Que en una ciudad con 300.000 desocupados y sub-ocupados se califique como “defensa del trabajo argentino” a una ley que pretende privilegiar a los capitalistas locales, es francamente una impostura. Esto, claro, no debería sorprender en un “progresismo” que ha dado desbordantes pruebas de duplicidad. La sanción de esta ley tiene lugar cuando el gobierno nacional se encuentra firmando “acuerdos sectoriales” que prevén rebaja de salarios, mayor flexibilidad laboral y exenciones impositivas. La misma “competencia” de precios que caracteriza a cualquier licitación, se hará, como se viene haciendo, en perjuicio de las condiciones de trabajo y salarios. En el “mejor” de los casos, entonces, las ventajas que otorga la ley redundarán en una mayor explotación, de ningún modo en la creación de nuevo trabajo medianamente “digno”. Basta para demostrarlo la reacción de la Secretaría de Desarrollo Económico ante las denuncias de que Franja Morada se robaba los planes de empleo de la Ciudad, al anunciar que de aquí en más otorgaría esos planes a las empresas, es decir que entregaría trabajadores cautivos por salarios de 160 pesos mensuales y una jornada laboral ilimitada. El alargamiento de la jornada laboral es la causa primera de la desocupación y, por lo tanto, de la destrucción del “trabajo argentino”.

La ley no merece de ningún modo el apodo de “argentina”, pues beneficia a las empresas “con domicilio fiscal” en la ciudad, es decir que excluye al 99% del territorio nacional. Inversamente, privilegia al gran capital local y extranjero, que en un 90% tiene su domicilio en la ciudad. La ley “argentina” es, entonces, inconstitucional, reaccionaria y antinacional, pero tiene el mérito de ofrecernos el concepto que los bloques patronales de la Legislatura tienen de la “autonomía” porteña.

Como ocurre con todas las “promociones” capitalistas, la ley permite un enorme “curro”, pues admite que la Ciudad pague un sobreprecio del 5% cuando se trata de una “pequeña empresa”. Esto equivale a 50 millones de pesos, o sea, a 30.000 planes Trabajar; difícilmente este “compre nacional” absorba esa cantidad de trabajadores. La legislación corriente define como “pequeña” a una empresa con un plantel de hasta ochenta trabajadores, lo que excede de lejos esa dimensión. Pero luego de que el embajador norteamericano y el gobierno francés vocearan sus quejas por medio del diario La Nación, interesados en la licitación del mobiliario urbano por 500 millones de dólares, la Legislatura sumisamente modificó el articulado de la ley y achicó todavía más su limitado concepto de argentinidad, circunscribiendo el “curro”, siempre para las pequeñas empresas domiciliadas en la ciudad, pero, ahora, limitado a las que produzcan bienes y servicios “objeto de contratación nacionales”. El registro de la patria contratista que participa de las licitaciones del Estado nacional se limita, sin embargo, a algunos pulpos.

Las presiones del embajador Walsh y de los contratistas franceses consiguieron, sin embargo, mucho más: la derogación del inciso “d” del artículo 12, que exigía “no formar parte de grupos económicos o de inversión internacionales”. Ahora bien, buena parte de las empresas de capital accionario “argentino” forman parte de “grupos de inversión internacionales”, como por ejemplo Exxel, cuyos activos están controlados por los inversores internacionales, aunque sea de “capital argentino”. La derogación del inciso “d” constituye una vengüenza nacional.

Es también consecuente con esto la “letra chica” de este engendro. El artículo 13 dice que el 50%, por lo menos, del precio de los “bienes nacionales” que deberá ofrecer la empresa beneficiaria deberá estar compuesto de materias primas nacionales y valor agregado en el país. Pero como el valor agregado de salarios y ganancias ya representa hoy el 41% del Producto Bruto Geográfico de la ciudad, se desprende que la exigencia de materia prima nacional se reduce al 9%. En el proyecto de “compre nacional” que se acaba de presentar en el Congreso nacional, así como en toda la legislación comparativa internacional, se exige el 40% de materias primas nacionales, exclusivamente, para que un bien sea considerado nacional. La “defensa del trabajo argentino”, aprobada por la Legislatura, resulta en cambio una verdadera aspiradora de importaciones.

Aunque la ley exige que el capital accionario sea mayoritariamente nacional, en realidad está promoviendo “uniones transitorias” con el capital extranjero, para quedarse con la torta del presupuesto capitalino. Pero esta es precisamente la tendencia del capital extranjero. La burguesía nacional no aspira a otra cosa.

No se puede, por último, dejar de denunciar la profusa publicidad que la ley ha merecido tanto de parte del Gobierno de la Ciudad como de las cámaras empresariales, porque contrasta violentamente con la campaña mediática para reducir el “gasto político” y con las afirmaciones patronales de que no tienen plata para aumentar salarios, pagar impuestos y aportes jubilatorios, o respetar la jornada laboral de ocho horas. Se trata del último “curro” de la ley del “curro” argentino.