Parece un hecho que antes de fin de año el gobierno implementará una tarjeta de débito (siempre por los mismos miserables 150 pesos) para el cobro de los planes de empleo. Se trata de una tarjeta que se podrá utilizar en los cajeros de alguna red y además como ‘dinero plástico’ en supermercados y negocios. ¿Pero, cómo se pagarían el transporte, los remedios, el hospital, el gas, los servicios, los impuestos?

De manera más difusa se dice que habría exención del IVA. De allí que algunos cráneos de la burguesía, que obviamente no viven de un plan Jefes y Jefas, imaginaron que esto representaba un aumento de 30 pesos.

Los compañeros del movimiento piquetero hemos sido muy requeridos por la prensa en este tema, pero, sugestivamente, no se publicó nada.

En primer lugar, hay un potencial negocio bancario en el manejo de los fondos, la emisión de tarjetas y la eventual comisión. Consideremos que una tarjeta vale 7 pesos, lo que suma más de 15 millones de pesos de emisión. Página/12, un defensor del proyecto, dice (15/10) que “un aspecto a tener en cuenta es que los bancos no terminen siendo los mayores beneficiarios, quedándose con una comisión por prestar el servicio”.

La misma fuente periodística reconoce que, en zonas carenciadas, “los productos más económicos son los que se venden en el mercado negro”; esto sin tener en cuenta el golpe que se asesta a los pequeños comercios. De conjunto, el sistema favorecería a los supermercados.

Entre las fábulas de la Kirchner Card se dice que atacaría el clientelismo político. No se entiende por qué. Los planes los seguirán otorgando los podridos consejos consultivos de las intendencias, cobrarán por ellos, darán de baja, practicarán presiones políticas, etc. Nada cambia por el sistema de cobro. “La Ufises (Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social), a cargo del fiscal Marijuán, ya radicó más de 800 denuncias penales contra intendentes, funcionarios municipales, concejales y miembros de los consejos consultivos” (Página/12, 5/10).

La manera de eliminar el clientelismo es otorgar un subsidio a la totalidad de los desocupados que acrediten esta condición, como un derecho universal de todo desocupado, sin baja posible hasta que el compañero consiga trabajo. Así se asestaría un golpe al clientelismo. Pero, según un funcionario, “están en lista de espera 900.000 desocupados” (La Nación, 5/10). Esto contando sólo Jefas y Jefes de Hogar; la cifra sería muchísimo mayor si se incluyera a todos los desocupados.

Como se ve, los desvelos del ministro de Economía no están puestos en la manera de aumentar los 150 pesos que nacieron miserables y se los comió la devaluación. Tampoco en extenderlos a todos los desocupados. Menos todavía en eliminar el clientelismo político. Al contrario, quisieron reforzarlo atacando las organizaciones piqueteras mediante los consejos consultivos de crisis, política que quebramos con la histórica movilización del 17 de julio pasado, cuando conseguimos el reconocimiento de nuestros proyectos de trabajo y la inscripción de una cantidad de compañeros caídos y discriminados durante meses y meses, sin pasar por los consejos consultivos.