. Cajonea las causas contra la depredación ambiental, los desmontes, el saqueo de los glaciares a pesar de la ley que los protege, entre tantos etcéteras. Es una Justicia infiltrada por los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros. La batalla dada por el kirchnerismo en este terreno no persigue ningún interés popular.

La asunción de Rosatti como cabeza del Consejo busca cerrar la crisis por el control de la Justicia desatada entre el gobierno y la Corte Suprema. En todos estos años las designaciones de jueces apalancadas por el gobierno establecieron en muchos casos un contrapeso a la Corte. Alinear por entero al Poder Judicial con la Corte le va a dar un enorme poder de arbitraje, con el que deberá zanjar problemas clave. No solamente en los casos de corrupción, que manejados a medida permitirán una regulación sobre las condenas o libertades de los exfuncionarios de todo el arco político. Sino además, por ejemplo, en el reparto de fondos de la coparticipación federal, en el futuro de las reformas previsionales y laborales, o en los casos de persecución contra las organizaciones populares.

La presidencia de Rosatti, en todo caso, sería sólo un paso en esta dirección. Las camarillas judiciales están atravesadas por crisis y divisiones de distinto orden. Lejos de la “independencia” tienden a fracturarse al compás de las crisis al interior de los grupos de poder, a la orden del día en una etapa de crisis política aguda como la actual.

La denuncia del conjunto de esta casta judicial antipopular es un patrimonio del movimiento popular en nuestro país. El planteo de la elección popular de los jueces y su revocabilidad, en el marco de una transformación política integral bajo un gobierno de los trabajadores, conserva toda su vigencia.

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