El aumento de tarifas anunciado por el gobierno a fin de año despertó un rechazo generalizado en la población. Esto en momentos que asistimos a un agravamiento de la crisis industrial y de la recesión, con su secuela de despidos y rebajas masivas en el poder adquisitivo de los salarios, y que está llamada a profundizarse con los techos salariales que pretende imponer el gobierno.

Pero a la par de esto, el tarifazo ha disparado una crisis muy aguda, que se ha expresado en una nueva crisis de gabinete, con el alejamiento del secretario de energía Javier Iguacel. La intención del gobierno con los aumentos apunta a recortar los subsidios, como parte de los acuerdos por reducir el déficit pactados con el Fondo. Dicha quita afecta a la población pero también los subsidios a las petroleras que invierten en Vaca Muerta, lo que desató el choque de dichas empresas con el gobierno. EL FMI pretende que la mayor recaudación obtenida por el tarifazo sea destinado al pago de la deuda y no a subsidiar al capital de la región.

Las joyas de la abuela en peligro

Pero la crisis de fin de año, por sobre todo, ha puesto de relieve el carácter no sólo parasitario sino inviable e irracional del sistema energético. El gobierno viene garantizando a las empresas un precio superior al de mercado para los nuevos proyectos gasíferos en Vaca Muerta. Para este año la retribución fue fijada en 7 dólares el millón de BTU (que es la medida que se utiliza en el sector) mientras el precio de mercado viene cayendo, entre otras razones, por la mayor producción y oferta de gas.

La diferencia entre ambos precios ha ido en aumento, lo que unido a la mayor producción y al hecho de que las tarifas están dolarizadas -lo que obligó al Estado a absorber la devaluación- , ha multiplicado el gasto del que debe hacerse cargo el gobierno en forma explosiva. Lo más paradójico es que el Estado termina pagando un gas que no se utiliza. En el verano sobran por día 30 millones de metros cúbicos. Se subsidia así una sobreoferta que no tiene comprador. La cuestión llega a tal grado de irracionalidad que como las empresas tienen asegurada la retribución, pese a dicha sobreoferta, continúan aumentando la producción. El desequilibrio se produce en invierno, cuando la demanda se quintuplica y faltan 80 millones de metros cúbicos de gas diarios.

A las petroleras ya instaladas, se ha sumado el reclamo de los proyectos para Vaca Muerta que cuentan con autorización provincial y que están esperando el visto bueno nacional para empezar a operar y que contarían con el mismo incentivo de las que ya vienen funcionando. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, volvió a reiterar el pedido en una reciente reunión con Macri. Estarían en juego una decena de proyectos con una inversión de 3.000 millones de dólares, 212 pozos y 2500 puestos de trabajo. El Ministerio de Hacienda ha prometido destrabar las inversiones pero la salida sigue siendo incierta. El plan del tándem Dujovne-Lopetegui (que reemplazó a Iguacel como secretario de Energía) consistiría en repartir el monto de estímulo asignado para este año en el presupuesto (unos 600 millones de dólares) entre los ocho proyectos que ya reciben el beneficio y los nuevos planes que están pendientes de aprobación. Esta medida salomónica puede terminar no conformando ni a unos ni a otros. Otra de las variantes en estudio es una modificación de las forma de pago del subsidio: 70% cash y el resto extendido en el tiempo. Todos estos cambios podrían poner en tela de juicio las nuevas inversiones. Por lo pronto, el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, acaba de abrir el paraguas en forma inquietante y señalar que “con la quita de subsidios al gas, cada compañía mirará la situación y decidirá si las inversiones que tenía planeadas las va a seguir o tendrá que hacer un ajuste a esas inversiones” (Clarín, 13/1).

En otras palabras, están en peligro "las joyas de la abuela”, las perspectivas de la principal apuesta económica donde el macrismo concentraba sus expectativas. Pero el problema no se circunscribe a Vaca Muerta sino que el esquema energético en su conjunto, basado en la dolarización de las tarifas, se ha vuelto inviable. La devaluación ha tirado por los aires este sistema. Las distribuidoras venían comprando a las productoras de gas a un precio en dólares pactado en el semestre. Durante el invierno pasado quedó una deuda con el Estado de 17.000 millones de pesos en el sector, que el ex secretario de Energía trató de remediar apelando a un incremento de las tarifas, sobre el cual tuvo que dar marcha atrás. El gobierno pretende bajar los precios, incentivando la competencia entre las propias generadoras de gas, estableciendo un "sistema de subastas". Pero en las distribuidoras reina “escepticismo” pues la producción está concentrada y esto aliente las tendencias a una cartelización. Un procedimiento similar pretende implementarse en el mercado eléctrico.

No olvidemos, además, que estos hechos coexisten con una pronunciada caída del precio del petróleo, que estaría anticipando el ingreso de la economía mundial a una nueva recesión. Las petroleras radicadas en el país pretenden contrarrestar este derrumbe del precio internacional con la supresión de las retenciones del 10% que hoy gravan las exportaciones de crudo. Lo cierto es que con la devaluación y el auge en su momento de los precios internacionales, el valor de la nafta al público más que se duplicó pero no ocurre lo mismo con la rebaja ahora que asistimos al proceso inverso (el descenso ha sido irrisorio, apenas de un 2 o un 3 por ciento).

Impagable e inviable

El nuevo tarifazo y la crisis desatada alrededor de él ha puesto al desnudo el carácter confiscatorio del sistema energético (cuyo acceso se hace cada vez más prohibitivo e impagable) y al mismo tiempo parasitario, porque está basado en una enorme subvención al capital, violando, inclusive, las propias leyes de mercado. Los costos de explotación de Vaca Muerta son parecidos a los de extracción del petróleo no convencional en Estados Unidos y sin embargo, se les reconoce una retribución 70 por ciento superior. Esto puede hacerse extensivo al conjunto del suministro de energía, en todas sus esferas, y modalidades, cuyos precios son desproporcionados y no guardan relación con sus costos.

El tema, obviamente, conmueve la provincia de Neuquén y atraviesa la campaña electoral. Nadie entre los principales bloques que se disputan la elección cuestiona este sistema, incluido el kirchnerismo. No olvidemos que el “sendero de precios” del gas que el gobierno y los jueces pactaron en 2016, lo inventó antes su propio gobierno -de la mano de Axel Kicillof y Miguel Galluccio. El MPN se ha convertido en un lobista tanto de los “nuevos” grupos económicos que están pidiendo pista para aterrizar en Neuquén como delos viejos ya radicados, que defienden los generosos subsidios que reciben. El “Pechi” Quiroga, candidato de la coalición Cambiemos, es el agente en la provincia de este enorme saqueo. Este sistema es inseparable de los tarifazos. Pero hay que agregar que, aunque este sistema condena a la población a privaciones sin precedentes, no por eso deja de ser inviable. Asistimos a un colapso del esquema energético que tiende a agravarse como resultado de las contradicciones irrefrenables de la política económica oficial, que augura más recesión y nuevas devaluaciones.

La contienda electoral debe ser aprovechada para impulsar un programa y una salida de los trabajadores. Abajo el tarifazo. Derrotemos el plan de guerra de Macri, los gobernadores y el FMI. Nacionalización integral del sistema energético, de modo de colocar los recursos naturales al servicio de un plan de industrialización. Fuera Macri, por una Asamblea Constituyente con poder para discutir una reorganización del país y las provincias sobre nuevas bases sociales. Es necesario que los trabajadores irrumpan en la crisis nacional y provincial y se transformen en una alternativa de poder.

EL FIT debe ponerse a la cabeza de esta lucha y de esta perspectiva.