Al final, el “paquete cerrado” de Menem y Alfonsín no era tan cerrado como parecía, aunque siga siendo un paquete. El miércoles pasado, el Episcopado acabó por descubrir el juego, no ya de la Iglesia, que es perfectamente conocido, sino de la totalidad de los partidos patronales que se presentan a la Constituyente. Estos habían ocultado hasta ahora, con el mayor sigilo, su intención de introducir en la Constitución la enseñanza religiosa; la prohibición del aborto; el subsidio a la educación clerical; y la obligación de que el Presidente de la Nación obedezca a los mandatos eclesiásticos.

La posición del Episcopado no es una novedad; por eso importa que hubiera demorado tanto para hacerla oficial. Para los obispos, estas exigencias anti-democráticas, que pretenden subordinar integralmente al Estado a la Iglesia, no debían quedar sujetas al debate político, ni tampoco dejar al descubierto que ya habían sido aceptadas por el pacto Menem-Alfonsín. Por eso las críticas que vierte el documento de los curas contra el poder “excesivo” del Poder Ejecutivo, son un puro juego de artificio. Finge desmarcarse del “pacto” para que la opinión pública crea que el “pacto” es ajeno a cualquier interés clerical y que los “pactantes” no han pactado ya con el clero reaccionario.

El que va a tener que dejar de jugar a las escondidas, ahora, es el Frente Grande. El programa del Frente Grande contempla integralmente las reivindicaciones del clero, toda vez que estas reivindicaciones están contenidas en el Tratado internacional de San José de Costa Rica, que el Frente Grande quiere ver convertido en norma constitucional —con la sola excepción del planteo clerical de que el Presidente de la Nación no pueda ser ateo (judío, islámico o budista, pero nunca ateo). El fin de semana pasado, la dirigente menemista Liliana Guldrich de Correa, anunció que, al igual que el FG, el Partido Justicialista propondrá que ese tratado internacional quede incorporado a la a la Constitución.

¿Qué harán ahora los demócratas, izquierdistas y laicos del Frente Grande?

¿Qué harán los sindicatos docentes? ¿Qué harán la FUA y el Conadu? Repetimos: no se trata de que la Iglesia se pronunció: de lo que se trata es de la evidencia de que existe posición tomada y firmada del menemismo, del pactismo me

as, cambio de horarios, incorporación de personal contratado temporario, incremento del tiempo efectivo de trabajo, modificaciones en las licencias, feriados, reglamentación de la actividad sindical e incremento de los tiempos operativos” (Clarín, 14/11/93). Todo esto, naturalmente, a espalda de los trabajadores.

La burocracia cegetista ya dio el “sí”.