La jueza federal Zunilda Niremperger dispuso el procesamiento de dos ciudadanas de 71 años y de 34, madre e hija, que habían regresado desde España con coronavirus. Se las acusa de propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa “por imprudencia” teniendo como resultado “enfermedad y muerte”. Y, si bien no quedaron detenidas, el fallo contempla un embargo por 300 mil pesos a cada una de las acusadas. Según la jueza cometieron un delito previsto y reprimido “en el artículo 203 in fine en función del artículo 202” del Código Penal, que establece penas para todo aquel que propague una enfermedad contagiosa y peligrosa para las personas por imprudencia –modalidad culposa-, teniendo como resultado enfermedad y muerte. Al no guardar la cuarentena y recaudos necesarios ante la aparición de síntomas compatibles con el Covid-19 cuando arribaron al país, el 28 de febrero pasado, un día después de que Alberto Fernández decretara a través de un DNU la cuarentena obligatoria para aquellos que venían del extranjero y los aeropuertos ni siquiera recibían las declaraciones juradas de los pasajeros y en el mejor de los casos los cuidados contra este grave virus, dependían si el paciente creía o consideraba tener algún tipo de síntoma y lo declaraba. Los sucesos reflejaron la ausencia de controles del estado frente al ingreso de posibles contagios de pasajeros que venían de otros países con focos de contagios.
Es lo que expresaron las acusadas en la indagatoria. “En su declaración, la paciente CXM aseguró que al regresar de su viaje europeo no tuvo síntomas, sólo un poco de malestar estomacal y cansancio, lo que adjudicó al extenso trayecto de viaje realizado desde España hacia Resistencia”.

Señaló también que “el primer día que tuvo temperatura febril fue el 5 de marzo por la tarde, luego de haberse entrevistado con su médica psiquiátrica, motivo por el cual consultó a una médica particular quien le recomendó que ella junto a su madre, realicen un aislamiento voluntario”

La médica particular, luego de comunicarse con la Dirección de Epidemiología, le sugirió la realización de exámenes de sangre para descartar virus comunes, estacionales, obteniendo resultado negativo. Recién el 7 de marzo, el personal especializado retiró esas muestras a efectos de enviarlas a la Clínica Mayo en Buenos Aires, para el análisis de Covid-19, obteniendo los resultados positivos recién el 9 de marzo por la tarde.

Además declaró “que su pareja MG no presentaba síntomas, motivo por el cual por parte de la Dirección de Epidemiologia no le realizó la prueba, pero que igualmente en fecha 8 de marzo, el hombre junto con sus dos hijos menores de edad, se realizaron de forma privada los exámenes, obteniendo resultados positivos a Covid-19” recién el día 12 de marzo, tanto el esposo como su hijo de 4 años.

Asimismo, la imputada aclaro que “en ningún aeropuerto de los países visitados les recomendaron que tomaran alguna prevención con respecto al Covid-19”

En su declaración, la otra acusada NMD, expresó que “sus síntomas fueron muy leves, que desde su regreso solamente sintió dolores de huesos, debido a su edad y al largo viaje desde Europa”. Además, que “cuando su hija presentó el estado febril, ella decidió realizarse el hisopado a fin de corroborar si también estaba infectada por el virus, -ello debido a que no presentaba síntomas característicos-“. Y agregó que “de conocer que estaba infectada no habría mantenido contacto estrecho con su hijo y la familia del mismo, en la cual hay niños menores de edad”. Coincidió con los dichos de su hija al decir que no hubo controles en los Aeropuertos.
Esto es parte de un operativo para responsabilizar a un sector de la población por la expansión de la pandemia cuando la responsabilidad fundamental es del estado que no ha garantizado ni garantiza las medidas necesarias para enfrentar esta pandemia y sostener la cuarentena. Un estado que no invierte en infraestructura, mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la salud. Es el mismo estado que le permitió hacer retiros espirituales o misas a las iglesias, donde se congregaron cientos de fieles sin respetar la cuarentena, que produjo las aglomeraciones de jubilados en las colas de los bancos, que cede ante la presión de las empresas para continuar con la cadena de producción sin garantizar las medidas de salubridad e higiene o mantiene al personal de la salud en condiciones precarias salariales y laborales, sin pase a planta, sin aumento de salarios, sin garantizar los elementos de bioseguridad. Ese estado que inclusive ha judicializado al personal de la salud por “propagar el contagio” o cuando se movilizan y luchan por sus reclamos, persiguiendo, intimidando, reprimiendo;  es el que condena a las víctimas del coronavirus.

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