“Que no hay trabajo, no hay, bájate un poco, contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes (…), este dormir así, bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido”

J. Gelman

La crisis social en Argentina, atravesada por la desocupación y la informalidad laboral, arroja cifras escalofriantes. Se estima que si todas aquellas personas mayores de edad que no tenían empleo en 2020 hubieran buscado uno, la desocupación hubiera orillado el 28%. Además, casi la mitad de los trabajadores ocupados no posee aportes jubilatorios, lo cual evidencia un crecimiento del trabajo precario.

El primer elemento a resaltar es que la tasa de empleo pasó del 57,9% al 54,1% en un año. Por otro lado, cayó la propensión de las personas a participar en el mercado laboral del 64,8% al 63,1% entre el 2019 y el 2020 debido al “efecto desaliento”. El mismo da cuenta de que son cada vez menores las expectativas de encontrar un empleo entre los trabajadores desocupados. Los datos surgen de un informe publicado por el Observatorio Social de la UCA, sobre indicadores del mundo del trabajo en el transcurso del 2020.

De un año a otro también aumentó la desocupación. La tasa pasó de medir un 11,3% a establecerse en el 13,9%. Entre las personas de 18 a 35 años de edad la misma llega al 18%, lo cual refleja que la falta de trabajo golpea de lleno a la juventud. A su vez, el informe estima que el porcentaje de trabajadores desocupados hubiera alcanzado el 28% sin el “efecto desaliento”, es decir, si toda la población sin empleo hubiera salido a buscar uno. Por otra parte, el 36,7% de los trabajadores ocupados se halló desocupado en el último año.

Por otro lado, el estudio detalla hasta qué punto las mayorías trabajadoras están sumidas en la informalidad. En primer lugar, el 14% de la población activa se encuentra dentro de la categoría “subempleo inestable” puesto que se dedica a realizar changas, tiene trabajos temporarios, o bien, recibe un programa de empleo con contraprestación laboral. A su turno, el 27,9% posee un empleo a tiempo completo, sin embargo, no cuenta con ningún derecho laboral. Un aspecto que ilustra la extensión del trabajo precario, es que el 46,4% de los ocupados carece de aportes jubilatorios.

El nivel de ingresos del cual dispusieron los trabajadores en el 2020, muy por debajo del costo de vida, explica el hecho de que el 24,2% de los asalariados se encuentre por debajo de la línea de pobreza. El ingreso medio mensual fue de $33.257, $44.854 en el sector público, $46.101 en el ámbito privado y $21.475 para los autónomos y cuentapropistas. En este caso también son las capas más jóvenes de la población quienes padecen las peores condiciones, dado que el ingreso medio de las personas entre 18 y 35 años fue de $28.750.

Teniendo en cuenta las clasificaciones de subempleo inestable, trabajadores precarizados y empleados formales, el ingreso medio mensual en el 2020 fue de $10.153, $23.585 y $45.659 respectivamente. Esto, cuando la Canasta Básica en diciembre del 2020, según el Indec, estaba calculada en $54.208. Como se ve, la media salarial en el país se mantuvo por debajo de la línea de pobreza, algo que persiste en lo que va del 2021.

Ante esta realidad, las trabajadoras son las más perjudicadas. La tasa de desocupación asciende al 19% entre la población femenina, mientras que es del 9,9% para los varones. Por otro lado, el ingreso medio de las mujeres el año pasado fue de $29.104 y de $35.740 para los varones. Además, el 89,6% de las mujeres mayores de 18 años ha realizado tareas domésticas intensivas no remuneradas. En cuanto a los varones, solo el 38,9% participó en el trabajo doméstico.

Los datos señalados son, sin lugar a dudas, el resultado del fracaso de un gobierno que asumió prometiendo la “reactivación del empleo” y la “heladera llena”, sin embargo, adoptó un rumbo opuesto, al servicio de los acreedores de la deuda y las patronales. En ese sentido, Alberto Fernández configuró un “pacto social” en los hechos junto a los empresarios y las burocracias sindicales, dando lugar a topes salariales. Por otro lado, la política oficial ha contribuido al incremento de la inflación por medio de la emisión monetaria, el aumento de los combustibles y medidas inocuas para controlar los precios; lo cual provocó la pulverización de los ingresos de los hogares. A esto hay que sumarle el aval gubernamental al reguero de despidos que se produjo desde que comenzó la pandemia, a pesar del decreto que los prohibía, y, a su vez, la defensa de un régimen de precarización laboral, comenzando por el propio Estado cuando le toca oficiar de empleador.

Este escenario también es la consecuencia de una sucesión de gobiernos capitalistas, de distintos colores políticos, que en las últimas décadas no han hecho más que transferirle la factura de la crisis a los trabajadores, aumentando la pobreza y la desocupación. Por lo tanto, es necesario contraponer otra orientación que se rija bajo un interés mayoritario.

Frente a la crisis social, es fundamental un salario mínimo de $65.000, la prohibición de los despidos y las suspensiones, reparto de las horas de trabajo para que no haya desempleo, paritarias sin techo indexadas a la inflación, plan de viviendas que emplee mano de obra desocupada bajo convenio, prohibición de rebajas salariales, seguro al desocupado de $40.000, jubilación equivalente a la canasta de al tercera edad, pase a planta permanente de todos los precarizados y estatización de toda empresa que cierre, despida o reduzca salarios.

Este programa, que defendemos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad debe ir acompañado de una reorganización económica que dirija los recursos estratégicos, como la banca, el comercio exterior y los hidrocarburos al desarrollo nacional y a resolver las necesidades sociales. La ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital son aspectos claves de esta salida a la crisis por parte de los trabajadores que estamos presentando.

 

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