Néstor Kirchner no tomó la decisión de atacar a la “mayoría automática” (supuestamente menemista) de la Corte Suprema por las declaraciones vertidas por su titular un día anterior, ni siquiera por la circular anunciando la decisión de dictar sentencia a favor de la dolarización de los depósitos del “corralón” en las próximas horas. La posibilidad de un fallo semejante ha estado anunciada prácticamente con día y hora desde hace mucho tiempo.

Tampoco se puede explicar la arremetida contra la Corte por las convicciones del Presidente, que como gobernador impulsó la reelección indefinida, aumentó el número de miembros de la Corte provincial, y echó de un plumazo al procurador general cuando éste amagó cierta independencia.

¿Entonces?

Todo indica que el Presidente decidió armar un golpe político preventivo contra la Corte Suprema a sabiendas de la crisis política que plantea al régimen no solo el fallo sobre la dolarización de los depósitos sino el de la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un dictamen ya acordado por los jueces “supremos”.

Según una información de Página/12, el propio ministro de Justicia se había entrevistado con los miembros de la Corte Suprema para debatir la relación con el nuevo gobierno y la posibilidad de un cambio cosmético en sus filas. La respuesta, en boca de su titular, Julio Nazareno, fue que “de ninguna manera se podía esperar una reacción similar a la del ex jefe del Ejército. El se quejó una vez que lo desplazaron. Nosotros no somos iguales y estamos dispuestos a ejercer nuestro poder” (5/6).

El Presidente había removido la cúpula de los generales sin alterar una coma del régimen que preserva la casta militar.

La consulta popular

La “ofensiva” presidencial sobre la Corte Suprema quedó reducida a una exhortación al Congreso para que viabilice el juicio político a uno de sus miembros, un proceso que puede llevar meses y sin resultado asegurado a la vista. “Los ministros (de la Corte) celebraron como una muestra de debilidad” la decisión de dejar de lado la consulta popular (Infobae, 5/6). La Nación editorializó que la posibilidad de un plebiscito debía ser “absolutamente desechada” (6/6). El Presidente ha retrocedido en la primera oportunidad de apelar a métodos plebiscitarios.

Pocos han reparado en que el Presidente activó su ataque a la Corte Suprema en momentos en que el conjunto de causas en el Congreso estaba absolutamente paralizado y en vías de extinción. “El pedido del presidente Kirchner al Congreso, para que apure los mecanismos constitucionales para remover a los miembros de la mayoría automática, ocurrió el mismo día que el juicio político al ministro Carlos Fayt quedó descartado” (El Cronista, 5/6).

Base de la crisis

El juicio de redolarización sobre el que la Corte debe pronunciarse enfrenta a un tenedor de un plazo fijo en dólares contra un banco, el Banco de Córdoba, luego del fracaso de la negociación durante 60 días planteada por la misma Corte. Saca a la luz la quiebra de los bancos, obliga a una respuesta del Estado sobre la compensación que piden los bancos y pone al rojo vivo la división intercapitalista que ha llevado a la formación de cuatro cámaras patronales.

El fallo dolarizador de la Corte acelera los tiempos de una definición. Según un juez de la Corte Suprema, “el gobierno está preparado para respetar los fallos judiciales” dolarizadores que vendrán luego de éste, a través del “pago con bonos y a largo plazo” (Página/12, 9/6).

No existe, de parte del flamante Presidente, ningún interés popular genuino en su puja con la Corte. El único contenido de la ofensiva de Néstor Kirchner contra los “supremos” es el intento de armar su propia tropa y reconstruir la autoridad del Estado capitalista, consciente de que tiene sólo el 22% de los votos y un sistema político en disgregación.