La campaña propagandística de Menem sobre la implementación “inmediata” del servicio militar optativo no fue determinada por un plan preconcebido del gobierno ni por la “mala imagen’”ante la opinión pública, sino que forma parte de una “operación de Estado” para desactivar el movimiento que reclama el juicio y castigo de los asesinos de Omar Carrasco. Ahora que la justicia federal debe citar (y detener) a una lista reducida de los implicados, el tema volverá a la primera plana de los diarios y quedará expuesta de nuevo la evidencia de que existe una trama de complicidades y encubrimientos orquestada desde el primer escalón del Estado y el generalato.

Los implicados hasta el momento (“no más de siete”, declaró el juez) excluyen toda la cadena de mandos que, desde el regimiento 161 hacia arriba, actuó encubriendo el crimen y ocultando el cadáver en el cuartel a lo largo de un mes (denuncia “oficial” de Carrasco como “desertor”, envío de la Policía a buscarlo a su domicilio cuando ya estaba muerto, ocultamiento planificado del cadáver en el regimiento). Para ocultar las huellas del crimen se destruyeron pruebas, la justicia civil negó a los conscriptos la posibilidad de no volver a los cuarteles (y declarar sin temor a represalias) y, finalmente, la justicia militar armó una “historia oficial” que reduce a un subteniente y a un sargento la responsabilidad en relación al crimen (haber actuado en el regimiento “en la más absoluta soledad y sin el control de sus superiores”).

Todo el empeño está puesto en cortar cualquier investigación que vaya más allá de esta “historia oficial”. La justicia federal es cómplice de este operativo. El juez demoró incluso la citación de los escasos inculpados, lo que llevó a los abogados de la familia Carrasco y a los padres de Omar a una virtual “intimación pública”, reclamando el inicio del juicio: “los tiempos se agotaron… la causa no admite más dilaciones” (Río Negro, 7/6/94).

Un punto clave es que la justicia federal “(no) decretó la rápida prisión preventiva e incomunicación de los presuntos encubridores que informaron la deserción de un conscripto que estaba muerto” y que, “casualmente”, eran los jefes del regimiento o de la brigada que ahora aparecen “no sabiendo nada”, lo cual posibilitó “un sólido pacto de silencio” (La Nación, 22/5).

De este modo ha quedado allanado el camino para que los “responsables” apuntados por la justicia militar y que habrían actuado en “absoluta soledad”, queden sin mayor pena, que es lo que ha salido a proclamar el fiscal ultramenemista Romero Victorica: “la investigación no avanza…es un caso muy enmarañado, donde no se ha podido quebrar el pacto de silencio”. Romero Victorica aprovecha para eximir al mando militar de cualquier fraude en las investigaciones, al responsabilizar a la justicia civil por no “haber clausurado el cuartel (no bien apareció el cadáver) … (y) levantado el cuerpo, enfriarlo, congelarlo y mandarlo inmediatamente a Buenos Aires (evitando) hacer las autopsias en condiciones lamentables” (Crónica, 1/6).

Servicio optativo: una patraña

Que el anuncio sobre la puesta en marcha del servicio militar optativo es ante todo un operativo de indulto se revela en que Menem ha anunciado exactamente lo que ya se conocía, que “se tomará entre 30 y 60 días para decidir en qué momento se dejará de convocar a los jóvenes de 18 años” (Clarín, l2/6). Todos los “planes” en estudio coinciden, además, en que la “eliminación” del servicio militar obligatorio sería “gradual”. “¿Qué pasa si el voluntariado empieza este año y nadie se presenta? Si esto sucede, las Fuerzas Armadas se quedarán sin soldados”, se preocuparon las “fuentes” militares (Clarín, 11/6).

 

El “gran debate nacional” sobre el servicio militar “obligatorio” u “optativo” es sólo el pretexto para hacer pasar el encubrimiento del crimen de Omar Carrasco y adormecer la movilización popular contra la dictadura en los cuarteles. “Mire la alternativa que tenía Carrasco: morir como murió o convertirse en un Caro”, acaba de revelar en un testimonio desgarrador Osvaldo Caro, preso durante 17 años por haber matado a un cabo del Ejército que lo “bailó” y golpeó cuando cumplía el servicio militar, y cuya condena se mantiene inexorablemente en pie.

La “reforma militar” no es tal, porque nace de esta cadena de mandos, de este sistema militar y de este régimen encubridor.

Fuera la dictadura de los cuarteles

Los atropellos y asesinatos en los cuarteles no se resuelven con un ejército de “voluntarios”, que será en todo caso la nueva maquinaria de la represión y el golpismo, perfectamente ajustada al esquema de “intervención rápida” reclamado por Cavallo y el Pentágono. Esto permitiría “bailar” no solamente a los soldados “voluntarios”, sino a los obreros y estudiantes que se rebelan contra el menemismo.

Lo que está planteado es enfrentar la tentativa de poner en pie un ejército “profesional”, que mantiene el monopolio de las armas en manos de un cuerpo especial de oficiales sujeto al control de la burguesía y que aleja aún más al pueblo de las armas. Los trabajadores deben exigir el derecho a ser instruidos en el manejo de las armas, porque así corresponde a una clase que no acepta ser considerada como esclava. Esto plantea abolir el “servicio militar”; el derecho al armamento de los trabajadores; la instrucción militar periódica de, por ejemplo, tres meses en los lugares de residencia y sin la pérdida del salario; el juicio, castigo y depuración a los militares asesinos y sus cómplices; derechos políticos y sindicales dentro del ejército; electividad de los mandos.

El arco de “demócratas” que va desde el gobierno hasta el Frente Grande, no hablemos del generalato “democrático”, coincide en levantar la bandera del servicio militar optativo para desviar hoy la movilización por el juicio y castigo a los asesinos de Carrasco, y preparar la puesta en pie de un ejército mercenario y fuerzas mercenarias de “despliegue rápido”, frente a la rebelión del pueblo fuera y dentro de los cuarteles. Recordemos que el Frente Grande —aun antes que el clero y el PJ— se ha pronunciado por incorporar al texto constitucional la llamada Convención Americana de Derechos Humanos (Tratado de San José de Costa Rica) que autoriza “la privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía” (art1l6, inc.3).

La UCR ha saludado en forma entusiasta el anuncio del gobierno sobre la puesta en marcha del servicio militar optativo, sin decir una palabra sobre la “muerte” de la investigación por el crimen de Omar Carrasco. Es la misma política de bloqueo que lleva adelante el Frente Grande, que llama a confiar en la “solución” de la justicia militar y civil y en el “generalato democrático”.

Juicio y castigo, fuera la dictadura de los cuarteles, movilización popular.