Hace mucho tiempo que la justicia argentina debía haber iniciado una investigación de las operaciones financieras y comerciales de los grandes pulpos económicos, como la emprendida por la de Venezuela. La gigantesca hiperinflación que ha asolado a Argentina hubiera sido imposible sin la fuga de capitales en operaciones de mercado negro, sin la retención ilegal de divisas y sin la complicidad de funcionarios públicos con maniobras financieras y en fraudes en el aprovechamiento de subsidios y subvenciones del Estado. Una investigación semejante haría saltar por los aires todo el reparto de ministerios y direcciones de empresas del Estado dentro del actual gobierno, entre los principales grupos capitalistas. La orden de detención librada por la justicia venezolana contra el ministro de Economía coloca al gobierno nacional ante su segunda crisis de gobierno en menos de dos semanas de mandato, y ello es la consecuencia natural de la composición que se ha dado al gabinete. El que quiere gobernar con empresarios tiene que atenerse a las consecuencias que ello trae inevitablemente aparejado en el ámbito judicial o a las feroces disputas que se entablan entre ellos para ocupar las principales posiciones de gobierno. El Partido Obrero plantea que toda esta situación refuerza la necesidad de quebrar la dominación capitalista de los Bunge y Born y sus consortes, instaurar un control obrero de la producción, liberar a Argentina del futuro espantoso que le auguran los actuales planes económicos.

19 de julio de 1989