Con los votos de la UCR y el PJ, la Legislatura de Mendoza aprobó un proyecto de declaración que sostiene que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”. Detrás de esta iniciativa xenófoba y negacionista se encuentra la defensa de los intereses capitalistas sobre el territorio mapuche en la provincia.

Sucede que a principio de año, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) reconoció, en base a un estudio histórico antropológico, la “ocupación actual, tradicional y pública” sobre 21.500 hectáreas ubicadas en sur mendocino a las comunidades mapuches lof El Sosneado (en San Rafael), lof Suyai Levfv y Limay Kurref (en Malargüe). La medida se enmarca en la ley de Emergencia Territorial Indígena, que obliga al gobierno a realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades originarias en pos de otrogarles el “el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” y prohibir desalojos y embargos. Se trató, sin dudas, de un paso adelante en la lucha del pueblo mapuche en defensa del territorio. Los dueños del poder, dolidos, sangran por la herida.

Tanto el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez (UCR), el senador mendocino y exgobernador, Alfredo Cornejo (UCR), como los intendentes de Malargüe, Juan Manuel Ojeda (UCR), y de San Rafael, Emir Félix (PJ) salieron a cuestionar la resolución del Inai, esgrimiendo el argumento falaz de que los mapuches “nunca vivieron en Mendoza”. Discurso del cual se hicieron eco rápidamente las cámaras empresariales y turísticas de la provincia. La votación en la legislatura es parte de esta campaña de persecución contra los pueblos originarios, en beneficio del lucro privado.

Tildándolos de “usurpadores” pretenden legitimar su expulsión para que los empresarios puedan usufructuar económicamente de esas tierras. Reclaman los terrenos fundamentalmente para la explotación petrolera, puesto que hay ocho concesiones a empresas hidrocarburíferas que se encuentran dentro del territorio mapuche. A su vez, el gobierno de Suárez busca extender el fracking en la zona (que es parte de la formación de Vaca Muerta), lo cual se choca con una importante resistencia popular en la provincia, que rechaza que un recurso tan escaso como el agua sea dilapidado en hidrofracturas. Por ese motivo, en Mendoza, de 150 pozos proyectados en 2017 solo avanzaron 25.

Los mapuches del sur de Mendoza estuvieron a la cabeza de la lucha contra esta práctica contaminante. Lograron impedir en 2018, mediante una presentación judicial, que la empresa El Trébol-UGA (de la cual forma parte el grupo Vila-Manzano) lleve adelante un emprendimiento de fracking en Malargüe. Tenían la experiencia de lo ocurrido en 2017 en esa zona, donde la experiencia piloto de fracking en Cerro el Pencal produjo incidentes y derrames. Por lo tanto, la acusación del gobernador y el empresariado mendocino de que, al haber obtenido un reconocimiento oficial sobre su territorio, los mapuches pasarán a adueñarse de “los pozos de Vaca Muerta” busca ocultar que los que verdaderamente saquean los recursos naturales del país son los capitalistas y sus gobiernos, no los indígenas que enfrentan la depredación ambiental que generan estos proyectos extractivistas.

Quienes afirman que “los mapuches nunca vivieron en Mendoza” deberían agarrar los libros de historia argentina y enterarse que el propio San Martín, antes de cruzar la Cordillera de los Andes, se reunió con varios caciques mapuches-pehuenches, a 200 km de El Plumerillo, quienes autorizaron que parte del Ejército Libertador pasara por su territorio rumbo a Chile. Se ve que ni Rodolfo Suárez ni Cornejo visitaron alguna vez el Museo Histórico Nacional, donde está exhibido el poncho que los mapuches le obsequiaron a San Martín en su paso por Mendoza, lo cual demuestra claramente la preexistencia de este pueblo en la región cuyana.

Ahora bien, quienes votaron esa declaración aberrante en la legislatura no dijeron una sola palabra cuando el gobernador le cedió en 2021 12.351 hectáreas en Malargüe a la empresa “El Azufre S.A”, ni cuando le donó al grupo Vila-Manzano un terreno en la zona de alta montaña que pertenecía a la Dirección General de Escuelas de la provincia. Tampoco cuestionan que la empresa Sominar (Sociedad Minera Argentina) ocupe 430 mil hectáreas en el sur provincial y controle las nacientes de los ríos Diamante y Atuel, ni que la multinacional Walbrook gestione el 97% del centro de esquí de Las Leñas. La hipocresía de estos políticos no podría ser mayor.

Con una prédica chauvinista disfrazan su intención de entregar la tierra para los grandes negociados, y, a su vez, de hacer demagogia derechista en campaña electoral. Todo el apoyo al pueblo mapuche, basta de discriminación y atropellos.

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