La anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida no ha puesto fin al régimen de impunidad en el país.

Esa impunidad está presente (¡y cómo!) en el juicio por la masacre de Puente Pueyrredón, en beneficio de los que dieron la orden de disparar — el ex presidente Duhalde, el actual gobernador Solá y casi la mitad del gabinete de Kirchner, que en 2002 servía a otra camarilla.

En el juicio del Puente está vigente la obediencia debida al revés: quizá se castigue a los que cumplieron con las órdenes, pero no a los que las dieron.

Esa impunidad está presente también en los cuatro mil luchadores que se encuentran procesados por participar en las diversas peleas libradas por nuestro pueblo, mientras gozan de libertad los gobiernos y capitalistas hambreadores que provocan la necesidad de esas luchas.

Por sobre todas las cosas, sin embargo, la impunidad se ensaña todos los días en las ejecuciones sumarias del ‘gatillo fácil’, con las torturas en las comisarías, con los atropellos por ‘portación de cara’ o por ‘portación de vestimenta’.

No hablemos de la impunidad de los Chabán o los Alsogaray; de las estafas de IBM-Banco Nación y de IBM-DGI; de los que se llevaron hace diez años la plata de Santa Cruz; de los coimeros de la ‘reforma laboral’; de los banqueros que fugaron, en 2001, 40.000 millones de dólares y luego se vieron premiados por Duhalde y por Kirchner con una compensación de otros 30.000 millones y con una nueva deuda externa que, a diferencia de lo que ocurre con los salarios, se ajusta por inflación.

La impunidad no existe en Argentina como una serie de fenómenos aislados entre sí sino que está representada por el régimen político como tal — por su gobierno, su aparato judicial, por el entrelazamiento de uno y otro con la clase capitalista que monopoliza la economía, por la tutela impuesta y otorgada a las grandes potencias imperialistas y sus instituciones.

No es una Corte Suprema la que habrá de suprimir la impunidad instalada como régimen de organización del Estado y de dominación política de una minoría a una mayoría.

El poder político (la justicia forma parte de él) es ‘generoso’ cuando, como consecuencia de una larga lucha popular (como ha sido la lucha contra el punto final y la obediencia debida) debe echar lastre sobre el pasado; lo hace, no hace falta decirlo, para mejor preservar la impunidad en el presente.

Hasta los documentos secretos de la CIA, cuando pasan treinta años, son publicados, debido a la certeza de que el tiempo ya se encargó de diluir las peores fechorías y crímenes, sea porque sus protagonistas y responsables han muerto o gozan de senilidad inimputable, o porque el régimen político como un todo puede asimilar un pasado que se presenta distante y ajeno.

La Corte ha declarado esa inconstitucionalidad, al cabo de dos décadas, cuando la burguesía cree tener bajo control las derivaciones de la medida.

La mayor parte de los imputados se encuentra fuera de servicio, lo cual evita la posibilidad de que afecte al poder militar de turno.

Los que se vean obligados, a partir de ahora, a transitar los pasillos de Tribunales contarán con la complicidad de una justicia entrenada en el embarullamiento y con abogados aún más entrenados para ello.

Los políticos de turno buscarán sacarle lustre al fallo de cara a las elecciones de octubre, procurando que quede en el olvido la foto que los reunió con Alfonsín en la firma del acta democrática que consagró las leyes derogadas.

Hay que juzgar el fallo de la Corte sin la más mínima concesión al régimen de la opresión capitalista y de la miseria social.