“Juan Ferreyra fue ferroviario toda su vida. Luego de 40 años fue despedido y ya con 60 años no consiguió un nuevo empleo. Abatido por esta circunstancia, tuvo un accidente fatal. Su esposa gestionó la solicitud de pensión que, sin embargo, fue rechazada porque de acuerdo a las nuevas normas previsionales Ferreyra era un aportante irregular sin derecho. La viuda de Ferreyra, como la mayoría de los argentinos, desconoce que la nueva ley previsional establece que el trabajador afiliado al sistema público o privado, que no paga sus aportes previsionales por cualquier circunstancia, pierde parcial o totalmente el derecho a las pensiones de invalidez o fallecimiento” (Revista Estrategas, julio-agosto/1995).

¿Pero qué pasa si el trabajador sí aporta y sufre una invalidez? Para otorgar una pensión por invalidez las Comisiones Médicas, que están supervisadas por la Superintendencia de AFJP,  tienen que dictaminar un 66% de incapacidad. “Para llegar al 66 por ciento el obrero tiene que estar mutilado. Tenemos casos de gente con cáncer de más de 50 años y con 20 años de aportes a los que sólo les dan un 30% de discapacidad y no los consideran aptos para trabajar en la construcción. No pueden hacer nada, pero tampoco beneficiarse con la pensión”, comentó al diario de Río Negro, Miguel Torres, el secretario de finanzas de la UOCRA 17/8/95).

“Hay un joven, agregó, que perdió tres dedos de su mano derecha y le dieron un 35% de incapacidad”, por lo que no le corresponde la pensión.

Los porcentajes de incapacidad (“baremo”) fueron reglamentados por un decreto del año pasado, cuando se puso en marcha la “jubilación privada”, y es una copia del “baremo” chileno aprobado por Pinochet.  Por ejemplo, la pérdida de una pierna está valuada en un 60 % de incapacidad, por lo que el trabajador mutilado no tiene el beneficio de la pensión por invalidez.

Estos ejemplos son suficientes para plantear la derogación de la ley previsional puesta en marcha el año pasado. La denuncia de la UOCRA Neuquén es contundente, pero sucede que la UOCRA es socia de la AFJP Claridad (Gerardo Martínez es el vicepresidente), es decir que lucra con la confiscación del salario, pues se lleva el 35% del aporte mensual del obrero, y con la propia mutilación de los trabajadores.

El PO plantea la derogación de la ley previsional y  la expropiación de las AFJP,  una jubilación equivalente al 82% móvil, pagada por Cajas administradas y controladas por trabajadores y jubilados y financiadas con el aporte exclusivo de las patronales.  También plantea la anulación del “baremo” y su elaboración  por una comisión de médicos y trabajadores, independiente del Estado y de los patrones.