El Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST (fuerzas integrantes del Frente de Izquierda – Unidad) realizaron esta tarde un acto frente al Congreso, mientras se debatía en la Cámara de Diputados la ley ómnibus impulsada por el gobierno que –entre otras medidas- liquida la movilidad jubilatoria por 180 días.

La diputada nacional del PO-FIT Romina Del Plá, que minutos antes había intervenido en la sesión, denunció que “no estamos frente a ninguna medida de solidaridad ni de reconocimiento de los jubilados que menos ganan, ni de preocupación por los desocupados o por la niñez (que está bajo la línea de pobreza) sino que estamos frente a un proyecto para garantizar rigurosamente el pago de la deuda usuraria y fraudulenta al FMI, a los acreedores internacionales privados, a los banqueros, y de paso darle un marco de legalidad a todos los negociados de la deuda del gobierno macrista”.

También dijo que la ley “es un reconocimiento de los tarifazos. Congelamiento quiere decir reconocer todos los aumentos de  tarifas”. “Y meten una doble indemnización –añadió- cuando ya los despidos se produjeron”.

Se refirió, además, a las críticas del kirchnerismo contra la izquierda por su posición contraria a la ley ómnibus. “Esta idea del ‘juequito a la derecha’ que tuvimos que aguantar estos días la vamos a tener que responder con mucho rigor. Una vez más el nacionalismo burgués nos viene a contar la historia de los pobres. Cuando los que enfrentamos a la derecha durante 4 años de gobierno macrista fuimos nosotros. Por eso tenemos a César Arakaki procesado, por eso estamos reclamando contra el procesamiento de Daniel Ruiz [ambos sometidos a juicio por luchar contra la reforma previsional de diciembre de 2017].  Por eso reivindiqué en la sesión el 18 de diciembre de 2017 y el 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando echamos a De la Rúa y a Cavallo. Una vez más estamos discutiendo las consecuencias de las privatizaciones de las jubilaciones con Menem-Cavallo. Y recordé que cuando fue la asunción de Alberto Fernández lo tenían a Menem sentado en la primera fila, le rendían pleitesía. ¿Y ahora nos vienen a contar los problemas del sistema jubilatorio los que avalaron la privatización y el saqueo de los jubilados y la reducción de los aportes patronales, que por supuesto no quieren volver a reponer?”.

También criticó a la CTA, cuyo diputado “no abrió la boca” en el plenario de comisiones para denunciar que estaban saqueando a los docentes (en alusión a Hugo Yasky). Contrapuso esta actitud con la rebelión de sindicatos combativos como AGD-UBA y Ademys que salieron en defensa de los regímenes especiales.

Llamó a romper con el FMI y abrir un “curso de salida independiente para los trabajadores en Argentina y América Latina”.

La ley que está discutiendo el Congreso “no es para atender las necesidades de los sectores populares”, dijo la compañera del MST, Celeste Fierro. En el camino contrario de la misma, si se quiere atacar la pobreza –dijo- “tiene que establecerse un ingreso mínimo para jubilados y trabajadores que sea equivalente al costo de la canasta familiar”.

“El gobierno dice que apunta a beneficiar a los sectores más perjudicados, ¿y qué pasa con los jubilados que cobran por encima de $19.000? ¿Acaso ellos no necesitan aumento?”, planteó Fierro y añadió: “tenemos que dejar de ser los jubilados y los trabajadores los que paguemos la crisis; no podemos dejar pasar esta ley. Y no podemos permitir que el macrismo quiera aparecer como oposición cuando han sido ellos los que provocaron este cuadro de crisis”.

“Como los pueblos de Mendoza, de Chubut, vamos a estar en la calle por todos los reclamos populares, por el derecho a decidir, por el aborto legal y gratuito. Vamos a ser la alternativa para los trabajadores, quienes van a tener a la izquierda en primera línea de lucha”, concluyó.

“Tenemos un debate con los compañeros que votaron a este gobierno y nos preguntan cuál es el objetivo del acto. Y les decimos: es para oponernos a la Ley de Emergencia que el gobierno envió al Congreso, porque esta ley no tiene nada que ver con beneficiar a los que menos tienen sino que es para beneficiar a las mineras, a las petroleras”, dijo Juan Calos Giordano, de Izquierda Socialista y añadió que por eso “tiene el apoyo de los empresarios, de la Iglesia y hasta de los gobernadores macristas”. 

Giordano añadió que “eso es una muestra de que tenemos razón. Detrás de los $5000 de diciembre y enero para los que cobran la mínima se esconde un golpe para todos los jubilados porque  después de eso se vuelve para atrás con jubilaciones de $14.000 cuando el costo de la canasta supera los 38000 pesos”.

“Prevén congelar los aumentos de las jubilaciones con el argumento de que no los pueden pagar, pero bajan el impuesto a la renta financiera y le reducen las retenciones a las petroleras y a las mineras”, planteó Giordano y acotó que, además, el proyecto de ley, en el artículo 57, plantea que el gobierno puede tomar préstamos por u$s 4500 millones con letras para pagar deuda cuando con ese dinero se podrían construir 90.000 viviendas populares y reactivar la economía. El gobierno así, en lugar de poner plata en los bolsillos de los trabajadores la coloca en los bolsillos de los usureros internacionales”.

Finalmente planteó: “nosotros decimos  que hay que romper con el FMI. El que le hace el juego a la derecha es el gobierno que le quita la plata a los jubilados. Que no se pague la deuda externa”.