No es la primera vez que las fuerzas políticas firman un Acta “democrática”, como la suscripta el 19 de abril en la Casa Rosada. En los últimos 20 años a través de las Multipartidarias, el bloque de los 8, el Círculo de Prensa, las multisectoriales, la burguesía ha buscado en los momentos de aguda crisis alinear a las fuerzas políticas detrás de la defensa del Estado burgués y privar de toda perspectiva independiente a las masas trabajadoras. La izquierda (JP, PC, Mas) se sumó a ¡os planteamientos de la burguesía con el remanido principio de la defensa de las “instituciones” estableciendo una solidaridad de principios con el Estado capitalista. Esta solidaridad los llevó incluso a posiciones vacilantes y cómplices con los peores golpes militares.

El domingo 19 de abril se firmó en la Casa Rosada el “Acta Democrática” cuyos puntos resumen la defensa de principios del Estado burgués opresor y la capitulación ante la sublevación militar. El “Acta” enmarca la política frente a la crisis militar dentro del cuadro de la defensa de las fuerzas armadas del capital. Pero un hecho de estas características no es inédito en la reciente historia del país. La Junta Consultiva de 1955, para darle cobertura civil al golpe “libertador”; la Asamblea de la Civilidad, inventada por Balbín en 1962 para “sostener” el derrocamiento de Frondizi y el desconocimiento de las elecciones de marzo de ese año, ganadas por el peronismo; el pacto lllia-Perón en 1967, para negociar la «institucionalización” post-Onganía; todos estos “contubernios” fueron los primeros antecedentes políticos de la política de las Actas Democráticas.

La historia reciente de este pactismo, sin embargo, arranca con La Hora del Pueblo (1971), un pacto entre Lanusse, Balbín y Perón para dar una salida a la situación revolucionaria creada a partir del “Cordobazo”. Con motivo del primer retorno de Perón, en 1972, esta acción cobra mayor vuelo al envolver a la totalidad de las fuerzas políticas. Es que, a partir de aquí, con una frecuencia que se acelera junto a la propia crisis política, las “actas” y los bloques se suceden, siempre con el propósito de privar de toda perspectiva propia a las masas populares y siempre bajo el signo de la impotencia y la capitulación ante la reacción y el imperialismo.

De la Multipartidaria al bloque de los 8

En 1972, ante la total crisis de la dictadura militar, la burguesía, con el apoyo del imperialismo puso en marcha una “institucionalización” que, esta vez, tenía la novedad de que incorporaba al peronismo a través de un gran acuerdo nacional (GAN). El peronismo reaccedía al poder con el apoyo del imperialismo yanqui y de las fuerzas “vivas» de la burguesía, centrales empresarias, partidos políticos y el clero, como única fuerza con autoridad para disciplinar al proletariado y a las masas, en rebeldía a partir del “Cordobazo” (1969).

La reconciliación con Perón tuvo su bautismo en la multipartidaria celebrada en el restaurante Niño, en Vicente López, en oportunidad de su presencia en Argentina, y estuvo precedida por la constitución de “La Hora de los Pueblos”, una entente radical-peronista creada para apuntalar la institucionalización encarada por Lanusse.

La izquierda apoyó este proceso político patronal. Él PC apoyó el llamado a la institucionalización. Luego de formar con Alende y la D.C. la APR, cuando Perón desplazó a Cámpora del gobierno, llamó a votar directamente por Perón-lsabelita. El PST (antecedente del Mas), por su parte, mantuvo su individualidad electoral, pero también apoyó la «institucionalización” alegando que ésta era una conquista democrática.

La vigencia del GAN se manifestó claramente en la primera crisis política provocada por el desplazamiento de Cámpora, a través de un semigolpe de Estado planificado por Perón y la burocracia sindical. La burguesía apoyó el desplazamiento de Cámpora y los ‘esfuerzos de Perón por poner en vereda a la clase obrera. Hacia fines de 1973 se dictaron las órdenes y circulares que darán nacimiento a las tres A.

Como parte de estos planes, a fines de febrero de 1974, se produjo en Córdoba la sedición policial conocida como «navarrazo”. La policía y bandas armadas de la derecha peronista coparon la ciudad y detuvieron a los gobernadores Obregón Cano y Atilio López.

Este asalto a la ciudad tenía el apoyo de Perón, quien de este modo armaba una acefalía provincial que permitiría justificar la intervención de la provincia.

El radicalismo negoció con Perón la salida parlamentaria a la crisis; acordándose, finalmente, limitar la intervención al Poder Ejecutivo provincial, lo cual fue facilitado por Obregón Cano y Afilio López que renunciaron a sus cargos.

El “navarrazo” era profundamente, minoritario, lo cual ya estaba demostrado por la forma sinuosa que adoptaba para lograr la Intervención provincial. La huelga general para aplastarlo fue, sin embargo, frenada por la oposición radical, los montoneros y sus gobernadores, y por el PC y los dirigentes sindicales de Córdoba que lo seguían. La huelga general, una repetición del “Cordobazo”, fue el único “peligro» real que todos los partidos procuraron evitaren aquellos días.

Fue en este momento que se celebró una reunión de Perón con Balbín, acordándose celebrar una reunión con todos los partidos en la residencia de Olivos. A la salida, los 8 partidos que concurrieron a la entrevista suscribieron un documento que, según el PC, “fue discutido amplia y democráticamente en varias jomadas de muchas horas, en un proceso que llevó de las ideas centrales a un primer proyecto, a su pulimiento posterior, luego a un nuevo proyecto y a la forma definitiva aprobada” (Nuestra Palabra, 3/4/74).

El documento decía que “los momentos difíciles que esperan a la República como consecuencia de su enfrentamiento a los poderes que desde antiguo la han sometido se superarán victoriosamente con una acción solidaria de los sectores que respeten la voluntad mayoritaria y popular expresada en los comicios por la liberación…”. La esencia del documento era un apoyo al gobierno que había apoyado el «navarrazo” y que estaba organizando las AAA. El documento eludía ¡la condena y hasta la mención del “navarrazo”! y„ lógicamente, no planteaba ninguna acción práctica presente o futura contra la derecha. ¡Como que el resultado fue que un navarrista, el mayor Lacabanne, fue nombrado interventor federal!

Que el PC firmara esa declaración no era ninguna sorpresa, puesto que consumaba su histórico anhelo de formar un sólido bloque con la burguesía. Pero al lado de los otros 7 partidos, apareció la firma del PST. Durante varias semanas, el semanario del PST “Avanzada Socialista» defendió con uñas y dientes esa firma, con el argumento de que la defensa de la institucionalización era democrática en su contenido, y que al hacerlo no estaba defendiendo al régimen sino a las libertades democráticas conquistadas por las masas. Esta “justificación» era de por si su propia condena. Este bloque de 8 partidos dio un aval “democrático” al gobierno de la represión, incluido el navarrazo, y al acuerdo sellado entre la UCR y el PJ de desplazar a los gobernadores O. Cano y A. López.

Tanto el PC como el PST argumentaron que se imponía defender el orden constitucional ante el peligro de un golpe de estado. Pero en febrero de 1974 no estaba planteado un golpe contra Perón porque el imperialismo y la burguesía lo apoyaban y en especial apoyaban sus esfuerzos por disciplinar sus filas internas y aplastar al proletariado. Lo que correspondía era impulsar la huelga general contra el “navarrazo”, denunciar al régimen institucional y la capitulación “democrática”. Pero inclusive ante un golpe militar es un crimen la solidaridad política con la burguesía para la cual el golpismo es un mal menor en tanto que la movilización revolucionaria, contra el golpe es el mal supremo.

Luego de varios meses, “Avanzada Socialista” en una pequeña nota “aclaró” que el PST no había firmado el documento de los 8, atribuyendo el error al Consejo de Redacción de su propio periódico. Esta “aclaración” tardía no podía alterar el hecho de que el PST defendió en polémica publícala firma de ese documento y que el mismo coincidía como dos gotas de agua con su política de “defensa de la institucionalización.”

Huelga de junio-julio de 1975: el bloque de los 9

La muerte de Perón aceleró las tendencias disgregadoras de su gobierno. Perón no había podido acabar con la movilización en momentos que la crisis económica mundial e interna dislocaban aún más el precario equilibrio del año 1973. Ante el “vacío» dejado por la muerte de Perón, la burguesía apuntaló la sucesión de Isabel, lo que contó con el apoyo de la J.P., el PC y el PST (“El Socialismo de los Trabajadores., luchará por la continuidad de este gobierno, dijo Coral, porque fue elegido por la mayoría de los trabajadores argentinos y porque permite el ejercicio de algunas libertades democráticas” —Avanzada Socialista N° 125,15/10/74; “Hoy…una vez más, inmediatamente después de la muerte del general Perón, repetimos nuestro sostén al ‘proceso de institucionalización’ contra los ataques de la derecha golpista» — Avanzada Socialista, 22/7/74). Se fortaleció el terrorismo de la AAA y la fracción de López Rega copó el gobierno.

El gobierno, en junio de 1975, decidió lanzar el “rodrigazo”» un espectacular aumento de precios y tarifas del orden del 100% luego de homologar los convenios por el 40%. En esas condiciones estalló una poderosa huelga general al margen de la burocracia que se mantuvo durante varias semanas y que obligó al gobierno a rever los convenios.

Ante esta espectacular crisis del gobierno de Isabelita, se reconstituyó el bloque de partidos, esta vez con la incorporación del Partido Auténtico, por lo que pasó a denominarse bloque de los 9.

El 18 de junio de 1975, 9 partidos de la Capital Federal suscribieron un documento para “aventar definitivamente la violencia terrorista en sus distintas formas, signos ideológicos, orígenes o procedencias”, y en respaldo a la “continuidad institucional”. Este documento constituía un acuerdo principista y estratégico puesto que defendía incondicionalmente al Estado burgués, ponía en el mismo plano a la “violencia” de ambos signos y encubría la acción terrorista y represiva del gobierno y las fuerzas de seguridad. Este bloque: a) desviaba la lucha obrera que con su huelga cuestionaba al Estado hacia una variante de recambio y recomposición de la burguesía; b) no efectuaba ni proponía ninguna acción práctica contra el terrorismo derechista y la represión gubernamental; c) se inscribía dentro del planteamiento fundamental lanzado por Balbín de recuperar el “monopolio de la represión por las FFAA”, planteamiento que constituirá luego la base política del golpe de Videla.

El PST firmó esta vez el documento con reservas. Aclaró de inmediato que “en la reunión todos los partidos suscribieron un pedido de formación de una Comisión de Investigación Parlamentaria. Nuestro Partido (PST) también lo hizo, aunque aclarando que discrepa con los considerandos de dicho pedido» (AS, 21/6/75). El PST inauguró la política de las “reservas” que ahora sigue el PC con relación al “Acta” de Pascuas. Pero, así como las reservas respecto a ésta solo demuestran que el PC firmó con toda conciencia el “Acta Democrática”, las “reservas” del PST con los considerandos no alteran que se alineara detrás de las variantes burguesas que luchaban desesperadamente contra la huelga general de junio y julio de 1975. Ese mismo día, el 18 de junio, esta vez sin aclaración posterior, el PST suscribió otro documento, esta vez en Avellaneda, junto al Pl, el Partido Revolucionario Cristiano, el PS Democrático y el PSA, donde se repudiaba “al terrorismo, cualquiera sea su origen, su signo ideológico y sus propósitos” y se reclamaba “que los organismos de seguridad deben adoptar medidas para terminar con las actividades de grupos armados…”.-Nuevamente el reclamo balbinista, genocida y pro-golpista de que las FFAA entraran en acción bajo pretexto del accionar foquista.

También en Avellaneda, el PC suscribió un documento junto a las 62, el PJ y la UCR, de condena al “terrorismo de cualquier signo”.

El denominador común del PC y del PST era la defensa de las “instituciones”, el apuntalamiento de los recambios burgueses en discusión, y no el desarrollo de la huelga general contra las “instituciones” y contra los recambios en ciernes.

Fue en ese momento que el PC planteó la formación de un gabinete cívico-militar, o sea, la incorporación del alto mando al gabinete. El PST, por su parte, lanzó el planteo de que se eligiera un senador “obrero” (de la burocracia terrorista de las 62) como Presidente del Senado para éste quedar en la línea de sucesión institucional en caso de renuncia de Isabel. “En el Congreso podemos triunfar” (30-6-75) decía el PST; nos “ha reconfortado leer —agregaba— que el bloque sindical de la CGT en la Cámara de Senadores y Diputados apoyado por el Frejuli, la UCR y todos los representantes partidarios apoyan nuestra lucha…” Ambas posiciones eran variantes que luego se llevaron a la práctica primero con la Presidencia interina de Luder, en tanto Presidente del Senado, y luego con el golpe militar, variante extrema del gabinete cívico-militar propuesto por el PC.

El golpe de Videla: la institucionalización de nuevo

El PC y el PST acompañaron los pasos de la burguesía que condujeron al golpe militar. El PC, es sabido, calificó a Videla-Viola como el generalato “democrático”. No muy diferente fue la caracterización del PST. Primero, sos-tuvo que era “impresionista” la posibilidad de un golpe militar, basado también en que Videla era “institucionalista” y esto dicho como desenlace del golpe de Capellini (diciembre de 1975). Cuando el golpe se produjo, fiel a esa caracterización, dijo que no tenía como destinatario a la clase obrera, sino a la guerrilla, y que se trataba de “la dictadura más democrática del cono Sur” (La Yesca, mayo de 1976, N° 1) Hasta mayo de 1978, esto es, hasta después de dos años de instalado el régimen militar, el PST sostuvo que el gobierno de Videla no era ni objetiva ni subjetivamente contrarrevolucionario porque su propósito era restaurar la “democracia”, es decir, que era un golpe que estaba en la línea de la “institucionalización”, al estilo Lanusse. (Léanse estas dos citas para ver cómo el Mas necesita un congreso “autocrítico” como el que hizo el PC: “…En relación a la otra cuestión —dice Cambio, año 1, N° 1, mayo de 1976— es cierto que, en líneas generales, se ha respetado a los delegados obreros. Pero algunas detenciones, algunos despidos, ciertas amenazas y la persistencia de un terrorismo de ultraderecha, cuya autoría sigue sin establecerse, dejan en pie la posibilidad de una persecución generalizada contra el activismo obrero…»; La Yesca N° 2, pág. 2, junio de 1976, considera “que el asesinato do muchos militantes anónimos no resultó suficiente; ahora están los cadáveres de Michelini, Ruiz y Torres para probar que existe y actúa una ultraderecha criminal —llámense Centuriones de la Libertad o como sea— continuadora de la práctica de la triple A y, como ‘O Globo’ cree, tal vez conectada internacionalmente en el Cono Sud, y el gobierno argentino tiene la responsabilidad de investigarla, desnudarla y combatirla”.

La orientación, tanto del PC como del PST, fue la de empujar a la burguesía, incluidas las FF.AA., a propiciar una “apertura política”. Este giro, finalmente, se produjo a mediados de 1981 con la crisis por la sucesión de Videla. A mediados de 1981, Balbín tomó la iniciativa de convocar a la Multipartidaria a fin de elaborar una «transición» con las FF.AA. de retorno supergradual a un régimen constitucional. La Multipartidaria lanzó entonces una “Convocatoria al país”, donde sostenía que “el destino nacional no debe ser trazado por un solo sector sino por el conjunto de la Nación” y de que “todos debemos asumir nuestros errores” en pos de una “reconciliación” nacional.

Este documento no fue suscripto ni por el PC ni por el PST, pero ambos so-licitaron su ingreso a la Multipartidaria. El PC lo hizo en forma abierta mediante el apoyo al conjunto de los planteos. El PST lo hizo en forma más elegante, con el argumento de que coincidía con el planteo del documento referido a la “vigencia de la Constitución de 1853” es decir, con un pedazo de papel que ha sido utilizado para las más infames componendas. Esta Multipartidaria fue la base política de la institucionalización de Bignone: es decir, del compromiso político de todas las fuerzas burguesas con la dictadura, de preservación del cuerpo de oficiales responsable de la represión genocida y del pago riguroso de la deuda externa.

1983: la faceta democrática de la burguesía

La crisis de las Malvinas aceleró los planes de la institucionalización de la burguesía, ante la completa bancarrota de la dictadura militar. Esto fue arreglado con el imperialismo y contó con el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas de la burguesía. El pasaje al régimen constitucional debía servir para reconstruir la dominación burguesa sobre todas las instituciones (en especial FF.AA.) en crisis.

El PC impulsó a fondo el acuerdo con los militares a través de su exigencia de que se suscribiera una “concertación cívico-militar”. El MAS, entonces de reciente constitución, a través de una solicitada planteó que “no tiene agravios y si profunda solidaridad con todas las fuerzas democráticas que exigen la recuperación del estado de derecho”. Ambas fuerzas políticas se declararon solidarias de la “institucionalización” pactada con el imperialismo. En estas condiciones, el MAS firmó el 11 de octubre de 1983 en el Círculo de Prensa un “Compromiso de defensa de la libertad de Prensa” que constituye un aval al monopolio capitalista de la prensa, con el cuento de su «libertad”.

El arribo de Alfonsín al gobierno no abrió un curso estable a la dominación burguesa, a pesar de todas las promesas de constituir el tercer movimiento histórico. La brutal hipoteca del país por la deuda externa, la tenaz lucha por los reclamos democráticos, la incapacidad del alfonsinismo por darle una salida a estas reivindicaciones, plantearon en forma recurrente en estos 3 últimos años crisis de envergadura, cuyo pico fue la crisis de semana santa.

Los intentos de reflotar la multipartidaria fueron reiterados. En 1985 el senador peronista Britos convocó a una multipartidaria en vísperas de un paro general (23 de mayo). El PC apoyó la convocatoria y también el MAS, quien sostuvo que la convocatoria “tenía el objetivo declarado de defender la democracia” y “si estas reuniones sirven para hacerlo, serán positivas”.

La crisis de semana santa

La capitulación del gobierno ante la sublevación derechista formó parte de su orientación desde el mismo momento que se produjo. No reprimió la intentona apenas estalló; dejó que ésta se desarrollara; el jueves por la noche, en el Congreso, Alfonsín prometió aplicar “los niveles de responsabilidad” -obediencia debida, etc. etc. El Partido Obrero denunció todo esto desde el primer momento; no apoyó políticamente ninguna de las concentraciones de la “democracia”; concurrió a ellas para denunciar las vacilaciones, capitulaciones e inevitables traiciones al pueblo movilizado; e impulsó una acción independiente del gobierno.

El PC y el MAS apoyaron los llamados de la «democracia”, no denunciaron ni la política ni la estrategia de la burguesía. Por eso tanto el jueves en Congreso como el domingo en Plaza de Mayo se retiraron de ambos lugares luego de que hablara Alfonsín. Ilusionados en la convocatoria oficial, se desilusionaron cuando los hechos no se ajustaron a sus esquemas. El PO no se retiró de ninguna Plaza porque concurrió a las mismas, no a “quejarse” por la política burguesa, sino a desplegar una política propia.

Por estas mismas razones, el PO denunció anticipadamente que el gobierno preparaba un “pacto democrático” para llevarlo como negociación capituladora ante los sublevados. El PO concurrió el domingo 19 a la Plaza de Mayo y a Campo de Mayo a denunciar el pacto que se quería firmar. Los partidos del Frepu, incluido el Mas, se opusieron a una acción conjunta con el PO para boicotear la firma del Acta democrática con el argumento de que dependía de su texto, etc.

En declaraciones públicas Zamora sostuvo que finalmente no firmó porque se violaron “compromisos adquiridos”. “Lo que ocurre es que se violaron compromisos celebrados el día sábado, por los cuales todas las fuerzas políticas que coincidíamos en el documento íbamos a participar en su redacción. No fue así” (La Semana, 21-4-87)1 La aparición del punto 3 hizo entonces imposible la firma del Acta por el Mas y llevó al PC a firmarlo con reservas. Pero ambos fueron dispuestos a firmar integralmente un Acta democrática que no fuera tan brutal en sus formulaciones.

Los partidos que se unieron en la firma del Acta volvieron a dividirse al discutirse en concreto su implementación, conscientes de que la “obediencia debida» no cierra la crisis y que es necesario una solución «integral» basada en la amnistía. En estas condiciones es que una parte de los partidos que firmaron el Acta de la capitulación. Incluido el Partido Justicialista, junto al Mas y organismos de derechos humanos que no la firmaron, firman un afiche contra la “obediencia debida», donde no se denuncia la política de impunidad seguida hasta ahora por los tres poderes del Estado y donde no se denuncia la «solución integral”, como alternativa a la obediencia debida, que están discutiendo febrilmente el conjunto de los partidos burgueses.

Salta

Plantean un Frente y se niegan a discutir los 23 puntos y el “Acta Democrática”

El PC y el Movimiento Obrero Campesino Estudiantil Salteño (MOCES) convocaron el viernes pasado a una reunión a un grupo de partidos de izquierda de esta provincia, a la que asistieron el PH, el PL y el PO.

Allí el PC propuso un «pacto electoral de izquierda” en la provincia, para el cual se debería elaborar un “programa mínimo”. El representante del PO replicó que debería comenzarse por una discusión de los «23 puntos del Frepu” y de la firma del “Acta democrática”. El representante del PC se opuso señalando que eso no estaba sometido a discusión. Esta posición cierra toda posibilidad de un frente revolucionario. En el “Acta democrática” suscripta por el PC sus firmantes se pronunciaron por el “normal desenvolvimiento de las instituciones”, es decir, para que el Ejército vuelva al «redil”, y continúe el proceso de sometimiento del Estado democratizante a las presiones militares. En el Acta se consagra el principio de la obediencia debida, que hoy sanciona el Parlamento burgués. Sobre esta base no es posible otro frente que un frente contrarrevolucionario.