Políticas
11/9/2026
La inflación sigue comiendo el bolsillo popular, aunque el gobierno la festeje
Tarifas, alquileres y servicios empujan el alza de los precios mientras caen consumos esenciales.

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El 1,7% de inflación de agosto, presentado por el gobierno nacional como un “éxito”, pone de manifiesto que los precios desaceleraron -aún con subas importantes- allí donde los trabajadores dejaron de comprar, mientras los gastos inevitables siguen aumentando. La inflación núcleo incluso superó al IPC general, con un 1,8%, y vivienda y servicios fue nuevamente la categoría de mayor incremento. El ancla del gobierno no es una recuperación económica sino la destrucción de salarios e ingresos populares.
El índice medido por el Indec acumula un 21,3% en los primeros ocho meses del año y un 33,5% interanual. Es la primera reducción interanual desde abril, aunque está muy lejos de aquellos pronósticos de Milei que ubicaban para agosto una inflación de “cero coma algo”. La caída del consumo funciona como mecanismo de contención de los precios.
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron 2,8%, de un mes al otro. Educación 2,5%, salud y bienes y servicios varios 2,4% y comunicación 2,3%. En cambio, indumentaria cayó 0,6% y recreación no aumentó. Los consumos que se desaceleran son aquellos que las familias resignan a falta de dinero para seguir adquiriéndolos.
Cabe añadir que el gobierno sigue negándose aplicar la metodología actualizada de cálculo de la inflación, que reflejaría de forma más realista la incidencia de los servicios en la canasta de consumos de la población, lo que apuntaría a una inflación más alta que la reconocida.
Los precios regulados aumentaron un 2.2%. El gobierno sigue siendo el principal responsable de que tengamos unas de las inflaciones más altas del mundo.
— Gabriel Solano (@Solanopo) September 10, 2026
Tarifazos contra salarios
En lo que va del año, vivienda, agua, luz, gas y combustibles acumulan un 49% de aumento, educación 40%, transporte 38%, comunicación 36% y salud 33%. Son justamente los gastos con menor margen para ser eliminados del presupuesto familiar, mientras que para septiembre ya están previstos nuevos aumentos de colectivos y subtes, Aysa y prepagas, en una dinámica alimentada por las políticas y recomendaciones del FMI.
Se trata de números que superan ampliamente la evolución de los salarios, jubilaciones e ingresos populares, y que resultan ineludibles para las familias obreras. Solo por tomar el caso de los jubilados, tenemos que la mínima se ubicó en $435.919,96 de indigencia en septiembre y llegará a $505.919,96 con un bono de $70.000 que permanece congelado desde marzo de 2024.
En tanto los trabajadores asisten a paritarias con techos salariales fijados por el gobierno y aceptados por la burocracia sindical entreguista, mientras se impone una quita general de derechos por medio de la reforma laboral, los despidos, suspensiones y aprietes patronales de todo tipo.
Milei contra los trabajadores
La consultora Cepa señaló que la caída de las ventas continúa siendo el principal mecanismo que limita los aumentos. La política de Milei para contener la inflación es comprimir la capacidad de consumo, deteriorando los ingresos y liquidando cualquier recuperación real del mercado interno.
Mientras el gobierno festeja el dato del IPC, tenemos que la canasta básica aumentó 2,6% en agosto, por encima de la inflación general, en un dato que importa para la medición del crecimiento de la pobreza bajo este gobierno hambreados. Cada vez queda menos salario después de pagar alquiler, tarifas, transporte, salud y comida.
Milei no logró la inflación “cero coma algo” que prometió, pero sí consiguió imponer una economía empobrecida, con salarios destruidos y una bronca social que continúa acumulándose.
La Marcha de la Bronca, del próximo 19 de septiembre en todo el país, es el canal para manifestarse y luchar contra este gobierno ajustador y empobrecedor, para terminar con la crisis que se descarga sobre los trabajadores y luchar por una recomposición general de los salarios, jubilaciones e ingresos populares.




