El presidente Alberto Fernández acaba de emitir un DNU mediante el cual se establece una enorme poda de $12.000 millones sobre el total del presupuesto de Anses “destinado al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa”.

Para concretar semejante confiscación, que afecta a las y los jubilados y pensionados que estaban pendientes del pago de esas deudas, el presidente se ampara en la nefasta Ley 27.260 citada en el propio DNU. La mal llamada de “reparación histórica” establecía en su propio texto que el propósito era “terminar con la litigiosidad previsional”.

Actualmente hay 280.000 juicios en curso y 80.000 sentencias firmes de jubiladas/os y pensionadas/os de Anses (Clarín, 16/9). Además del recorte de los 12.000 millones de pesos del actual presupuesto, en el proyecto de Presupuesto 2022 se reducirá aún más el monto destinado al pago de estas deudas previsionales. Claramente el gobierno de los Fernández desconocerá los plazos legales de 120 días en el pago de las sentencias firmes postergando indefinidamente los mismos. La perversidad de tal medida no necesita ser explicada, más si se la compara con las pensiones y jubilación de privilegio de la vicepresidenta CFK, que Anses otorgó sin chistar con su millonario pago retroactivo. El carácter fraudulento de este gobierno no puede ser más amplio.

Este recorte brutal se suma al ya realizado con los aumentos por decreto de Fernández, que significaron una quita en la masa de los haberes previsionales estimada en $190.000 millones. En esto consiste la reducción del déficit fiscal mostrado a los funcionarios del FMI, con quienes el gobierno negocia el pago de la gigantesca y fraudulenta deuda asumida por el gobierno de Macri. Sabemos que hay ya numerosos fallos de diversas Cámaras de Seguridad Social contra esos aumentos por decreto, y que plantean que se debe hacer un reajuste que restituya aquellas quitas a las y los jubilados y cuya resolución está ahora en la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, el gobierno de los Fernández les reconoce al FMI y otros acreedores extranjeros (Club de París) la totalidad de las fraudulentas y gigantes deudas que estos organismos le reclaman al gobierno con los respectivos intereses usurarios, en un completo acuerdo con el macrismo, toda la oposición patronal y la burocracia sindical de la CGT y la CTA, al tiempo que garantiza las ganancias siderales de los grupos económicos más concentrados con reforma laboral antiobrera incluida como la recientemente acordada en Toyota.

Frente a la gravedad de estas medidas contra las y los jubilados hay que sacar todas las conclusiones. La primera es enfrentar esta política con los métodos históricos de los trabajadores, y en tal sentido organizar una participación masiva de jubiladas y jubilados en la movilización convocada por el Frente de Izquierda Unidad a Plaza de Mayo y todos los centros políticos del país este próximo 11 de diciembre para repudiar las negociaciones con el FMI. Y debemos hacerlo con nuestros propios reclamos: aumento de emergencia de $20.000, haber mínimo de $75.000, moratoria universal para todos los adultos mayores sin beneficios previsionales, restitución de los fondos de Anses usados para subsidiar al capital y para pagar al FMI. 82% móvil, Anses y Pami dirigidos por sus beneficiarios y trabajadores, plenos derechos previsionales para los PUAM y Rentas Vitalicias.

 

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