La iglesia contra los trabajadores
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La Iglesia reclamó, que el "gobierno reemplace progresivamente el plan Jefas y Jefes de Hogar desocupados por un subsidio para madres de familias indigentes cuyo monto dependa de la cantidad de hijos” (Clarín, 17/10).
Casaretto, obispo presidente de Cáritas, ya había tratado de vagos a los beneficiarios. Hace poco se le sumó Héctor Aguer, el derechista obispo de La Plata. Ahora Pedro Olmedo, obispo de Humahuaca y hermano de Jesús Olmedo, el cura piquetero, dice que el plan “ha hecho mucho daño”. Cartón lleno. La institución capitana de la Mesa de Diálogo Argentino, donde se armó el Consejo Consultivo de Duhalde, que repartió las planillas de los planes Jefes, ha decidido terminar con la asistencia a los desocupados.
Aguer dice que el plan Jefes “desalienta la cultura del trabajo” y Olmedo profundiza: “Hay mucha gente que no trabajó nunca, ni sigue trabajando(…) manteniendo el clientelismo y la dependencia, tanto política como gremial”.
Eduardo Serante, director de Cáritas, da una pista muy fuerte del origen de semejante ataque contra casi dos millones de compañeros: “La pobreza(…) se mantendrá alta durante mucho tiempo; frente a un problema estructural debemos ir hacia un plan que llegue a las familias más necesitadas sin afectar la cultura del trabajo”.
A confesión de partes, relevo de pruebas. Como el capitalismo no tiene ninguna chance de terminar con la desocupación masiva, ni se lo propone, terminemos con el subsidio a los desocupados que “distorsiona el mercado laboral”. Efectivamente, ese fue oportunamente el reclamo de la Cámara Argentina de la Construcción y de los terratenientes, los cuales entienden que el plan “obstaculiza” el ingreso de trabajadores que no ganan mucho más que el plan, esto en jomadas enteras en algunos casos de sol a sol y en negro, como ocurre con la mayoría del trabajo rural y gran parte de las obras de construcción. Si están en blanco, cuando el trabajo es temporario no recuperan, con el cese de éste, el “plan”.
La clase capitalista quiere tener las manos aún más libres en el mercado laboral y eliminar la mayor partida de gasto social, que abarca a casi dos millones de familias, para pagar deuda externa u obtener más subsidios al capital. Por sobre todo quiere eliminar al movimiento piquetero, que reclama antes que nada el subsidio a los desocupados. Las “familias indigentes” de las que habla la Iglesia son, según La Nación, unas 400.000, y se pretende una asistencia reducida a niños y ancianos. Atacan lo que es apenas una mueca del seguro al parado, que ha sido la gran conquista social de las clases obreras de los países avanzados después de la última guerra mundial.
Se trata de recuperar para la Iglesia y las ONGs que financia el imperialismo el control de la red contra el hambre, un colosal instrumento de manipulación y sometimiento de los explotados. Las críticas al clientelismo son cháchara, porque el clientelismo se acaba universalizando el subsidio a todos los desocupados, pero a eso se oponen como a la peste.
El planteo de los obispos lo repiten Carrió, López Murphy y Angel Rozas. Kirchner ha eliminado 400.000 planes desde que subió; así lo blanqueó el primer ministro Alberto Fernández (La Nación) en oportunidad del debate por el presupuesto, que arrojó una enorme sub-ejecución del gasto social. Las partidas han ido a parar, superpoderes mediante, a una cuenta de más de 2.000 millones de dólares en el Banco Nación para la deuda externa.
Kirchner y su hermana Alicia ofrecen la salida laboral de los microemprendimientos (programa “Manos a la obra”). Una línea que ha servido para cooptar al Estado y al frente kirchnerista a la FTV y Barrios de Pie, pero que ha sido absolutamente impotente para crear un puesto de trabajo. La otra línea es “Techo y Trabajo”, pero se trata sólo de 1.040 cooperativas que emplean en negro a 16.000 trabajadores por dos años y que son el odio de las seccionales combativas de la Uocra, porque compiten a la baja y sin libreta contra el trabajador de la construcción.
De manera creciente, usando artimañas, el gobierno Kirchner está demoliendo en forma progresiva los planes.
Pero hay también nuevas propuestas. El fiscal Marijuán, que acumuló más de 7.000 casos de curros del Estado con las Fuerzas Armadas y otros sectores (sin procesar a nadie), propone un “reempadronamiento”. Lo mismo impulsa Chiche Duhalde: “Hay que reempadronar y orientar la ayuda a las mujeres que son más responsables y cumplen con la prestación” (Clarín, 20/10).
Del reempadronamiento sabemos mucho. Cafiero despidió a 22.000 personas con este recurso, lo que llevó a marchas y cortes de rutas con centenares de procesados, que lograron reincorporar a algunos miles; a los demás los partió un rayo, e igualmente a nosotros nos quedaron cantidad de compañeros en el camino.
Se trata de conjunto de una movida de fondo de toda la clase capitalista. Duhalde largó la señal: “Habrá que ir modificando el sistema, aunque no se pueda hacer de golpe” (Clarín, 20/10). El punto es que toman a los cinco millones de desocupados como una realidad inmodificable. En lugar de reorganizar la sociedad y la economía para que no haya desocupados, pretenden acabar con las medidas de emergencia tomadas al calor del Argentinazo, cuando temblaron todas las bases de la dominación capitalista.
Después de la bancarrota capitalista se pretende estabilizar una nueva situación, con una más que sideral deuda externa, un 47% de la economía en negro, una participación de los asalariados del 21% en el Producto Bruto (30% menor que en el 2001) y millones y millones de desocupados. El objetivo es siempre político: acabar con el movimiento piquetero.
No pudieron hacerlo mediante el Consejo Consultivo de Duhalde, no pudieron con la cooptación kirchneriana, no pueden con la represión y la cárcel; la emprenden contra todas sus conquistas para barrer el principio de organización independiente y de clase que armaron las asambleas barriales y los cuerpos de delegados del movimiento piquetero, factor de organización, de lucha por todas las reivindicaciones y de disputa política, territorio por territorio, a los punteros y a las parroquias.
Más que nunca, subsidio a todos los desocupados de 350 pesos, reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, plan de obras y viviendas populares bajo gestión obrera, no pago de la deuda externa.