La envergadura que está tomando la movilización del próximo martes convocada contra la “inseguridad, la impunidad y la injusticia” está en relación directa a la creciente descomposición del aparato del Estado.

Como nunca antes, ha quedado en evidencia que la base de todos los agravios y atropellos contra la población radica en el entrelazamiento del aparato del Estado, ya sea la Justicia, las fuerzas de seguridad o los partidos políticos, con el crimen organizado en sus diferentes vertientes. El carácter sistémico de la crisis se prueba en el hecho de que este crimen organizado se ha transformado en una rama más de la economía capitalista, que se desarrolla más velozmente que otras porque ofrece una tasa de beneficio superior a la media.

Los convocantes de la manifestación,  que incluyen a víctimas de distintos casos resonantes de los últimos años, desde familiares de la masacre de Once a personas que sufrieron hechos graves de inseguridad ciudadana, han hecho un esfuerzo por  acercarse a esta caracterización. Por eso han llamado a una lucha de conjunto contra “las tres I”, o sea la inseguridad-impunidad-injusticia, mostrando que incluso no puede separase la cuestión de la inseguridad ciudadana de la impunidad del aparato del Estado y su sistema judicial. Debe ser valorado que hayan realizado declaraciones periodísticas delimitándose de los reclamos clásicos de “mano dura”, con los que la derecha busca explotar los hechos de inseguridad para reforzar un Estado policial.

Sin embargo, al omitir en la convocatoria una crítica directa al gobierno macrista han abierto la puerta para que éste pueda usar la manifestación en su beneficio, tanto para ajustar cuentas en sus choques palaciegos con sectores de la Justicia o de las fuerzas de seguridad, o ya sea para presentar las medidas represivas que tiene en ejecución como si fuesen la respuesta a una demanda ciudadana. Es lo que ha hecho el ministro Garavano, al decir que le parece bien que la población se movilice. La Iglesia ha metido la mano para quitar al gobierno de la línea de fuego de la convocatoria, valiéndose la influencia que ha alcanzado sobre muchos familiares.

Está por verse, sin embargo, que el gobierno pueda zafar del impacto que tendrá una manifestación masiva. Aunque en este terreno también busque responsabilizar a la `herencia recibida`, las denuncias por su accionar llegan incluso desde su propia interna. Carrió ha denunciado que el jefe de la Bonaerense es un narcotraficante y que en la ex SIDE se mantiene el mismo elenco que hizo y deshizo en la última fase del kirchnerismo. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo ha sepultado la promesa de una nueva policía comprando llave en mano la mafia de la Federal, con sus comisarías recaudadoras del narco, la prostitución y otro tipo de delitos.

De más está decir que la línea de acercamiento a intendentes y gobernadores del PJ que está ensayando el macrismo de cara a las elecciones del 2017 conlleva una negociación con el aparato delictivo más importante del país. La defensa de la `gobernabilidad` supone la preservación de estructuras y mafias. Esto incluye, por supuesto, el encubrimiento de los abusos policiales y del ´gatillo fácil´, que lleva cobradas más de 4000 víctimas desde 1983 a esta parte. El silencio cómplice del gobierno frente a la brutal –y documentada- agresión de agentes de Prefectura contra dos adolescentes integrantes de La Garganta Poderosa, en la villa 21-24, es inseparable del reforzamiento represivo incluido en la hoja de ruta oficial.

Es necesario advertir que si el movimiento de lucha de los familiares, muchos de los cuales han librado batallas ejemplares contra la impunidad, la injusticia y la inseguridad, no toma nota de esta situación pueda caer bajo las redes de cooptación del propio Estado. Tendríamos una réplica de la cooptación kirchnerista, pero ahora llevada adelante por un gobierno derechista.

Para enfrentar esta cooptación es necesario desarrollar a fondo un programa que apunte contra el propio Estado y las mafias que lo manejan. Este debe plantear la remoción del poder judicial y su reemplazo por jueces y fiscales electos y revocables por la población; el control de la población sobre las fuerzas de seguridad, empezando por las propias comisarías; la nacionalización del juego en todas sus variantes, como salas de casinos y bingos; la estatización de los puertos privados, que utiliza el narcotráfico para importar y exportar droga; la nacionalización del sistema financiero, para terminar con el lavado de dinero del delito organizado.