Nuevamente, un tribunal extranjero dictó un fallo hostil para la Argentina a favor de la demanda realizada por un fondo buitre, al tiempo que se viene negociando un nuevo programa con el FMI. Todo un retrato de cómo el capital financiero busca exprimir al país hasta el último dólar, fruto de una orientación abocada al rescate de la deuda.

El tribunal federal de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, acaba de fallar en contra de Argentina en la causa iniciada por el fondo de inversión Aurelius Capital Management, uno de los bonistas que ingresó al canje del 2005, y, tras no haber cobrado el cupón PBI en el 2014 decidió litigar contra el país acusando que bajo el mandato de Cristina Kirchner se adulteraron las estadísticas oficiales en pos de no pagarle a los acreedores. Tras el revés judicial, en abril el Estado argentino deberá dar cuenta de la metodología que utilizó el Indec en aquel momento para calcular la actividad económica, y, si la Justicia estadounidense finalmente se expide a favor del demandante, tendremos que desembolsar USD 500 millones.

La cifra mencionada puede acrecentarse porque son varios los fondos que han iniciado acciones legales por el mismo motivo, donde la decisión también está en manos de tribunales extranjeros. Sucede que uno de los incentivos que ofreció el gobierno de Néstor Kirchner para que los acreedores ingresaran al canje de deuda en 2005 fue añadir un cupón atado al crecimiento económico del país, que se pagaría todos los años si el PBI aumentaba más de un 3%. El reclamo de los bonistas surge en el 2014, año en el cual se modificó la base de cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica, arrojando un incremento del PBI de apenas el 2,8% con lo que no se activó la cláusula del cupón, representando un ahorro de USD 3.000 millones.

Tal como ocurrió con el fallo Griesa que desembocó en el Pacto Buitre, una vez más el Estado argentino se encuentra a merced de la decisión que tome la Justicia de Estados Unidos, en esta oportunidad, acusado de haber manipulado las cifras oficiales para perjudicar a los tenedores de deuda, en tiempos donde Guillermo Moreno estaba al frente del Indec. Este derrotero demuestra que el sendero de rescate de la deuda tras la crisis del 2001 acentúa la subordinación del país ante el imperialismo.

Lo ocurrido desmiente que la restructuración de deuda impulsada por el kirchnerismo haya sido exitosa para el país. La quita obtenida en el 2005, del orden del 66% fue hartamente compensada con el pago de intereses de los nuevos bonos -del 8% anual en algunos casos- y con el impacto del cupón PBI, teniendo en cuenta que entre 2005 y 2012 el crecimiento promedió el 7% anual, fruto de que veníamos de un desplome pos 2001, devaluación del 2002 mediante, y se iniciaba un período de auge exportador motorizado por el alto precio de las commodities. A su vez, los servicios de los bonos emitidos se prolongan hasta 2038, con lo cual, lejos de haber significado un desendeudamiento, dicha renegociación supuso un aletargamiento del peso de esa hipoteca usuraria sobre las cuentas nacionales.

El negocio de los bonistas que ingresaron al canje fue redondo: adquirieron títulos en default a precio de remate tras la crisis del 2001, donde el valor de mercado de los mismos no superaba el 22% del valor técnico, y, en la restructuración del 2005, no solo el gobierno les reconoció un precio mayor por esos bonos sino que terminaron cobrando el 100% o más de su valor nominal como resultado del cupón PBI y las altas tasas de interés. Algunos economistas afirman que “el canje fue equivalente a refinanciar la deuda (sin quita) a una tasa del 3.7%” (Foro Económico.org). Como vemos, la “quita” no fue tal, y, aún así, los fondos de inversión se embarcan en causas judiciales para seguir expoliando al país, mostrando el grado de rapiña que caracteriza al capital financiero.

Ahora bien, fue el propio Néstor Kirchner el que generó las condiciones para que ahora nos encontremos en semejante apuro. Con el objetivo de brindar más seguridad jurídica a los buitres, el 23,83% de los bonos emitidos en el 2005 fueron bajo legislación foránea. A su vez, se introdujo el “renunciamiento a la inmunidad soberana”, concediendo así que las futuras demandas por parte de los acreedores se diriman en tribunales extranjeros bajo cuya ley se encuentran emitidos los bonos. De este modo, el exmandatario nos puso en la palma de la mano del imperialismo.

Finalmente, la deuda externa es ante todo un mecanismo de dominación política por parte de las grandes potencias hacia los países oprimidos. En ese sentido, todos los gobiernos de Argentina han convalidado esta sujeción colonial, cuyas consecuencias las paga el pueblo trabajador con hambre y miseria. La política orientada al rescate de la deuda usuraria es patrimonio tanto de derechistas como de “nacionales y populares”.

El saqueo nacional a manos del imperialismo es cada vez más profundo. Basta con ver los intereses leoninos que presenta la deuda contraída con el Club de París, o bien la negativa del FMI a eliminar la sobre tasa sobre los vencimientos futuros. Sin embargo, el gobierno capitula ante todas esas humillaciones y habilita una mayor tutela del Fondo sobre el país, consciente de que la burguesía local centra sus preocupaciones en sellar un pacto con el organismo con la expectativa de reingresar al mercado de crédito internacional. A todas luces, una clase social que es dueña del poder político, no obstante es incapaz de impulsar un desarrollo autónomo de Argentina.

A fin de cuentas, es hora que gobiernen los trabajadores, pongan fin a la subyugación nacional y abran un curso de desarrollo al servicio del interés mayoritario. La ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria son tareas ineludibles para tal fin.

 

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