Cuando faltaban minutos para el inicio del ‘receso invernal’, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Neuquén (con la firma de 4 integrantes sobre 5) dio a conocer un fallo por el cual se rechaza el reclamo de devolución del 20% de zona a una docente.

Esa rebaja la impuso Sapag vía decretazo a partir del 1º de enero del ‘96, y después por vía de modificar la ley de remuneraciones en el ‘98, con el voto a favor de la bancada radical.

Estos mismos jueces habían fallado, en su momento, que los decretos de diciembre de 1995 eran inconstitucionales (esto obligó a modificar la ley en el ‘98, para darle ‘legalidad’ a la rebaja). Luego fallaron a favor de un reclamo de restitución del 20% de zona realizado por un jubilado.

Más de 10.000 estatales y docentes tienen causas en proceso judicial con similar reclamo. Por eso este nuevo fallo del Superior Tribunal es un balde de agua fría.

El fallo del STJ no sólo contradice los fallos anteriores, sino que pretende sentar jurisprudencia afirmando que fue aprobado en el presupuesto del año ‘97 en la Legislatura (en octubre de ese año).

Pero hay más... pasen y vean

Cuando a principios de 2000 el gobierno de Sobisch presentó su proyecto de ley de ‘emergencia’, con el objetivo de rebajar salarios y despedir estatales, lanzó a la par una campaña por la reforma constitucional. Entre otras cosas se proyectaba "que las remuneraciones de los jueces estén sujetas a las disminuciones que se disponga por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los poderes del Estado" (Río Negro, 4/5).

Ante el rumor, el STJ declaró que ni siquiera la reforma de la Constitución Provincial podía rebajar los salarios de los jueces.

Los jueces neuquinos acaban de ganar un juicio recurriendo a esa ‘intangibilidad’, que le significó a cada uno el cobro de sumas de entre 300.000 y 500.000 pesos. "El Estado neuquino ya pagó una suma millonaria por el reclamo que en la década del ‘80 y por la inflación inició un grupo de magistrados" (ídem).

Lo que lleva al paroxismo esto de la ‘intangibilidad’ es que sobre esas sumas el Estado neuquino tuvo que reclamar aportes por conceptos que los jueces ¡cobraron ‘en negro’! (ídem).

El vocero de los magistrados dijo en esa oportunidad: "A ningún trabajador se le puede bajar el sueldo..." (textual).

Con salarios que según la antigüedad rondan los 10.000 pesos por mes, jueces y magistrados viven en el ‘paraíso... fiscal’. Y no es una metáfora. Hace poco una investigación de la delegación local de la AFIP determinó que los countries, donde viven varios jueces, figuran y tributan al fisco como... zonas baldías.

Hay más, hay más

Otra investigación, esta vez periodística, encontró que las zonas ribereñas de los más hermosos lagos cordilleranos de la provincia de Neuquén están ocupadas y cercadas por suntuosas casas de fin de semana. Muchas de ellas pertenecen a magistrados locales (y a comerciantes, funcionarios, etcétera).

Eso sí, todos ellos han pagado por la adquisición de esos terrenos fiscales (no es para menos). Y la investigación agrega que, dado el "vacío legal" existente, esos terrenos de propiedad pública en los lugares mas bellos del planeta, pasaron a manos privadas a razón de... ¡4 pesos por metro cuadrado! Sí, está bien escrito. El equivalente a dos atados de puchos por metro cuadrado.

Eso sí, cuando centenares de parejas jóvenes hacinadas en las barriadas obreras con sus padres deciden tomar terrenos en las zonas más inhóspitas de las bardas (sin luz, agua o gas), estos mismo jueces, con una celeridad digna de mejor causa, dictan las órdenes de desalojo so pretexto del ‘bien común’ y el ‘orden público’. O como ocurrió ahora con los compañeros de la Toma Altos del Neuquén, "por invadir espacios verdes públicos".

Disparen contra el Superior Tribunal y contra la Legislatura antiobrera también

Ante la noticia del fallo del STJ, un plenario de urgencia convocado por ATE decidió movilizar el viernes 28.

Pero la movilización no debe circunscribirse al Superior Tribunal. La Legislatura (compuesta por las mismas fracciones que aprobaron el presupuesto del ‘97 y la modificación a la ley de remuneraciones en el ‘98) también debe sentir el rigor de los trabajadores movilizados.

Además, esa misma Legislatura, en unidad de criterio entre oficialismo y ‘oposición’, se apresta a abrir un proceso de 2.000 ‘jubilaciones anticipadas’ forzadas y compulsivas, cuando ya existen centenares de estatales en situación de ‘disponibilidad’, a los que se les niega la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de tarea.

Esas ‘jubilaciones’, además, bajo el cuento de la desfinanciación de la Caja, van acompañadas de un aumento del aporte de los trabajadores activos a la jubilación, es decir, una forma de rebaja salarial que no es inferior al 4%. En el mismo momento que aumenta la electricidad un 27% y cae estrepitosamente el nivel de consumo de la población.

Entre el STJ, la Legislatura y los trabajadores hay una frontera de clase que no se cierra con ninguna ‘concertación’ o ‘consenso’.

Es ellos o nosotros. Esto realza aún más la oportunidad y necesidad del Congreso de Delegados del próximo 4 de agosto y del funcionamiento de los Comités de Huelga en cada localidad.