La decisión del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) de liberar a Lázaro Báez a cambio de una fianza ocupa el centro de la atención de los medios de comunicación, sobre todo de los que comulgan con la oposición.

Báez es considerado el símbolo de la corrupción bajo el kichnerismo (y en términos generales del modus operandi de los negociados que todos los gobiernos montan en torno a la obra pública) pero es unos de los pocos que aún quedaban presos por denuncias de corrupción.

Una lectura de esta liberación es que ha sido posible porque el kirchnerismo regresó al gobierno, aunque cabe recordar que bajo el macrismo comenzaron a recuperar la libertad varios denunciados y procesados por corrupción, y a la cabeza estuvieron los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos con el tour a través de las coimas, los sobreprecios y las licitaciones arregladas.

Lo que sí que quedó claro es que la justicia actúa (incluso con el mismo personal) por un lado como operador del gobierno de turno y por el otro como árbitro para sostener los intereses vitales para el sostenimiento de las leyes fundamentales del régimen social capitalista.

La mayoría de las liberaciones fue concedida por la evidencia de que había un abuso de las prisiones preventivas, algo que padecen fundamentalmente los trabajadores y sectores más explotados de la población que no cuentan con estudios de abogados que puedan denunciar el abuso de una figura que priva en forma arbitraria de la libertad, a la espera de un juicio, por largos períodos de tiempo.

Lo que hay que destacar en el caso de Báez, y de los involucrados en la corrupción, es la “incapacidad” de los funcionarios judiciales de presentar las pruebas que permitan elevar las denuncias a juicio. Báez estuvo cuatro años preso en esta situación, ¿por qué no se lo llevó ante el tribunal para que lo juzgue?

Luego de las liberaciones para “no abusar de las prisiones preventivas” las acusaciones y las investigaciones para completar las condiciones que permitan iniciar a juicio son manejadas con total discrecionalidad, es decir, se pueden activar o planchar de acuerdo a los intereses dominantes.

Al igual que sucedió con el asesinato del exsecretario de CFK, Fabián Gutiérrez, la oposición y sus voceros vieron la oportunidad de volver a traer el tema de la corrupción kirchnerista a la primera plana con la pretensión de recuperar algo de protagonismo al calor del malestar y protestas que provoca sobre todo el derrumbe económico; también es una forma de disimular que apoyan fervientemente la agachada de Alberto Fernández ante el FMI y los bonistas en la negociación de la deuda, una causa que es del monumento a la corrupción.

Para hacer frente a la corrupción hay que terminar con el secreto que envuelve a los negocios capitalistas, abriendo los libros de las personas y  empresas sospechadas, eliminando el secreto comercial y bancario, colocar todo este proceso para que intervengan los trabajadores, porque no solo son quienes conocen el funcionamiento de las empresas sino además porque tienen el intereses en destapar “la olla” ya que son las víctimas de la corrupción capitalista (empezando por su influencia en sus propias organizaciones sindicales).

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