Uno de los grandes sucesos políticos que movieron el amperímetro de la semana pasada fue el envenenamiento de cocaína que causó la muerte de 24 personas. La adulteración de esta sustancia comercializada en el barrio Puerta 8, en el distrito bonaerense de Tres de Febrero, puso de relieve la evidente participación del Estado en la ruta del narcotráfico, que necesitó de una catástrofe de tamaño calibre para rastrear en algunas pocas horas el origen del narcótico envenenado pese a las reiteradas denuncias de los vecinos sobre los búnkers presentes en la zona. Ahora bien, una vez encontrado un presunto jefe narco, “el Paisa”, bastó su deportación del país para que se diera por cerrado el asunto sin más precisiones.

Sin embargo, Mónica Cuñarro, fiscal especializada en narcotráfico, aduce que podría no ser el jefe narco del que se habla. Sí era un prófugo de la justicia que tenía una participación concreta en la banda, algunas versiones lo señalan incluso como el “recaudador” (Infobae, 3/2). Pero Cuñarro detalla que tras el allanamiento se le incautaron, junto a 15.000 envoltorios de estupefacientes listos para la comercialización y una pistola Bersa con el número de serie limado, menos de $30.000. Dice básicamente que, en criollo, “agarraron a un perejil” de la red de circulación del narcotráfico para presentar el nombre y apellido de un responsable, y así bajar el impacto mediático del caso.

Al momento, sobre la cuestión predominan las incertidumbres, porque con la extradición del “Paisa” el gobierno parece haber encontrado el motivo perfecto para dar por cerrado el asunto con una investigación que comenzó ya bajo un enorme secretismo. En tanto, un ex subjefe de la Policía Bonaerense, Salvador Baratta, cargó en medio del escándalo contra el poder político, y dijo que todos los gobiernos “cobran el sobre de los narcos”. No es la primera vez: tras ser desplazado de la fuerza en 2011 por operar para correr al jefe policial de su cargo, Baratta comenzó a “soltar la lengua” sobre este tipo de situaciones, declarando incluso en aquel mismo año en un juicio contra los desarmaderos que “no podría haber crimen organizado en la provincia de Buenos Aires sin la protección del poder político y de personal policial”.

Este golpe para el gobierno volvió a encender la interna dentro de la coalición oficialista en torno a la seguridad, por lo que Berni se volvió a cruzar públicamente con su par a nivel nacional, Aníbal Fernández, un acusado incluso bajo el gobierno de Cristina de favorecer el tráfico de efedrina en la provincia. Fuego cruzado que solo corrobora la ausencia de cualquier combate al entramado delictivo. Mientras tanto, en medio de las riñas internas, ocho personas fueron hospitalizadas recientemente en Rosario por consumir cocaína sobre la que se estudia una posible adulteración, barajando incluso la opción de que sea la misma que se rastreó en Puerta 8. El único detenido al momento es un albañil de 35 años, que fue interceptado en la casa precaria donde vive y se le incautaron tan solo 5 gramos de cocaína (La Nación, 7/2). Muy lejos de tratarse de un narcotraficante de peso.

Todo se hace mucho más alevoso si se atiende, justamente, la réplica de este hecho en Rosario; una ciudad prácticamente dirigida por el narcotráfico donde hubo pruebas empíricas de sobra de sus vínculos con la policía, la justicia y el poder político una y otra vez. La rápida intervención de la Bonaerense para toparse con los dealers de la banda implicada puso en la lupa a todo el andamiaje del Estado y su capacidad para quebrar la ruta de circulación del narcotráfico, si así se lo dispone. El punto nodal es que por ahí mismo empiezan las responsabilidades, tal cual denunciaron los vecinos de la zona, quienes señalan hace tiempo cómo operan los narcos en el barrio a plena luz del día. Luego de ser noticia Puerta 8 en todos los titulares, alegan ahora, todo sigue igual sin la presencia de la policía en el territorio donde se comercializa.

El completo ocultamiento de cómo sigue ahora la investigación de la causa es la última demostración que cierra el círculo de la absoluta complicidad de las fuerzas policiales, el aparato judicial y el poder político. La “lucha contra el narcotráfico” no puede estar en manos de sus propios responsables, por lo que es imperioso amputar de raíz el problema: desmantelar a la Bonaerense y todo el descompuesto aparato represivo del Estado, que los jueces y fiscales sean electos y revocables mediante el voto popular y ponerle punto final al régimen de todos los que nos gobernaron en las últimas décadas; en el que ninguno se salva de estar salpicado por los negociados con el narco, la trata y las grandes fuentes de recaudación del delito organizado. El impacto de esta masacre en la Provincia de Buenos Aires, mientras se esperan novedades sobre lo ocurrido en Rosario, redobla a su vez la lucha por el Fuera Berni.