El asesinato del chofer de la línea 620, Daniel Barrientos, ha terminado por instalar la cuestión de la inseguridad en el tope del debate político provincial. Es que el Conurbano bonaerense se ha transformado, cada vez más, en una gran zona liberada donde crecen ostensiblemente los índices de criminalidad. Y las principales víctimas de esta situación son, obviamente, las familias trabajadoras y la juventud. La causas profundas del crecimiento de la inseguridad hay que buscarlas, por un lado, en el desarrollo del crimen organizado, que tiene como cabeza a las propias fuerzas de seguridad y a la Justicia. Por el otro, en el progreso de un proceso de degradación y descomposición social sin precedentes en la Argentina.

Las vinculaciones del aparato de seguridad del Estado con el narcotráfico y las bandas delictivas son harto conocidas. No solo eso, desde su cúpula, el Estado protege a los bancos y casinos -que son los encargados de lavar el dinero sucio proveniente del crimen organizado- y mantiene privatizados los puertos por donde se exporta la droga, como sucede en Rosario. Aunque es imposible una enumeración de todos los casos que demuestran la relación estrecha que existe entre el Estado y las bandas delictivas, vale la pena mencionar, al menos, algunos de los casos más resonantes del último año en la provincia de Buenos Aires.

Recientemente, en la localidad de Villa Celina (La Matanza), quedó en evidencia la complicidad del Estado con los narcos que ejecutaron a Limbert Valero, cuando la policía se negó a desmantelar los bunkers donde se transaba la droga. A principios de marzo fueron detenidos cuatro de los nueve policías de la Bonaerense que integran las tres cuadrillas de narcotráfico de los partidos de San Fernando, San Isidro y Vicente López, acusados de amenazar, extorsionar y arrestar ilegalmente. En agosto de 2022, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, políticamente cercana al macrismo, denunció que oportunamente fue apartada por orden de Ritondo y Vidal de la investigación contra el fiscal provincial Scapolán, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías que robaban droga y extorsionaban a narcos. En abril del año pasado, luego de los allanamientos realizados en Puerta 8, el asentamiento de Tres de Febrero donde se vendía cocaína envenenada, fue detenido un subcomisario de la Bonaerense por su vinculación con algunos de los narcos arrestados.

El crecimiento y desarrollo del crimen organizado está también asociado a la degradación generalizada de las condiciones de vida de las masas. En la provincia de Buenos Aires 6 de cada 10 pibes son pobres. La juventud, privada del acceso a la educación, privada de un trabajo estable y bien pago e incluso también del acceso a un programa social -gracias al plan de ajuste implementado por el gobierno y dictado por el FMI- queda a merced de las bandas delictivas. La juventud, privada de todo, se transforma en una presa fácilmente reclutable. Se trata de un cóctel letal: mientras más crece la pobreza y la pauperización social, más se amplía el horizonte del crimen organizado y se recrudece la descomposición social. El Estado capitalista, que está “ausente” cuando se trata de garantizar trabajo, salud y educación para la juventud, está muy “presente” a la hora de amparar o encubrir a los narcos e incluso también reclutar jóvenes para la criminalidad.

Teoría conspirativa y respuesta obrera

El gobernador Axel Kicillof, con el acompañamiento discursivo del gobierno nacional, está haciendo circular la versión de que le habrían “tirado un muerto” al gobierno, con el objetivo de ensuciar su imagen de cara al proceso electoral. Se trata de un disparate que fue rápidamente desmentido por los testigos del crimen, y que solo busca ocultar el crecimiento del narcotráfico y la inseguridad en el Conurbano bonaerense. A su vez, Berni y Kicillof han tratado de presentar la respuesta combativa del piquete de los choferes como una “emboscada” y denuncian la “infiltración” de militantes del PRO en la medida de los trabajadores. Pero basta con hacer un breve repaso de los flagelos sufridos por los choferes y de las promesas incumplidas por el gobierno para comprender el caracter genuino y legítimo de la respuesta obrera.

En 2018, a raíz del asesinato del joven colectivero Leandro Alcaraz en Virrey del Pino, el gobierno provincial reglamentó la ley que establece la obligatoriedad de cámaras de seguridad en los transportes de pasajeros. A través de los subsidios, las empresas recibieron una partida extra para instrumentar lo dispuesto por la ley. Sin embargo, ni el gobierno de Vidal ni el de Kicillof fueron capaces de hacer cumplir la ley a las empresas. En octubre de 2020, ante otro asesinto, esta vez del colectivero Pablo Flores, también en Virrey del Pino, Berni prometió la instalación de las cámaras en todas las unidades en 12 meses. Pero nada de eso pasó. Los hechos mencionados son algunos de los casos más extremos. Pero a todo esto hay que sumarle centenares de robos, aprietes y amenazas de las que son víctimas sistemáticamente los choferes durante su jornada laboral.

El asesinato de Daniel Barrientos y la provocadora aparición de Berni en el piquete -para colmo portando una campera con las iniciales de su propia fuerza política- fue al gota que rebalsó el vaso. Los trabajadores agremiados en la UTA respondieron ejemplarmente. No se volcaron a hacer “justicia por mano propia”, tal cual plantea la derecha. Respondieron con el paro y el piquete, el método obrero por excelencia. La bronca y la ira de los choferes fue canalizada contra el representante del Estado, es decir, contra la institución que propicia el crimen organizado y se revela completamente incapaz de poner fin a la inseguridad ciudadana.

Demagogia derechista y planteo socialista

Es claro, sin embargo, que la derecha se vale del crimen de Daniel Barrientos y la crisis desatada alrededor del caso para amplificar toda su agitación política en torno a un programa completamente reaccionario. Los planteos de la derecha, como Patricia Bullrich o José Luis Espert, apuntan a reforzar la presencia de las fuerzas represivas, a promover la “justicia por mano propia” y reforzar el punitivismo.

Bajo este discurso, la derecha pretende presentarse como los garantes del “orden”. Digamos, de pasada, que Cristina Fernández también ha defendido la presencia de la gendarmería en el Conurbano bonaerense. Pero el programa que propone la derecha, además de que será utilizado para criminalizar la protesta social ante el ajuste recargado que proponen, ya ha fracasado para dar salida a la crisis de la inseguridad. Pues, como ya explicamos, las fuerzas de “seguridad” son parte del problema, no de la solución.

El punitivismo tampoco ha dado resultados positivos. La aprobación de las llamadas “leyes Blumberg” -que aumentaron las penas, prohibieron las salidas anticipadas de prisión y eliminaron el beneficio del “dos por uno” que le permitía a los condenados contar doble los días de prisión previos a la sentencia- no redundaron en una caída de la criminalidad. Por el contrario, la inseguridad crece al compás del desarrollo del crimen organizado y la descomposición social.

La izquierda debe intervenir en la crisis desenvolviendo un programa socialista frente a la crisis de inseguridad, que es una expresión más de la descomposición del régimen capitalista. De no hacerlo, la izquierda le deja el terreno libre a la demagogia derechista. Junto con la agitación por echar a Berni y a todos los represores, es necesario plantear la necesidad de desmantelar a la Bonaerense y las fuerzas represivas, y la constitución de una nueva fuerza de seguridad basada en el poder de la clase trabajadora. Junto con ello, es necesario plantear la nacionalización bajo control obrero del sistema bancario y los casinos, que es donde se lava el dinero del crimen organizado.

Hay que apuntar a la cabeza del problema. Como iniciativas urgentes -además de la implementación de las medidas preventivas como las cabinas de seguridad en los colectivos, o la urbanización e iluminación de los barrios, etc.- es necesario exigir la construcción de centros de atención de adicciones para los jóvenes y reforzar la organización independiente de la clase trabajadora y la juventud en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios, por todas las reivindicaciones urgentes de las masas: salario, trabajo, educación, salud, etc. La organización obrera es el mejor escudo contra el progreso de la criminalidad y la descomposición social.

La lucha contra la inseguridad es, en definitiva, una lucha contra el capitalismo y su Estado.

https://prensaobrera.com/politicas/el-significado-del-que-se-vayan-todos-de-los-choferes

https://prensaobrera.com/sociedad/berni-persigue-a-los-choferes-en-lugar-de-responder-sus-demandas