El 29 de enero pasado se cumplieron nueve meses de las inundaciones que acarrearon 24 muertos, 23 desaparecidos y millones de pesos de pérdidas para más de 15.000 santafesinos.

Para ese día estaba convocada una concentración a la plaza "en paz, sin piquetes y en familia", en contra de la reglamentación de la ley de resarcimiento por las inundaciones.

Esta convocatoria se hizo en el marco de continuas y cada vez más radicalizadas manifestaciones de los inundados: realizaron un escrache al gobernador en la explanada del Arzobizpado; piquetes en el puente carretero Santa Fe-Santo Tomé por más de 10 días, ferozmente reprimidos por las fuerzas de choque de la policía provincial; movilizaciones crecientes a Casa Gris, repudiando la represión a los piqueteros del puente carretero y las declaraciones que hacían el gobernador y sus delfines.

Ya el lunes 26, cuando la Coordinadora de Inundados convocó a un cacerolazo en paz, sin piquetes y sin quema de cubiertas en repudio a la ley, este escrache terminó en el primer ataque de los manifestantes a Casa de Gobierno. Mientras tanto, en los barrios las asambleas de inundados se multiplicaban, volviendo a reeditar aquella experiencia de los días posteriores al 29 de abril, en aquel momento abortada por los punteros y el centroizquierda. También los antorchistas aparecerían por la plaza, pero el día 28.

Desde horas de la mañana, la ciudad era un hervidero; la mayoría de los barrios de la zona oeste, los barrios inundados, ya tenían en claro que tenían que estar en la plaza. Muchos lo hicieron en forma espontánea, otros con resoluciones de asamblea; a las 18:30, miles de manifestantes ya se encontraban en la plaza (entre 8 y 10 mil personas se hicieron presentes). La prensa en todo momento ocultó deliberadamente la masividad de la convocatoria.

Se habían preparado documentos y un pequeño actito, pero la ira de los manifestantes barrió con los mensajitos lavados. En la plaza se cantaron consignas como la de "Que se vayan todos", acompañadas de pancartas en ese mismo sentido, que fueron aplaudidas por los presentes. Cuando a las 20:30 empezaron los ataques a la Casa Gris, la enorme mayoría no se fue espantada ni mucho menos: hicieron el aguante hasta que terminó todo y se retiraron cantando y prometiendo que el 5 de febrero volverían a la Legislatura, para frenar la reglamentación de la ley de resarcimiento enviada por el Ejecutivo provincial.

En esta movilización, el Partido se hizo presente con sus volantes y sus prensas, que tuvieron buena recepción, a tal punto que los manifestantes se aproximaban a nosotros para solicitarnos nuestros volantes, junto a uno del Bloque Piquetero, que fuimos los únicos que expresamos una posición por escrito y clarificadora de la situación, haciéndonos eco de lo que pide el pueblo: Fuera Obeid.

Lo que se viene

El gobierno de Obeid, a tan sólo 45 días de asumir, ya está al borde del nocaut; desesperadamente sus delfines salen a decir que "aquí se está atacando no sólo a un gobierno que asumió hace un mes y medio, sino que se está atentando contra las instituciones de la república"; "que hay toda una política de desestabilización", y además repiten sin cesar que "éste es un gobierno legítimo elegido en elecciones", desmienten una interna del PJ y acusan a los vándalos de organizar una desestabilización; cuando se le pregunta quiénes son los vándalos, responden que no saben.

En realidad Obeid está muy mal visto por los santafesinos que sufrimos su anterior gestión. El 20% de los votos que logró en septiembre, sólo le permitieron sentarse en la Casa Gris, pero no ha logrado un acuerdo sustentable con los otros sectores de la burocracia estatal. Sabe muy bien que si la lucha de los inundados se extiende, en algún momento se unirá a la de los piqueteros – algo por lo que luchamos desde luchamos el Polo – y que además deberá enfrentar a los estatales que terminaron el año a puro paro y piquete. Si esto llega a darse, y depende mucho de la actuación de las fuerzas revolucionarias, debemos agitar con más fuerza que antes Fuera Obeid, por una Asamblea Constituyente en la provincia y en los municipios, y por un gobierno de los trabajadores.