Después de una semana de paro y piquete en la puerta de planta, se levantó el paro de Algodonera Avellaneda, propiedad de Vicentin S.A.I.C. Esto fue precipitado por la burocracia nacional de la Asociación Obrera Textil que en una carta sin firma enviada a los delegados desde la sede de Ciudad de Buenos Aires, declaró que acataba la conciliación obligatoria dictada… por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. El papel carnero de esta dirigencia en el conflicto es representativo del grado de descomposición de la burocracia sindical, que abandonó los reclamos de lxs trabajadores y solo intervino para ilegalizar la medida de fuerza.

Desde el minuto uno en que se declaró el conflicto, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo que dirige el “nac&pop” Roberto Sukerman se jugó a fondo en la defensa del grupo Vicentin. Decretó una conciliación obligatoria rabiosamente patronal, porque no estábamos frente a una pelea por despidos o suspensiones para retrotraer, sino frente al reclamo concreto de un bono por productividad y, de conjunto, de la pelea por una recomposición salarial de un colectivo obrero que cobra $100 la hora en un pulpo empresarial que factura 200 mil pesos por minuto.

Después de dos audiencias y una enorme movilización de las y los textiles a Trabajo, el gobierno no quiso comprometer a una patronal, que está en el centro de la escena política del país y con la que supuestamente está en pugna, a que pague un salario que supere la línea de indigencia. Luego de la última audiencia, sobre los 21 puntos del pliego que presentaron los trabajadores, Vicentin ofreció aumentar el valor de la hora de trabajo en $22 y dar una suma de mil pesos por única vez.

De las condiciones de seguridad e higiene, que empeoraron por el aumento de los ritmos de producción, tampoco hubo mejoras porque el gobierno insistió con la conformación de un comité mixto de seguridad e higiene en la planta que es ley hace años en Santa Fe y sin embargo nunca funcionó en la Algodonera. Este formato se ha convertido en un salvoconducto de las patronales para blanquear condiciones de trabajo inseguras, porque no hay poder de veto obrero sobre la producción y por lo tanto las intervenciones del gobierno, que es la tercera pata, se dan siempre sobre el hecho consumado. La cantidad de inspectores que existen, además, es bajísima.

La embestida patronal, gubernamental y burocrática, tuvo su correlato en la justicia, con una amenaza de desalojo del piquete de fábrica de parte del fiscal de Reconquista, que se hizo eco de un pedido del abogado de la patronal de dar vía “a la libertad de trabajo”. La perfidia es tan grande que la noticia tuvo trascendido mediático y llegó a oídos de lxs compañeros, que llamaron a reforzar el piquete, pero el papel legal que instaba al desalojo es desconocido por la masa de lxs trabajadores.

Perotti y la propuesta superadora

Este conflicto forma parte de un conjunto de reclamos de la clase obrera explotada por el grupo Vicentin. Se suma al reclamo de los estibadores de Terminal Puerto Rosario y de los aceiteros de San Lorenzo afectados por el impago del aumento salarial comprometido en la paritaria pasada, que carcome el salario sin vistas de solución, considerando que los 7 mil trabajadores del grupo están atravesados por la incertidumbre laboral en una empresa cuyo destino se desconoce. Frente a este cuadro la actuación del gobernador es francamente patronal.

Primero, porque públicamente ha ninguneado todos estos reclamos, sobre los que nunca se pronunció. Misma actitud intransigente tiene frente a los docentes que vienen luchando por salario de emergencia, aumento salarial y contra el descuento brutal de ganancias sobre los haberes de los jubilados; frente al paro histórico de los choferes de UTA que mes a mes deben sortear la falta de fondos para pagar sus salarios; ante los pibes de las empresas de reparto que ya tienen un muerto -en la provincia- que circulaba sin ART; ante los metalúrgicos y metalmecánicos suspendidos con rebajas salariales; frente a los ceramistas de Verbano, que ven como cierra la empresa sin que ningún estamento tome una medida; ante los desocupados, que son casi el 13% de la PEA de Rosario, que por su envergadura y ante estos datos se ha convertido en la capital del desempleo de nuestro país. Según informó Santiago Cafiero, 6 de cada 10 adultos, pidieron el IFE en Santa Fe.

Ante este panorama, Perotti se reunió hoy con la mesa chica de Vicentin para garantizar un camino que evite la expropiación de la empresa. El punto de la discordia es el manejo del directorio, porque los accionistas principales que desfalcaron el préstamo del Banco Nación y a 2.300 productores se niegan a entregar las riendas –así sea formales- de la empresa. Como dijo el presidente Fernández el gobierno no puede permitirse esta “desprolijidad” porque si la expropiación queda en la lírica, por lo menos debe presentarse cierto saneamiento desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción. Que el patrimonio de los Vincetin-Padoán-Nardelli no quiere afectarse, lo demuestra la denuncia que se conoció en estos días de los movimientos financieros bajo la figura de “donaciones” que están haciendo los principales accionistas, mediante los cuales están vaciando el patrimonio de la empresa. Una denuncia sorprendente que realizó el gobierno de Santa Fe pero que no implicó ninguna medida para inmovilizar esos fondos.

Por una salida independiente al lobby sojero

Recientemente, la Federación Aceitera junto al Soea (Sindicato Aceitero de San Lorenzo) -enfrentados por la denuncia cierta de la Federación sobre los desmanejos burocráticos del Soea- presentaron como un acuerdo histórico una posición común en apoyo a la intervención del gobierno y al planteo de la estatización.

El planteo se inscribe en la solicitada que sacaron diversos sindicatos y partidos integrados al Frente de Todos en apoyo a la actuación del gobierno en relación a la crisis de Vicentin. En la misma se reivindica en toda la línea lo hecho por los poderes del Estado, incluida la comisión bicameral de la legislatura de Santa Fe, sin reparar en las contradicciones existentes entre lo dispuesto por Alberto Fernández, Omar Perotti y por los legisladores, convirtiendo este pronunciamiento en un apoyo cerrado a todo el arco político gobernante de la provincia.

Estas diferencias internas se explican, a su vez, por los recules sucesivos de los gobiernos nacional y provincial en función del lobby sojero, que estuvo en los considerandos del gobierno desde el minuto uno, como lo expresa la variante de convertir a Vicentin en otra YPF. Un modelo de “expropiación” que apunta a tapar el desfalco y defender la propiedad privada de un pulpo agroexportador que se expandió tremendamente mediante la especulación financiera. En el mismo aparece la firma de la seccional Amsafe Rosario un tema que ha sido denunciado por todas las corrientes del Plenario del Sindicalismo Combativo en la Comisión Directiva, ya que dicha posición no fue discutida en ninguna reunión de comisión directiva ni en ninguna de las jornadas virtuales de las tantas que impulsan para defender los derechos laborales de lxs compañerxs. Es decir, estamos frente a la usurpación de una firma de parte de las corrientes afines al gobierno que integran esa directiva.

¿Qué piensan los reemplazantes con hambre de que Amsafe apoye a Perotti, el gobernador que no le toca un pelo de ganancias a Vicentin, Dreyfus, Cargill o Cofco, mientras ellos pelean un bolsón de alimentos en Desarrollo Social? ¿Qué piensan lxs jubilados que han sufrido descuentos brutales de miles de pesos en sus haberes mientras Boudou cobra una jubilación de privilegio por ser parte del Frente de Todos? ¿Qué piensan las compañeras de los comedores escolares expuestas al Covid y enfrentando el hambre con alimentos escasos y malos, de que su sindicato apoye al arco político que le ha dado la espalda durante todo este tiempo?

La lucha obrera de lxs trabajadores de Algodonera Avellaneda abrió un camino superador a la pelea entre buitres por el destino de este grupo que tiene de un lado al lobby sojero y del otro a los gobiernos. El apoyo de los sindicatos a la política del gobierno es una vía de derrota. Una política independiente, que enfrente el lobby sojero y el recule gubernamental, defendiendo en primer lugar las reivindicaciones obreras es el único camino posible para derrotar a Vicentin.