Cerrando un convulsionado 2020, donde la pandemia de coronavirus se ha instalado en nuestro país de la mano de un ajuste a las condiciones de vida del pueblo trabajador, el gobierno va a fondo en una reforma jubilatoria, a imagen y semejanza de los planeos del FMI, que pretende formalizar el saqueo a las jubilaciones, practicado desde el día uno de la asunción de Alberto Fernández.

A la pérdida del 20% en el poder adquisitivo de las jubilaciones, luego de la modificación de la fórmula de movilidad impuesta por el macrismo en diciembre del 2017, con represión mediante, el gobierno de Alberto Fernández sumó su “contribución” bloqueando dicha movilidad y fijando aumentos a discreción muy por detrás de lo que hubiera correspondido y, claro está, de la inflación.

Tal es así la cosa que para un gobierno que prometió gobernar para los pobres y jubilados, entre las prioridades de su agenda, el fin de año llega con una desocupación alarmante, los más altos niveles de pobreza de la última década y el grueso de las jubilaciones en la mínima de $19.034, mientras que la Canasta de los Jubilados supera los $50.000.

El proyecto de ley presentado por el gobierno nacional y con media sanción en el Senado no implica ninguna recuperación de esta progresiva pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, más bien todo lo contrario: se ata a las jubilaciones a la evolución del promedio de los salarios -por lo general a la baja- y de la recaudación –también perdidosa. Ya se estima que para los primeros seis meses del 2021 solo habrá un aumento del 5% comparado con el 20-25% que proyectado de inflación para el mismo período.

Una media que podría implicar la recuperación de los haberes jubilatorios sería, por ejemplo, la restitución de los aportes patronales reducidos por los sucesivos gobiernos, lo que ha implicado un desfinanciamiento de la Anses. Pero este gobierno ha profundizado el vaciamiento con distintos beneficios y exenciones a las patronales a costa de los ahorros y haberes de los trabajadores y jubilados.

La caja de la Anses también ha sido manipulada y utilizada para todo tipo de propósitos y, principalmente, para el pago de la deuda externa, a través de operaciones que han liquidado sucesivamente los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, el cual debería servir como recurso anticíclico para el sostén de los haberes jubilatorios.

Sin embargo, el proyecto del gobierno opera de manera contraria. Se estipula un techo a los aumentos, los cuales no podrán superar la recaudación, pero no se fija un piso para evitar que las jubilaciones sigan cayendo.

Por esta vía se llega, más temprano que tarde, a un viejo anhelo del FMI y de los gobiernos capitalistas de convertir a las jubilaciones en una prestación social, desvinculadas de su condición de salario diferido.

Esta política contra los trabajadores y los jubilados ha sido combatida sistemáticamente por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, y por las organizaciones de jubilados que han puesto en marcha distintas iniciativas y convocatorias contra este nuevo zarpazo a las jubilaciones.

El acto del FIT-U fue una tribuna de denuncia de esta confiscación en marcha y un punto de reagrupamiento político, de los trabajadores y jubilados, para enfrentar y derrotar esta ofensiva ajustadora.

Reclamamos una movilidad automática, por inflación o por sueldos, lo que sea mayor. Una mínima igual a la Canasta de los Jubilados de $50.000, sin tope. Defendemos la jubilación como salario diferido. Y por direcciones de la Anses, las cajas provinciales, Pami y las obras sociales electas por trabajadores activos y jubilados. Solo el FIT-U levanta este programa político y la independencia de clase necesaria para desarrollar las reivindicaciones de los jubilados, trabajadores y explotados del país.

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