El arzobispado salteño dio a conocer, con un comunicado, que un tribunal eclesiástico halló culpable al cura José Carlos Aguilera de abusar de seis menores de edad entre los años 1995 y 1998, y que resolvieron quitarle las funciones sacerdotales.

Los abusos cometidos por quien fuera sacerdote por muchos años en la localidad de Campo Santo, y capellán de la Universidad Católica, fueron denunciados ante la curia y también en la justicia ordinaria. El año pasado, el tribunal de impugnación número 2, a cargo del juez Adolfo Figueroa, hizo lugar al pedido de prescripción; el magistrado consideró que la causa está extinta por el tiempo transcurrido. Las víctimas apelaron la resolución y es la Corte salteña la que tiene que decidir si hace lugar a la prescripción o no.

Quitarle la función sacerdotal es una medida interna de la iglesia que incluso puede ser revertida. Eso es lo que ocurrió con el cura Emilio Lamas, quien también fue apartado de su función sacerdotal, apeló y otro tribunal eclesiástico lo volvió a sus funciones.

En el caso de Gustavo Zanchetta, ex obispo de Orán, la protección no contó con ningún disimulo: se fue de Salta antes de que tomen estado público las denuncias de abuso, y fue nombrado en un cargo en el Vaticano. Incluso vive en Santa Marta, mismo lugar de residencia del Papa. Cuando tiene que venir a declarar a Salta, viene con dos abogados puestos por el Vaticano.

 

El abogado del cura Aguilera dice que apelará, y aduce que hay una interna que quiere perjudicar a su defendido. Parece que Aguilera reclama públicamente al Papa que le dé la misma protección que a Zanchetta.

Obviamente el máximo absolvedor de la iglesia es el Papa Francisco, que el último 12 de octubre se reunió, muy cordialmente, con el ex cardenal George Pell, ex número 3 del Vaticano, que fue condenado por pederastia en Australia por abusos acometidos en los ’90 y luego absuelto por una Corte superior (también haciendo lugar a una prescripción por el tiempo transcurrido).

La existencia de los tribunales eclesiásticos, es decir de un fuero especial para juzgar la conducta de los curas, ha funcionado, a partir del llamado “secreto pontificio” al que deben prestar conformidad los denunciantes, como una forma de otorgarles impunidad en la justicia penal, o mejor dicho, como forma de que los casos nunca lleguen a ella. La Iglesia se ha negado sistemáticamente a proveer de sus archivos a los juzgados penales. Es lo que ocurrió con el caso del cura Lamas, en donde la justicia debió allanar la curia sin encontrar las evidencias que buscaba (se las habían llevado al Vaticano).

Es decir que entendemos este fallo como una tentativa de echar lastre de una Iglesia ampliamente cuestionada por sus propios adeptos por dar impunidad a los abusadores. Exigimos que el clero entregue las pruebas de los abusos de Aguilera y de todos los curas abusadores; y si no lo hace, que la justicia ordinaria los obtenga mediante allanamiento.

Redoblemos la campaña para que la Corte de Justicia rechace la prescripción de las causas, porque un fallo adverso a las víctimas consagraría la impunidad para todos los curas imputados. En nuestro país ya hay jurisprudencia en la que no se hizo lugar a la prescripción, por tratarse de crímenes aberrantes cometidos contra niños.

Hay que terminar con el coloniaje que tiene la Iglesia sobre la Justicia, y la única manera es separando a la Iglesia del Estado.