La indignación de las familias con desalojo inminente -o ya desalojadas- ha comenzado a explotar, frente a los constantes manoseos a que son sometidos por el Gobierno de la Ciudad. Es el caso de compañeros de los edificios de la calle Sarandi y la llamada “Lechería”, con juicios de desalojo sobre sus espaldas, y de otros que ya fueron violentamente expulsados por la represión policial, como los del Bajo Flores y los del edificio de Corrientes al 1200. Centenares de familias se han visto obligadas a deambular de una dependencia a otra, reclamando por una solución a su situación. Pero continúan con las manos vacías.

La Comisión Municipal de la Vivienda repite el mismo libreto a todos los grupos afectados, declarándolos de “máxima prioridad”. Pero hasta el momento, no han comprado ni uno solo de los inmuebles a refaccionar prometidos a estos grupos, ni los terrenos comprometidos a otros (como los que se alojan en hoteles). Los funcionarios rechazan cualquier compromiso claro en cuanto a los recursos que se asignarán para estos casos. En una reciente reunión mantenida en la Legislatura, dijeron que destinarían dos millones de pesos, aunque no hay ninguna documentación del organismo que lo respalde. Pero aún con ese presupuesto, la CMV estaría en condiciones de otorgar, a razón de 30.000 pesos por beneficiario, tan sólo 67 créditos, o 134 en caso de que el monto de éstos se redujera a la mitad. Mientras tanto, las familias afectadas por estos desalojos *inminentes o ya concretados- ascienden a 500. Ello sin contar que con tales préstamos es casi imposible encontrar una salida habitacional en la ciudad. Es decir que el gobierno de Ibarra está promoviendo una política expulsiva de los trabajadores de la Capital.

Maniobras

Esta ausencia de presupuesto no ha impedido que la CMV contrate más profesionales y arquitectos -a los cuales se les abona por “proyectos” sobre viviendas cuyo financiamiento está en el aire-, cuestión que llama la atención en momentos en que el organismo se queja de la escasez extrema de recursos.

Se ha llegado al extremo de cargar la responsabilidad de la búsqueda de inmuebles a los propios afectados, quienes luego de trabajar 12 horas tienen que hacer la penosa tarea de recorrer inmobiliarias, pedir tasaciones, visitar predios y edificios. El gobierno delega en los vecinos una función que debería estar en manos del Estado, y luego los responsabiliza por la falta de soluciones, atribuyéndolas a las supuestas “demoras” en la búsqueda de lugares apropiados.

Para llevar adelante esta manipulación, los funcionarios pretenden desconocer a los representantes de los movimientos afectados por los desalojos: con el pretexto de discutir “con más profundidad” la problemática habitacional de cada núcleo familiar, la CMV está intentando sustituir las mesas de trabajo centrales -integradas por los delegados de los edificios- por grupos de cuatro o cinco familias donde se ha pretendido proscribir la presencia de los delegados. Una maniobra artera para dividir los movimientos de lucha, cuyos representantes, a diferencia de los punteros, son electos en asamblea y responsables ante ella.

El programa y la lucha de los sin techo

El gobierno de Ibarra se jacta de que en la Ciudad no hay “ajuste” cuando está presente -¡¡y de qué forma!!- contra los centenares de familias sin techo. En el primer año de gestión, Ibarra ha hecho entrega de apenas 130 créditos para familias en situación de emergencia habitacional cuando hay más de 4.000 pedidos en lista de espera, 500 juicios de desalojo en trámite y un déficit habitacional de 150.000 viviendas.

Como resultado de esta política, crecen en la ciudad los movimientos de lucha por el techo, que se organizan al margen y con total independencia de los aparatos “amigos” del gobierno. En la Legislatura, y al calor de estos movimientos, están en tratamiento diversos proyectos de ley que ha impulsado el PO: el de expropiación de la Lechería, subsidios a los habitantes del Padelai, urbanización y escrituración de la Villa 15, transferencia a la CMV de los predios ubicados en Bajo Flores. Varios de estos proyectos ya cuentan con despacho mayoritario de la Comisión de Vivienda.

Están maduras las condiciones para un gran movimiento de lucha, cuyo programa surge de la propia experiencia que se está recorriendo: 1) banco de datos y búsqueda de inmuebles íntegramente a cargo de la Comisión Municipal de la Vivienda y de los organismos oficiales. 2) Asignación de partidas especiales para financiar la solución de los casos extremos de núcleos en situación de emergencia (Lechería, Sarandí, Bajo Flores, etc.). 3) Transferencia a la órbita de la CMV de los predios e inmuebles de la Corporación del Sur y en primer lugar los ubicados en Bajo Flores. 4) Aumento del presupuesto destinado a vivienda, que debe pasar a un monto de 300 millones de pesos. 5) Reconocimiento de las representaciones y delegados libremente elegidos por los vecinos.