La ley de hidrocarburos de la camarilla Kicillof-Galuccio
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Por la nacionalización integral del petróleo bajo control de los trabajadores
El desplazamiento de Daniel Cameron de la Secretaría de Energía apunta a concentrar en manos de la camarilla Kicillof-Galuccio la entrega de Vaca Muerta a las multinacionales petroleras. Específicamente, esta dupla busca imponer una nueva ley de hidrocarburos que, por un lado, desplaza de la actividad a las empresas petroleras provinciales y, del otro, pone a YPF como socia obligada de cualquier inversión privada. La movida, que viola la Constitución reformada de 1994, ha suscitado la crítica de los gobernadores y de los pulpos internacionales. Por eso, las petroleras privadas “miran con recelo el proyecto de ley oficial” y, para los gobernadores, “esta ley la hizo YPF para quedarse con un pedazo más grande de la torta, desplazándonos” (Clarín, 11/7).
El proyecto de ley generaliza el acuerdo que tiempo atrás se firmó con Chevron. Amplía las concesiones y otorga a los beneficiarios la libre disponibilidad del 20 por ciento de la producción o de las divisas que ésta genere. Por otro lado, coloca límites a lo que pueden cobrar las provincias: un techo para las regalías del 12 por ciento y un máximo del 3 para ingresos brutos, en momentos en que Mendoza, en la actualidad, cobra un 6. Es el margen que YPF busca ofrecer para sus acuerdos con los pulpos extranjeros.
Para ablandar la resistencia de los gobernadores, se establece que “las empresas tendrán que destinar 0,5 por ciento de las nuevas inversiones que realicen a las arcas provinciales. Además, el Estado nacional le dará a la provincia otro uno por ciento de esa inversión (y) “un 3 por ciento de regalías adicionales cada vez que una petrolera solicite una extensión de la concesión” (Clarín, 13/7).
El proyecto respeta los acuerdos preexistentes, en referencia a las concesiones de Pan American Energy, en Chubut; Petrobras, en Río Negro, tan responsables como Repsol del vaciamiento petrolero nacional.
En oposición a esta nueva entrega, planteamos la nacionalización integral del petróleo y de los hidrocarburos bajo control de los trabajadores, para colocar dichos recursos al servicio de un plan de industrialización y desarrollo nacional independiente, la defensa del medio ambiente y las necesidades populares.
