18/09/1997 | 557

La lucha salarial y la crisis política

El paro docente de 48 horas (con muy buen acatamiento) y la movilización general de estatales del miércoles a la Legislatura, lograron frenar por unos pocos días la ‘legalización’ de la rebaja salarial. Sapag necesita demostrar a la burguesía que no ha perdido lo que él llama la ‘gobernabilidad’ y que no está empantanado.


Necesita derrotar al movimiento obrero, algo que creyó cerrado con la firma del acta de la traición del 12 de abril, que levantó la huelga docente, pero que se disipó con la pueblada en curso en aquellos días.


Los visos fascistas de sus acciones chocan con un movimiento obrero que lucha. Algo que puso nervioso al diario local La Mañana del Sur (sucursal deAmbito Financiero) del 10/9, que tituló en primera plana: «Grave 1. Los sindicatos estatales terminaron por mostrar ayer la peor de sus caras: la presión contra las instituciones democráticas … La actitud de los sindicatos empeora la crisis y provoca un mayor descreimiento en las instituciones».


Ese día, más de 1.500 trabajadores votaron en sus asambleas y plenarios «no permitir que se sancione la rebaja salarial, utilizando todos los medios necesarios para ello».


Es cierto que ayuda también la propia crisis del clan gobernante. Lo concreto es que el ‘plan’ de lucha, por episodios, va impidiendo que se legalice la rebaja salarial, pero a este ritmo, y sin la preparación de la huelga general, tampoco se va a recuperar el salario que ya se descuenta.


Otra crisis


Las críticas de los dirigentes de la CTA a la ‘oposición’ de la UCR y del Frepaso han tomado estado público. Esta ruptura también preocupa (y para sus intereses es así) a La Mañana del Sur: «Sin aparente apoyo político, los dirigentes de ATE, ATEN y Judiciales apostarán hoy al poder de convocatoria que tienen en sus gremios para lograr, vía movilizaciones, lo que no pudieron encontrar en los despachos legislativos, donde es cada vez más claro que los diputados opositores (salvo los blancos) guardan prudente distancia de los trabajadores del Estado» (ídem).


Al empresariado le preocupa que la dirigencia sindical se quede sin ‘marco político’, sobre todo en el seno de la Triple Alianza.


La burguesía tiene expectativas en Massei, del Frepaso, un hombre de la «seguridad jurídica para asegurar el ingreso de capitales», que denosta a los fogoneros, que defiende la Ley Federal de Educación, que se opuso al pedido de juicio político a Sapag, que plantea que tocar las ganancias de las petroleras haría «caer al Estado», y un largo rosario de conceptos antiobreros.


Al que vote a Massei, le sale un Sapag.


Precisamente, el sapagismo acaba de reclamarle al juez federal que active las causas por los cortes de ruta contra los dirigentes gremiales y le señaló que siga el ejemplo de su par de Bariloche, que ha enjuiciado a varios dirigentes y trabado embargo por un corte de ruta de un par de horas, tiempo atrás.


Eso se llama ‘seguridad jurídica’ y se condimenta con la ampliación de la partida para cascos, armas, escudos y balas que el ministro de Gobierno de Sapag le pidió a Corach.


En Neuquén se confirma que la lucha electoral es apenas un aspecto de la lucha de clases.

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