Desde marzo de 1971, el penal de Rawson (Chubut) había comenzado a recibir los primeros presos políticos. La mayoría pertenecía a organizaciones guerrilleras, pero había también dirigentes obreros y sindicales, como Agustín Tosco. El penal, de “aislamiento extremo”, estaba rodeado de bases del Ejército, la Marina y la Gendarmería. A fines de abril de 1972, ya sumaban más de 200.

El 15 de agosto de 1972, el penal fue copado por los presos políticos como resultado de un operativo largamente planificado que tenía por objeto liberar a más de cien detenidos de las diferentes organizaciones. Intervinieron, además, varios grupos de apoyo exteriores al penal.

El copamiento del penal tuvo lugar en el cuadro de una aguda crisis política del plan de “institucionalización” impulsado por Lanusse. Un ala del gobierno planteaba que la salida a la crisis mortal de la dictadura abierta por el Cordobazo pasaba por la realización de “elecciones limpias”, sin Perón pero con el acuerdo de éste; otra ala, planteaba directamente la liquidación del “plan político” y el derrocamiento de Lanusse. Esta crisis influyó en el operativo de liberación de los presos. “Si bien dentro del penal se sumaron todas las organizaciones, afuera de la cárcel los Montoneros decidieron no participar, ya que consideraban que era un error político poner en riesgo el proceso electoral hacia el cual se avanzaba. Para nosotros, en cambio, cuanto mayor desprestigio tuvieran los militares, más rápido y menos condicionado sería dicho proceso” (Jorge Lewinger, dirigente de las FAR, en Todo es Historia, julio de 2002).

Sin los Montoneros, las FAR y el ERP realizaron un operativo unificado. Al mismo tiempo que se ocupaba el penal, un grupo secuestraba un avión en vuelo y lo dirigía al aeropuerto de Trelew para trasladar a los fugados a Chile; otros grupos estaban encargados de conseguir los vehículos para llevar a los presos al aeropuerto. A las 18:30 comenzó el copamiento del penal, que se completó en diez minutos, sin disparar un solo tiro. En un primer auto, salieron los máximos dirigentes presos. En dos camiones, debía salir el resto… pero los camiones no llegaron. Se improvisó un traslado en taxis, en los que sólo pudieron salir 19 presos. Por la demora, éstos llegaron al aeropuerto cuando el avión ya había despegado. Tomaron entonces la torre de control, desde donde negociaron su rendición. En la mañana del 16 de agosto, se rindieron los presos que habían continuado ocupando el penal, rodeado por tropas del Ejército con armamento pesado y blindados.

 

Masacre

Los detenidos fueron llevados a la base naval de Trelew, encerrados en celdas individuales, sin posibilidades de trato entre ellos o con sus abogados y familiares, y fueron sometidos durante una semana a sistemáticas torturas físicas y síquicas.

El 22 de agosto, a las 3:30 de la madrugada, fueron sacados de sus celdas, alineados en un pasillo y ametrallados. El tiroteo duró 20 minutos. Los sobrevivientes fueron rematados (aún así, hubo tres sobrevivientes, que más tarde serían asesinados por la dictadura de Videla, al igual que la mayoría de sus abogados).

Política Obrera caracterizó que el asesinato a sangre fría de estos militantes populares no fue una simple “vendetta”. “El crimen de Trelew es una medida política seriamente evaluada, ya que se trataría de llevar al país hacia el rumbo de la brasileñización (la dictadura fascista)” (Política Obrera, 25 de agosto de 1972). Inmediatamente era intervenida la CGT cordobesa, que antes de la masacre había responsabilizado a la dictadura por la vida de los presos.

Treinta años después, la investigación histórica confirma esta caracterización política, realizada por PO pocas horas después de los acontecimientos: “Descarto totalmente que esto haya sido dispuesto por el capitán Sosa (el marino ante el cual se habían rendido los militantes en el aeropuerto) ni por algún miembro local de la marina. Es más, ni siquiera creo que esto haya sido dispuesto sólo por el Alto Mando de la Marina. Esta decisión fue tomada por la Junta de Comandantes en Jefe de las tres armas” (Eduardo Luis Duhalde, abogado de los presos, en Todo es Historia, ídem anterior).

“El crimen –señalaba entonces Política Obrera–, ha puesto en el candelero, de una manera definitiva, la cuestión de la lucha por las libertades democráticas, lo que en última instancia plantea el derrocamiento de la dictadura (porque) en la masacre están comprometidos todos, sin distinción de sectores, dentro del gobierno militar (…)” (ídem). PO reclamó “un paro general activo de la CGT y la formación de una comisión investigadora formada por la CGT, la FUA y todas las organizaciones populares” (ídem).

Para la burguesía, la masacre fue la evidencia de que el gobierno militar, en descomposición, no podía dirigir el proceso de “institucionalización” sino por medio de un acuerdo con el peronismo. En noviembre, dos meses después de la masacre, Perón volvió a la Argentina, aceptó no presentarse a elecciones (como exigía la camarilla lanussista), se entrevistó con Balbín y encarriló el proceso político que llevaría a las elecciones del 11 de marzo de 1973.