El gran piquetazo de hace un mes ha permitido la conquista de un gran número de puestos de trabajo genuino en el petróleo y otra cantidad de puestos en cooperativas que contratan trabajos municipales, lo que ha constituido un gran triunfo de la lucha. La Coordinadora de Truncado, ha votado su integración a la Cta, ha abierto un local propio y viene realizando asambleas semanales.

La contracara de estas conquistas y avances organizativos la ha planteado la Justicia provincial, que con acusaciones organizadas exclusivamente en base a testimonios policiales, ha procesado a 11 compañeros de Las Heras, 6 de Pico Truncado (entre ellos, Navarta, que por tener otros antecedentes está preso) y 8 de Caleta Olivia, entre ellos varios destacados dirigentes públicos del Fut-PO, como Norma Villamayor, Lía Santillán, Leandro Rodríguez y Fabio Seguel.

El procesamiento vino acompañado con una fianza de 2.000 pesos que obviamente estos compañeros, que viven de contratos precarios de trabajo o planes de empleo, no tienen condiciones de pagar lo que implica el riesgo material muy concreto de que si el juez de recursos no hiciera lugar a la apelación, los compañeros irían presos.

Hemos reclamado que se pronuncien todas las organizaciones populares e incluso los poderes públicos de Santa Cruz, los concejos deliberantes y la propia Cámara de Diputados.

Se trata de la responsabilidad política muy concreta de Kirchner en la persecución política a los piqueteros en general y a la militancia del Fut-PO en particular. Hay que destacar que en las actuaciones, los jueces citan seguimientos y reuniones realizadas en el local partidario como circunstancias agravantes, lo que muestra que detrás del proceso a los compañeros está también el intento de proscribir al Fut-PO.

Llamamos al Bloque Piquetero y a la Cta Nacional a tomar la defensa de nuestros piqueteros como una causa nacional, reforzada ahora por el triunfo logrado con la libertad de Castells.