La decisión del gobierno de postergar la sesión de Diputados que debe sancionar la ley exigida por el juez Thomas Griesa no obedece a una necesidad por alcanzar el quórum o los votos mínimos necesarios para ello. Esas voluntades ya se reunieron, desde que Massa y el bloque justicialista disidente aceptaron el dictamen oficial a cambio de algunas modificaciones de carácter cosmético.

 

El gobierno postergó la sesión porque espera sumar un apoyo todavía más numeroso de acá al martes, a costa de hundir el cuchillo a fondo sobre el pejota y el kirchnerismo. José Luis “Barrick” Gioja, el aspirante a presidente de la “unidad” peronista, ya instruyó a sus diputados a apoyar el pacto buitre. Lo mismo pasa con el gobernador de Entre Ríos, mientras el tucumano Manzur está tratando de convencer a sus diputados. A todos estos opositores, Macri les hizo saber que el pacto con los buitres debía votarse sin condiciones, y así será. Las “modificaciones” introducidas por Massa apenas apuntan a disimular la entrega: por caso, un “límite” al endeudamiento que coincide, con pelos y señales, con el monto de deuda que el gobierno precisa para pagarle a los buitres.

 

El kirchnerismo “duro”, por su parte, ya entregó las armas en la Cámara de Senadores, que es donde sus votos importan. Así lo dio a entender Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete de Cristina, cuando pidió a los diputados K que le dieran quórum a la ley Griesa. Pero lo que mejor retrata el derrumbe camporista es su dictamen de oposición a la propuesta oficial: a la oferta de Prat Gay -que ofrenda a los buitres beneficios de entre el 1.000 y 1.500%- Kicillof le contrapone… un 10% menos. Kicillof y los suyos cargan con su propio derrotero entreguista, jalonado por el pago al Club de París, a Repsol y por varias tentativas frustradas de arreglo con Paul Singer y los suyos.

 

En las últimas horas, varios kirchneristas han advertido que el acuerdo con los holdouts podría terminar en nuevos litigios de deuda, ya sea por parte de otros buitres que habían cerrado por cifras menores -por caso, los bonistas italianos- o de quienes habían aceptado los canjes de deuda. Si después de cerrar el acuerdo con los buitres el gobierno y el Congreso se desayunan con un nuevo Griesa, asistiríamos a una crisis política y financiera de marca mayor. En cualquier caso, será el resultado inevitable de la renuncia a la soberanía nacional en la cuestión de la deuda, que Kirchner y Lavagna convalidaron con el canje de 2005. En materia de humillaciones al Estado argentino y a sus poderes, convertidos en una oficina de registro de los fallos extranjeros, todavía no está dicha la última palabra.

 

Crisis capitalista

 

Lo que mueve a la legión de diputados y senadores a firmar el arreglo colonial es la expectativa de tramitar el rescate financiero de sus provincias quebradas. Mientras los economistas afines a los bancos auguran un porvenir venturoso de “inversiones”, los gobernadores esperan emitir deuda en dólares para afrontar los sueldos y aguinaldos del segundo semestre. Pero el quebranto del fisco es apenas la manifestación de una crisis capitalista general, que asoma en el balance de los primeros tres meses de macrismo. La reducción de impuestos al capital sojero o a las mineras ha reducido la recaudación, sin revertir una declinación económica que viene empujada por la crisis mundial y continental -derrumbe de los precios de la soja y el petróleo, colapso económico y político de Brasil. Sólo en lo que va de 2016 se han caído 100.000 puestos de trabajo, entre los despidos estatales y los privados. La devaluación del dólar no ha frenado la sangría de divisas, que sólo se modera a costa de ofrecerle a los especuladores tasas usurarias y de agravar, por lo tanto, la recesión. La primera operación de deuda del gobierno ha sido un “blindaje” de 5.000 millones de dólares del Banco Central, de los cuales ya se fueron 1.500 en febrero. O sea que quienes liquidaron una parte de la cosecha en diciembre y le “aportaron” sus dólares al gobierno, ahora los recompran gracias a esta operación de deuda. El reendeudamiento oficial no financia la inversión, como dicen sus defensores, sino la fuga de capitales.

 

Luchas y desplazamientos políticos

 

Sólo para este año, el macrismo contempla la emisión en pesos del equivalente a 30.000 millones de dólares para financiar estos quebrantos. Las nuevas deudas a tramitar por las provincias suman otros 3.000 millones. Si se tiene en cuenta la deuda preexistente -que el kirchnerismo dejó en 250.000 millones de dólares- Argentina carece de garantías para solventar estas nuevas hipotecas (la industria petrolera estatal y el conjunto de las empresas de servicios públicos ya fueron rematadas bajo el menemato). El único respaldo para un endeudamiento mayor son los presupuestos presentes y futuros, sometidos al cedazo de un ajuste brutal. Con ese fin, el gobierno se apresta a “reformular” el Presupuesto 2016 mientras se acerca al Fondo Monetario, el gran auditor mundial de los ajustes. El rescate financiero no reemplaza al ajuste, como pretende venderlo Prat Gay. El ajuste es la precondición de ese rescate, al cual se han colgado con desesperación el conjunto de la burguesía argentina y sus partidos.

 

La ley Griesa inaugurará una etapa de grandes choques entre las clases sociales y desplazamientos políticos de fondo. La aprobación del acuerdo colonial reduce a los partidos históricos de la Argentina a la condición de notarios del capital financiero -después de haber sepultado cualquier resabio o referencia de carácter nacional.Denunciamos este pacto de fondo del gobierno y el Congreso con el capital financiero; que la cuestión se someta a un referéndum, junto con el conjunto de la deuda usuraria; por su investigación integral, lo que debe llevar a su desconocimiento, por su carácter usurario y delictivo. Estas medidas elementales para poner fin a una sangría de cuatro décadas, unidas a la nacionalización de la banca y el comercio exterior, permitirán reorientar el ahorro nacional a la reconstrucción económica del país bajo la dirección de sus trabajadores.

 

La izquierda tiene la responsabilidad y el desafío de acaudillar la lucha contra el régimen entreguista y antiobrero que quiere ponerse en pie a partir de la ley buitres. Esa respuesta obrera ha comenzado a tener expresión vibrante en Santiago, en Santa Cruz y en Mendoza, como extensión del gran paro nacional de ATE del pasado 24, y se manifestó también en la masiva movilización por los derechos de la mujer del pasado martes 8. Con ese impulso, nos preparamos para la gran movilización del próximo 24 de Marzo.