Con más de 200 testigos se está llevando adelante, en la ciudad de Catamarca, el juicio oral por el asesinato de María Soledad Morales, después de cinco años de las grandes movilizaciones en Catamarca (más de 30.000 personas) y en Buenos Aires, que reclamaron por el esclarecimiento del asesinato y provocaron una crisis en el gobierno provincial decretando que el gobierno nacional lo intervenga. En cada día que pasa del juicio, se hace más fuerte la idea de un encubrimiento del asesinato por parte del gobierno provincial, llegando hasta el propio presidente de la nación.

Operativo

De las investigaciones participaron más de 6 comisiones policiales diferentes (incluida la de Patti, enviado especial de Menem, que duró sólo dos meses) y cerca de la misma cantidad de jueces.

Las declaraciones de la primera semana dieron cuenta de la magnífica tarea llevada a cabo para no esclarecer el caso. Testigos pagados, falsos testimonios, autopsias pagadas, pericias mal hechas, amenazas de muerte. Los testigos que comprometen a Luque (hijo de un ex-diputado amigo del ex-gobernador y posible senador por Catamarca, Saadi) son puestos presos o se los decide descalificar para que no declaren. Además, dos de los jueces del tribunal que ahora juzga la causa, según una denuncia, “responden al ex-gobernador y trabajaron en su administración”.

Perejiles

La tarea fundamental a la que está llamada este juicio es tapar toda la maniobra política y de compromiso con las bandas del narcotráfico del gobierno provincial y nacional que se esconden detrás del asesinato de María Soledad. Estamos ante un nuevo “juicio a los perejiles”, como en el caso Carrasco; ahora los culpables serían Tula y Luque, como asesino y partícipe necesario del crimen. Pero hasta éstos podrían quedar libres, porque la pena que se les aplicaría sería menor al tiempo que ellos pasaron en la cárcel como procesados.

La ‘justicia’ está llamada a garantizar la impunidad de los gobernadores y sus camarillas contra la movilización popular en reclamo de sus derechos más elementales.

Frente a esto, la UJS exige que se establezca toda la verdad. Libertad para que los organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles y populares investiguen todo. Juicio y castigo a encubridores y culpables.