El gobierno convocó una nueva audiencia pública para aumentar las tarifas de luz, en línea con el recorte de subsidios, enmarcado en un brutal ajuste fiscal. Recordemos que las tarifas de gas ya tuvieron audiencia y suben 33% en febrero, marzo y abril. A su vez, mientras fogonean la inflación y le hacen pagar el costo a los usuarios, cuyos bolsillos ya no dan más, mediante la Ley Ómnibus le da nuevos beneficios a las petroleras, que presionan para empalmar los precios del mercado interno con los precios internacionales, y las privatizadas.

En la primera audiencia participarán las distribuidoras, como Edenor y Edesur, empresas que se embolsaron los subsidios de todos estos años sin invertir un solo peso en el servicio y que encima fueron beneficiadas con condonaciones de deuda a Cammesa. Estas distribuidoras ya anticiparon que reclamarán un incremento del orden del 300% en el componente de distribución, que se traduciría en una suba del 120% en la tarifa final, y actualizaciones por inflación. A su vez, el gobierno pretende modificar el esquema segmentación tarifaria para que más hogares pasen a pagar la tarifa plena reduciendo el promedio de ingresos de la fórmula por categoría y achicando el tope al consumo subsidiado, todo en función de reducir la cantidad de usuarios con subsidios en su boleta.

Este cuadro, a su vez, es acicateado por la Ley Ómnibus y el DNU de Milei, el cual libera los precios y además plantea modificaciones puntuales de leyes vigentes que impactarán de lleno en el precio de la energía. Por ejemplo, plantea el fin a los fondos fiducidarios, como el de Zonas Frías, financiado con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas natural PIST en todo el país, que en la práctica implica que 4 millones de personas reciban una compensación en el precio del gas. Su eliminación incrementará las tarifas entre un 30% y 50% y en la misma sintonía el precio de las garrafas.

A su vez, la Ley Ómnibus estipula enormes beneficios para las petroleras, que son las grandes ganadoras de toda la política energética. Por ejemplo, quedaron con retenciones a las exportaciones de solo el 8%, lo cual va a tensionar para que los combustibles de paguen a precio internacional. Además se establece la posibilidad de que las petroleras puedan pedir prórrogas sobre las concesiones vigentes, y que cuando soliciten la reconversión de sus áreas de convencionales a no convencionales se reiniciará el plazo de concesión de 35 años; de manera que las petroleras van a eternizar su propiedad sobre los pozos y reservas de hidrocarburos, invirtiendo solo en función de su ganancia y pudiendo presionar con desabastecimiento por nuevos aumentos o concesiones.

Asimismo, el proyecto propone una privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la compañía operadora y dueña de las centrales atómicas. La importancia de la empresa radica en que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, lo que representa el 7% del total de la matriz eléctrica de Argentina. Es decir que le otorga mayor poder y control a los accionistas privados en la generación de la energía eléctrica, lo que implica que la producción estará orientada a satisfacer estos intereses y no los del abastecimiento de población.

Finalmente, las consecuencias del programa económico en beneficio de los capitalistas las paga el pueblo, mientras que las petroleras salen indemnes y se les sigue garantizando nuevos beneficios y un precio en dólares a la hora de vender en el mercado interno, a pesar de que los costos para extraer hidrocarburos son en pesos. Incluso, todo indica que habrá una nueva megadevaluación en los próximos meses, lo cual volverá a ejercer presión sobre las tarifas.

Frente a los tarifazos, hay que luchar en las calles y en cada lugar de trabajo por recomposición salarial. A su vez, es necesario poner fin a este régimen energético inviable, abriendo los libros de las empresas que intervienen en toda la cadena, a fin de evaluar los costos reales y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales. Esto, en el camino de nacionalizar bajo control obrero la industria hidrocarburífera, para que deje de estar orientada al lucro de un puñado de petroleras y pase a apuntalar el desarrollo del país, contribuyendo al bienestar de las mayorías.

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