“Habrá muchos ‘tartagales’ en Argentina”

El mediodía del viernes 13, CFK firmó el decreto reglamentario de la ley de bosques o Ley Bonasso, o Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos. Lo hizo con considerable demora (15 meses), para zafar de las denuncias que atribuían a la deforestación como la causa principal de la tragedia de Tartagal. La ironía es que la ley en cuestión no obstaculiza para nada el negocio del desmonte, y que la flamante reglamentación la hará aún más inocua.

La ley otorga un año, desde noviembre de 2007, a todas las provincias para dictar una ley de ordenamiento territorial de sus bosques nativos, diferenciando en el mapa con tres colores, las zonas donde se permitirá seguir desmontando (color verde), las áreas donde no se podrá tocar la vegetación (roja) y las áreas intermedias (amarillas). Pero sobran los dedos de una mano para contar que provincias lo han realizado y otro tema es cómo lo han hecho.

Salta es el ejemplo más claro: Urtubey y varios funcionarios han parido una Ley de ordenamiento que garantiza el incremento de los negocios sojeros, azucareros, petroleros y madereros, que quedan autorizados a seguir desmontando los terrenos y laderas de las cuencas altas, media y bajas de los principales ríos que surcan la provincia.

El resultado es sencillo de sacar: el no poder amortiguar el impacto de la gota de lluvia, ni posibilidad de infiltración en el suelo, ni retención en los fustes de los árboles, el agua de lluvia incrementará su velocidad aguas abajo y llegará a los cauces de los ríos con la velocidad suficiente para arrastrar todo lo que se le cruce (alud). Si los madereros furtivos no han sacado sus troncos, éstos irán aguas abajo arrancando todo lo que encuentren (puente ferroviario sobre el río Tartagal) o bien deteniéndose frente a otros obstáculos que formarán un dique que estimulará el desborde y las inundaciones, como acaba de ocurrir en los barrios costeros del río Tartagal.

Hecha la ley

Varias organizaciones ambientales y principalmente el Consejo Superior de la UNSa le han pedido al gobernador Urtubey que vete la ley de ordenamiento territorial (www.salta21.com -19/12/08).

La ley nacional prevé delimitar las zonas verdes en terrenos con hasta 5% de pendiente, los salteños llevaron este porcentaje a 15%, es decir que se podrá desmontar en terrenos con hasta 15% de pendiente. Desde ya los poblados que estén aguas abajo deben autoevaluar sin riesgo, si no quieren sufrir lo que seguro le seguirá pasando a Tartagal. La ley provincial también modificó las áreas de protección de riberas de los cursos del Bermejo, Pilcomayo, San Francisco y otros ríos.

Pero, quizá, lo más tétrico es que convalida los pedidos de desmonte efectuados con anterioridad a noviembre de 2007, cuando los amigos sojeros, cañeros, petroleros y madereros del ex gobernador Romero presentaron peticiones de desmonte por casi 500.000 ha, es decir triplicando las peticiones anuales de los años anteriores, que habían sido muy elevadas respecto de la media histórica. En lugar de obligarlos a que reforesten la totalidad de las áreas desmontadas, los autorizaron a seguir. Además, se prorrogaron por hasta tres años los desmontes ya iniciados.

Por eso, las palabras de la presidenta CFK, en su visita a Tartagal, de que “la verdadera tragedia acá es la pobreza estructural”, es una crítica de humo. Su propio gobierno, así como el gobierno provincial y el municipal son responsables directos del desastre registrado en Tartagal.

El avance de la frontera agrícola, para convertir suelos en campos de cultivo de soja y, en menor medida, de caña de azúcar y al igual que las prospecciones petroleras, son los causantes de la deforestación. De la mano de la nueva Ley y su reciente reglamentación, seguirán los desmontes. El gobierno nacional y el provincial son quienes nos llevarán a la ruina. O lo que es lo mismo tierras boscosas habitadas convertidas en desiertos, poblados inundados o sepultados por el lodo.

Raúl Stevani (14/2)