En la presentación del programa de gobierno de la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda del FIT-U, Gabriel Solano fue preciso en trazar el contraste principal de esta elección: mientras los laburantes no llegan a fin de mes, en estos días se dispararon las acciones y bonos públicos en la bolsa argentina y en Wall Street, “la Argentina capitalista festeja porque entre Massa, Bullrich y Larreta no hay mucha diferencia”; en cambio, “nosotros queremos gobernar con los trabajadores y los sectores populares que vengan a apoyarnos para sacar adelante a la Argentina”. Por eso la primera medida a tomar sería una recomposición de emergencia de salarios y jubilaciones. ¿Esto es posible? ¿Es verdad, como dicen otros, que agravaría la inflación?

El precandidato a presidente para el Frente de Izquierda fue enfático en destacar que “estamos en emergencia”, en un país con 130% de inflación, con la mitad de los trabajadores sin derechos laborales y cinco millones de jubilados con haberes bajo la línea de indigencia. Atender esa situación sería la prioridad.

Así, el primer día de mandato procedería a equiparar el salario mínimo con el costo de la canasta familiar, que hoy la junta interna de ATE Indec estima en 350.000 pesos (ya que al cálculo oficial de la canasta básica le suma gastos de alquiler), y su indexación mensual automática al índice de precios. Sobre esto Solano insistió en que es algo que ya Massa le da a los bancos, porque paga intereses de deuda que se actualizan por IPC o la cotización del dólar: “lo hacen porque gobiernan para los bancos; nosotros vamos a gobernar para los laburantes, y le vamos a indexar los ingresos a los laburantes con lo que dejemos de pagarle a los bancos”.

Refutó que se trate de una medida inflacionaria, cuando “tenemos los salarios más bajos de las ultimas décadas y la inflación más alta de los últimos 30 años”. De hecho en el sector privado hay mucho terreno para un aumento salarial, sobre la base de reducir la tasa de ganancia de los capitalistas -que creció aceleradamente estos años-, sin tener que trasladarse a los precios. Según el Indec, la participación de todos los salarios en la generación de valor en la economía nacional es igual al excedente de explotación que embolsan las empresas.

Tanto es así que mientras cae el consumo de alimentos de las familias trabajadoras, las principales empresas alimenticias del país cosechan beneficios récord: entre las dos más grandes Arcor incrementó sus ganancias un 38% en el primer semestre del 2022, y Molinos Río de La Plata del grupo Perez Companc cerró en diciembre con una ganancia neta un 50% más alta que en 2021. Ni hablar ya de los negocios en dólares de las exportadoras de granos, carnes, petróleo o minerales, que ganan “competitividad” internacional gracias a la devaluación de los salarios que pagan en pesos.

Ocurre algo similar para el sector público. No es cierto que el aumento de salarios implicaría una mayor emisión monetaria. Reduciendo los subsidios y las exenciones impositivas a los grupos empresariales, y dejando de emitir para pagar usurarias tasas de interés a los bancos, queda un margen muy amplio para que la variable de ajuste no sigan siendo los trabajadores estatales. Como ejemplo, en mayo lo destinado a jubilaciones y asistencia social (asignaciones familiares, AUH) varió un 75,5% interanual contra una inflación del 114,2%, mientras el pago de intereses del Tesoro creció 379,2% -y esto sin contar las Leliq que gatilla el Banco Central.

Lo mismo vale en el caso de las jubilaciones y pensiones. Entre sus medidas de emergencia el Frente de Izquierda decretaría el 82% móvil para los jubilados, que se financiaría con la restitución de las contribuciones patronales (rebajadas por Menem y nunca repuestas) y el blanqueo de todos los trabajadores que se encuentran en la informalidad, lo cual incrementaría enormemente la base de recaudación del sistema previsional. Para que no sigan metiendo la mano en esos fondos para pagar deuda y financiar al Estado, se plantea un control de la Anses por parte de un directorio de trabajadores activos y pasivos que sean electos y revocables.

Lo dicho va de la mano con el rechazo a la reforma laboral flexibilizadora que pregonan los capitalistas y sus políticos. Nunca ese tipo de iniciativas generaron más puestos de trabajo. Se establecería la defensa de los convenios colectivos de trabajo, y el fin de la informalidad y la tercerización laboral mediante la efectivización y el pase a planta permanente de todos los trabajadores en esa situación, sea en el ámbito público o privado, encuadrándolos en el mejor convenio del establecimiento.

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Como es obvio que este programa se va a chocar con fuertes resistencias, un gobierno de la izquierda rechazaría las extorsiones patronales, prohibiendo de entrada los despidos y las suspensiones, sancionando con la estatización bajo control obrero a toda empresa que cierre o despida. Más aún, otorgaría poder de policía de trabajo a las comisiones internas y cuerpos de delegados de cada establecimiento laboral, para que velen por el cumplimiento de la nueva normativa, y convocaría a elección de representantes gremiales allí donde no existan.

A la vez se fijaría un seguro universal al desocupado, de acceso universal y cuyo monto sea equivalente a la canasta básica. A partir de la recomposición de los ingresos de los trabajadores, se crean las condiciones para proceder a una reducción y reparto de las horas de trabajo sin rebajas de salario, para terminar con la desocupación. Una medida totalmente factible, ya que hoy el propio Indec refleja que el 27,5% de los trabajadores está sobreocupado, mientras que el 14,8% de los ocupados demanda más trabajo y hay un 6,9% de desocupación abierta.

Estas medidas de emergencia serían el primer paso de un programa de reorganización económica integral del país. En el texto presentado por la fórmula Solano y Ripoll en el Teatro Picadero se destaca en ese sentido que una mejora sustancial del poder adquisitivo de la clase trabajadora redundaría en una moralización de las masas explotadas para avanzar en las transformaciones necesarias para sacar adelante a la Argentina, empezando por la ruptura con el FMI y el repudio deuda externa.

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