Un reciente informe de la consultora privada Ecolatina revela que el crecimiento de la inflación no golpea a todos los sectores de la población por igual: el 10% más pobre del país consume casi la mitad de sus ingresos en alimentos e indumentaria, que vienen subiendo por arriba del promedio de los precios. La política inflacionaria del gobierno no solo ataca a los que menos ingresos tienen sino que lo hace de forma más virulenta, cuando más se empeñan en ajustar la asistencia a estos sectores.

Según este informe el 44% del gasto del 10% de los hogares más pobres del país se destina en Alimentos y Bebidas e Indumentaria, mientras que este porcentaje solo alcanza al 20% de los gastos del 10% de los hogares más ricos.

El mayor impacto en los sectores más pobres se debe a que mientras el IPC acumulado de los primeros cuatro meses del año asciende al 32% de inflación, el aumento en los alimentos implica un 41%: 9 puntos porcentuales más.

Los alimentos y bebidas dan cuenta del 48,3% de la inflación de los hogares más pobres, mientras que este porcentaje desciende al 20,4% en los hogares más ricos, con una mayor participación de aumentos en Educación y Restaurantes y Hoteles.

Esto se suma a las subas en las tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas, agua y transporte público) que ascienden al 15% del gasto de los hogares más pobres contra un 10% de los más ricos, debido a lo ineludible de su consumo.

El gobierno que dice venir a defender los intereses de los sectores más vulnerables desenvuelve una política de liberación de tarifas, aumentos de precios regulados, subsidios a los exportadores, etc; que no solo promueven una mayor inflación sino que perjudican a los trabajadores y jubilados, y particularmente a los sectores más pobres.

Esto se comulga con un deterioro en los ingresos salariales y populares, que también impacta en mayor medida a los hogares más pobres. Según datos del mismo informe, el salario nominal asociado a los hogares con menores ingresos creció 1,1 puntos porcentuales por debajo de los ingresos de los sectores con mayores ingresos. Esta relación acumula una diferencia negativa interanual de 13 p.p.

Comparados con la inflación, los ingresos del 60% más pobre de la población acumula una pérdida del poder adquisitivo para el primer trimestre del año. Este deterioro promedia el 5% de entre el 40% de los hogares más pobres.

Al ajuste inflacionario del gobierno se le suma el ajuste en los salarios e ingresos populares, algunos digitados directamente desde el Estado (jubilación mínima, salario mínimo, trabajadoras de casas particulares, etc.) y otros de forma indirecta con los techos paritarios y las negociaciones salariales a la baja “estimuladas” por el gobierno y sus socios.

Un programa ante la crisis

El cuadro de situación actual revela que la política oficial de controles y regulaciones de precios es una farsa para hacer pasar el ajuste, haciendo de cuenta que se hace algo mientras en verdad se promueve todo lo contrario.

Las patronales de la alimentación y las agroexportadoras imponen sus condiciones a un gobierno “sin ánimo” de afectar sus intereses. Las primeras con desabastecimiento de productos listados y/o duplicación de productos; las segundas con presiones devaluacionistas y exigencias de subsidios patronales como el dólar agro.

Las denuncias contra el hambre y la pobreza de las organizaciones de la Unidad Piquetera, como el Polo Obrero, tiene un respaldo en la estadística que se desprende de los propios datos oficiales, y son desoídas por el gobierno y la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz con provocaciones de todo tipo, para ocultar la aplicación del ajuste fondomonetarista en marcha, mientras en las provincias los gobernadores buscan sancionar regímenes más represivos contra los trabajadores que se manifiestan contra el hambre.

Pero la denuncia de la inflación no es suficiente para revertir esta situación, sino que esto amerita la aplicación de una política que priorice los intereses obreros y populares por sobre los del capital financiero y las grandes patronales, comenzando por la nacionalización del comercio exterior para evitar que los trabajadores queden sometidos a los negocios de los exportadores.

La defensa de los intereses obreros es incompatible con el pacto con el FMI y el saqueo de la usuraria e ilegítima deuda externa, programa que también condiciona las negociaciones paritarias con una huelga de inversiones patronales que demanda una reforma laboral de hecho.

Quien más expresa esta orientación antiobrera es la candidatura de Javier Milei, quien reclama una “dolarización” de la economía para que los trabajadores cobren sueldos “pesificados” y paguen alimentos en dólares. Aunque por parte de Juntos por el Cambio tampoco se quedan atrás y sus candidatos se pasean por todos los despachos patronales prometiendo eliminación de retenciones al agro y los exportadores, lo que aumentaría aún más los precios de los alimentos.

Solo el Frente de Izquierda Unidad, con la candidatura de Gabriel Solano a presidente, plantea defender los salarios por medio de una recomposición general de los mismos, el aumento del salario mínimo y la jubilación mínima por arriba de la canasta básica; y la intervención de toda la cadena de valor de alimentos y bienes y servicios de consumo masivo, bajo control de los trabajadores.

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