La semana pasada el gobierno anunció un acuerdo con el FMI que implicará un duro ajuste contra el pueblo, y que admite una intromisión directa en el país, al punto de establecer un monitoreo trimestral del organismo sobre las cuentas nacionales que puede condicionar los futuros desembolsos (o la posibilidad del default). La novedad de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados no es solo una maniobra, sino que, además, generó una fuerte crisis política al interior de la coalición oficialista y confirma a su turno la denuncia de la izquierda sobre el carácter de una concertación con el Fondo. Esta crisis por arriba puede contribuir a crear las condiciones de una intervención popular contra el acuerdo, y en esta perspectiva se colocó el plenario en Parque Lezama, con más de 200 organizaciones sociales, piqueteras, sindicales, políticas, de Derechos Humanos y de la lucha de la juventud y la mujer trabajadora, que definió una movilización para el martes 8 de febrero a Plaza de Mayo así como ya lo había hecho el 11 de diciembre. Ahora bien, durante estas instancias organizativas de lucha, se ha destacado mucho la experiencia del Chubutazo contra la megaminería, en diciembre pasado. ¿Cuál es la relación entre FMI, el avance de la megaminería y la depredación capitalista del ambiente en general?

Esta comprensión estuvo presente durante todo el proceso de lucha de los últimos años en Chubut, e incluso durante las jornadas de diciembre: los nuevos embates extractivistas tienen como telón de fondo la necesidad de obtener dólares por exportaciones, como garantías de repago de la deuda con el FMI y otros organismos acreedores. Pero son además “condicionamientos” que exige el capital financiero internacional y el imperialismo para renegociar los programas de pago de la deuda, utilizándolos como arietes políticos. Es decir, la relación entre saqueo de los territorios y las comunidades y los poderosos intereses tras las deudas fraudulentas contraídas y pagadas por los diferentes gobiernos se ha vuelto cada vez más evidente. Esto se ve en todo el país, con el #Atlanticazo contra las plataformas petroleras offshore en Mar del Plata, con la lucha contra el agronegocio y las fumigaciones, los desmontes o las megagranjas porcinas.

Por otro lado, el rol del “kirchnerismo duro” en el marco de la lucha por la defensa del agua y contra la megaminería en Chubut también resulta formativo. Si bien se atribuye un mayor poder de lobby al presidente Alberto Fernández y funcionarios como Alberto Hensel (exsecretario de Minería) y Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo), hay que señalar que Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares en 2008 durante su presidencia, defendió la megaminería en varias declaraciones públicas y nunca se pronunció sobre la problemática en Chubut; así como no repudió las diferentes represiones, persecuciones y la criminalización de los luchadores y luchadoras. Pero no solo “el que calla otorga”: una de las legisladoras provinciales del Frente de Todos, que le dio su voto a Arcioni para aprobar la zonificación minera, Mónica Saso, responde a la ex senadora nacional Nancy González, que siempre colocó a Cristina Fernández como su brújula política.

La rebelión del pueblo chubutense, que ahora va por su tercera Iniciativa Popular para prohibir definitivamente la megaminería, es un camino a seguir en el marco de la lucha contra el acuerdo con el FMI; por su profunda comprensión de la relación entre saqueo ambiental y el sometimiento a relaciones de coloniaje con el imperialismo, por su cuestionamiento al régimen político de conjunto (“que se vayan todos”, se cantó durante las movilizaciones masivas) y por sus métodos de organización, lucha y acción directa. Además, por demostrar lo clave que es la intervención del movimiento obrero, ya que durante el Chubutazo de diciembre fueron determinantes las y los trabajadores de la pesca, que llevaron adelante paros, piquetes y la paralización de los puertos de toda la provincia.

Por estas razones, la combativa Chubut, que dio una muestra de lo que depara en el país el avance de un acuerdo con el Fondo en términos de hambre y saqueo, así como también en lo que puede suscitar en cuanto a la resistencia y la lucha por parte de los trabajadores y las mayorías populares frente al pacto de ajuste, tiene que ser parte de la jornada nacional contra el FMI del próximo martes 8 de febrero.