La brutalidad del ataque realizado ayer por Macri contra los trabajadores que realizan juicios en defensa de sus intereses, acusándolos de ser los responsables del cierre de empresas y de la correspondiente pérdida de puestos de trabajo, condensa el carácter descaradamente pro capitalista del gobierno encabezado por un patrón que se declara defensor de los intereses de todos los de su clase.

 

Esa insólita acusación fue formulada cuando, en el año y medio que lleva de gestión el actual gobierno, hubo centenares de fábricas chicas, medianas y grandes que cerraron sus puertas y dejaron en la calle a decenas de miles de trabajadores sin que, entre las razones de esa decisión, pesara ningún juicio laboral.

 

Macri la llevó a cabo la embestida antiobrera durante la jura del nuevo canciller (Jorge Faurie) y ante los principales empresarios de la Argentina que presenciaban la ceremonia. A ellos les habrá sonado como una música celestial que el presidente se despachara contra la “industria del juicio” y contra los obreros que litigan por sus derechos, “instigados” por “un grupo de estudios laboralistas” acompañados de otro “minoritario” de jueces que –según la interesada interpretación del empresario de la Casa Rosada- les darían la razón a los trabajadores, aunque no la tuvieran.

 

Es falso que haya una “industria del juicio”. Antes bien, hay una “industria del accidente de trabajo”, en buena medida como resultado de las condiciones inseguras de trabajo que trae aparejada la desidia patronal y la superexplotación laboral. En 2016, se produjeron 660 mil accidentes laborales y hubo apenas 127 mil juicios (que, por otra parte, se extienden por años), como señaló Néstor Pitrola en la sesión en que se votó la reforma de la ley de ART.

 

Las declaraciones de Macri son parte de la ofensiva oficial y de los gobernadores de todo pelaje, de liquidar conquistas históricas de los trabajadores e incrementar los beneficios empresarios. La UIA, por boca de su vicepresidente Daniel Funes de Rioja, salió rápida y calurosamente a apoyar los dichos de Macri y redobló la apuesta: el sistema de juicios laborales –dijo- "es perverso" y “frena la llegada de inversiones extranjeras al país”. José Urtubey, hermano del gobernador salteño y también dirigente de la entidad empresaria, fue claro: “Hay que seguir trabajando en la línea de la ley de ART para poder recuperar competitividad", es decir, más beneficios para los capitalistas y mayor superexplotación obrera.

 

El de la “industria del juicio” fue el mismo argumento que utilizó el gobierno macrista –y, a su turno, también el del PJ cordobés de Juan Schiaretti- cuando modificaron la ley de ART –con el apoyo de la burocracia sindical K- para dificultar, retrasar y reducir aún más las miserables compensaciones que pueden cobrar los trabajadores que sufren accidentes de trabajo.

 

El mismo Macri, a mediados del año pasado atacó el “ausentismo” y “la industria del juicio” y propuso como la salida a la crisis actual “el aumento de la productividad”. Está claro que, detrás de estos planteos está el objetivo de  impulsar una profundización de la explotación de los trabajadores y el incremento de los beneficios de los capitalistas, con una nueva reforma reaccionaria de toda la legislación laboral.

 

Es también parte de la argumentación esgrimida contra los jueces del fuero laboral, a los que pretende desplazar porque han fallado a favor de los trabajadores o de las entidades gremiales en temas críticos para el gobierno como la devolución de los haberes descontados a los docentes por los paros o a favor del convenio de los bancarios que superó el tope pretendido por el gobierno.

 

En el ataque de ayer, Macri hizo el centro en la figura del diputado kirchnerista Héctor Recalde, a quien acusó de ser el eje del “grupo de estudios” que junto al de los jueces supuestamente venales, formarían la “mafia de los juicios”. En un aspecto más, el gobierno utiliza la coartada del ataque a representantes del kirchnerismo para golpear sobre los trabajadores.

 

Los representantes sindicales de los K, de la CGT y la CTA han permitido que pasen en sus respectivos gremios (Pianelli, del Subte) distintas medidas de racionalización y superexplotación de los trabajadores y las bancadas K han apoyado decenas de leyes antiobreras promovidas por el PRO. Además, ya en el 2010, Cristina Kirchner planteó el mismo objetivo de “liquidar la industria del juicio”, en el marco de una ofensiva destinada a limitar los reclamos por accidentes del trabajo (ley de ART).

 

Más allá de su carácter electoralista, este ataque de Macri al titular del bloque kircherista en Diputados, esconde el objetivo principal que es pavimentar el camino de un nuevo ataque a las condiciones del trabajo obrero.

 

Defendamos todas las conquistas alcanzadas por años de luchas. En ello va la salud y la vida de los trabajadores y sus familias.